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La última vez que Susana Trimarco vio a su hija, María de los Ángeles Verón, de 23 años, fue el 3 de abril de 2002. Ella había salido de su casa, en la capital tucumana, para ir a una consulta ginecológica. Nunca volvió. Testigos contaron que vieron cómo la obligaban a subirse a un auto. Su desaparición y el camino de búsqueda que emprendió su familia desnudó un entramado de trata de personas con fines de explotación sexual que conectaba las provincias de Tucumán y La Rioja. La hija de Marita, Micaela, tenía tres años cuando su mamá desapareció. Hoy estudia antropología y la sigue buscando a 15 años de su secuestro.

El caso fue una bisagra para que se hablara de trata en Argentina. La búsqueda de su hija llevó a Susana Trimarco a prostíbulos de La Rioja donde encontró testigos que la habían visto. Una de ellas declaró en el juicio que en una oportunidad que había sido castigada y por eso estaba atada en la cocina del prostíbulo El Desafío, vio entrar a una mujer con un bebé en brazos. Le aflojó la soga y le sugirió que no llorara para que no la lastimaran. Le mostró heridas y cicatrices. También le dijo que se llamaba María de los Ángeles Verón, que era tucumana y que le decían Marita. Andrea le preguntó si el bebé era de ella. Le confesó que José“El Chenga” Gómez-encargado del prostíbulo- la había embarazado para que no se escapara. Según la testigo también le mostró una foto de Sol Micaela Verón que llevaba en el jean. Se prometieron que la primera que pudiera salir iba a avisarle a la familia de la otra. Andrea cumplió y en 2012 narró esta historia ante los jueces. “Si ese hijo existe, es mi nieto y quiero que aparezca”, dijo Susana Trimarco durante el debate oral. También confió haberse acercado a Abuelas de Plaza de Mayo para buscar al supuesto hijo de Marita.

En 2007  Trimarco creó la Fundación María de los Ángeles, para brindar asistencia, acompañamiento e intervenir en rescates. Desde ese espacio empujó una ley que tipificara el delito como tal.  En abril de 2008, se sancionó la Ley 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas. En 2012 se modificó esta norma para eliminar la figura de consentimiento como situación que morigeraba la sentencia del tratante.

El primer fallo de la justicia en relación al caso Marita Verón llegó recién en diciembre de 2012 y desató indignación en la sociedad civil. Los jueces tucumanos Alberto César Piedrabuena, Emilio Andrés Herrera Molina y Eduardo Romero Lascano decidieron absolver a los trece acusados de su secuestro. Un año después, la Corte tucumana consideró que el fallo absolutorio había valorado las pruebas “de un modo arbitrario, irrazonable y descontextualizado, exhibiendo una fundamentación meramente aparente” y resolvió condenar a diez de los doce acusados –María Jesús Rivero y su hermano Víctor quedaron exceptuados– y ordenó a un tribunal que dictara las penas.

Recién en marzo de este año las condenas quedaron firmes luego de que los tribunales tucumanos rechazaran pedidos de revisión de los acusados, que hasta ese momento seguían en libertad. Los diez condenados por el secuestro y la desaparición  deben cumplir sus sentencias en prisión “de forma inmediata”. José Fernando Gómez y Gonzalo José Gómez (22 años); a Daniela Natalia Milhein y a Andrés Alejandro González (18 años); a Carlos Alberto Luna y a Domingo Pascual Andrada (17 años); a María Azucena Márquez (15 años); a Humberto Juan Derobertis (12 años), y a Mariana Natalia Bustos y Cynthia Paola Gaitán (10 años).