Las luchas por la autonomía reproductiva, luchas abiertas por la liberación del aborto, son acciones contenciosas marcadas por momentos de impasse y discontinuidad, pero sostenidas por feministas desde hace al menos cuatro décadas. En la Argentina hubo un momento bisagra en 1994 cuando, durante la reforma constitucional, el menemato impulsó un artículo que garantizase el “derecho a la vida desde la concepción”.  En su portada del 14 de julio de 1994, el diario Página/12 titulaba “EL CRUZADO. Menem quiere extender la prohibición del aborto a los casos de violación o riesgo de vida para la madre”.

El escenario era inaudito: si bien la reforma constitucional estaba cerca de incorporar la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), al mismo tiempo peligraba el régimen de penalización parcial del aborto vigente desde 1921. Quizás convenga aclarar que un artículo como el pretendido por el oficialismo volvería inconstitucional este régimen y trabaría cualquier iniciativa favorable a la legalización del aborto voluntario. En ese contexto jugaron un rol central las locales Corriente Autónoma de Mujeres 8 de marzo/ INDESO Mujer, Acción Educativa, un puñado de feministas populares santafesinas y la interregional Mujeres Autoconvocadas para Decidir en Libertad (MADEL). Por aquellos meses, esas feministas impulsaron el cabildeo político, la construcción de una opinión pública sobre el tema y también protestaron en las puertas de la Universidad Nacional del Litoral, sede de la Convención Constituyente, con la pancarta “Nuestra decisión importa”.

Anticipando la embestida, la Comisión por el Derecho al Aborto –creada en 1988 por feministas de Buenos Aires– difundieron la solicitada “8 de marzo. Anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”, firmada por Dora Coledevsky, Alicia Cacopardo, Martha Rosemberg, Mabel Bellucci, Nora Cortiñas, Osvaldo Bayer, Carlos Jáuregui, Mabel Bianco, Vilma Ripoll, Beatriz Sarlo, María Alicia Gutiérrez, Isabel Larguía y un amplio etcétera. Se propugnaba reconocer “el derecho humano de la mujer a decidir sobre la interrupción del embarazo”.  Para julio de ese año circuló otra carta titulada “En defensa de la vida”, que rechazaba la iniciativa criminalista del oficialismo. Este texto recogía las firmas de personalidades muy variadas como Maria Elena Walsh, Isabel Sarli, China Zorrilla, Leonardo Favio, Florentina Gómez Miranda (ex diputada impulsora de un proyecto de legalización del aborto en 1989), las convencionales feministas María del Carmen Feijoó y Cecilia Lipsyck y Virginia Franganillo, por entonces titular del Consejo Nacional de la Mujer. Del otro lado, no deja de ser llamativa la insistencia del representante del Episcopado, el obispo Juan Carlos Maccarone, que en su misiva dirigida a la Convencional acordaba con las feministas al señalar que el derecho al aborto no era incompatible con el Pacto de San José de Costa Rica y la Convención de los Derechos del Niño, por entonces próximos a ser incorporados a la Constitución, de allí su arenga hacia un artículo constitucional prohibicionista.

La sede de la Constituyente, hoy.

Las feministas lograron frenar este intento de criminalización total del aborto y, mientras tanto se incorporaron los tratados con rango constitucional. Desde entonces, proliferó una legislación que subió el estándar en la protección de derechos de infantes pero también para las mujeres, incluido el reconocimiento de la identidad de género autopercibida. El Estado argentino se comprometió a la defensa de la vida, en general, desde el momento de la concepción. Este “en general” es el que ofuscaba al sector criminalista del aborto, porque parcializaba cualquier interpretación absoluta, habilitando una disposición gradual e incremental del derecho a la vida, en función de otros derechos en juego. La ponderación de derechos para garantizar la autodeterminación reproductiva de las mujeres y personas gestantes ha constituido un asunto de dinamismo que es irreductible a un análisis lógico-formal del texto jurídico. En tal sentido, los comités de la CEDAW, Derechos del niño y Derechos Humanos recomendaron al Estado argentino que ultime medidas necesarias para garantizar el aborto no punible. Por su parte, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado sobre los alcances de tales tratados en lo concerniente al derecho al aborto legal. Y fue en 2012 que los alcances de la despenalización del aborto quedaron esclarecidos a través del fallo F.,A.L. de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La protesta feminista ante la Constituyente suele a ser una coyuntura poco conocida, en parte por el dejo sexista de los estudios sociales, la fragmentación feminista y la arrogancia generacional. Sin embargo, supuso la primera toma de estado público-mediático del derecho al aborto. El conflicto se volvió un hecho noticiable en radios, periódicos y programas televisivos. Pero no sólo eso: prefiguró los términos actuales del problema y las posibilidades de abrir espacios de autonomía reproductiva.

Aunque las feministas neutralizaron el intento de vulneración de derechos, 1994 fue una disputa soberana por el control de los úteros en la que ya no sólo intervenía la imposición coactiva de un principio confesional sino también poderosos tratados y jurisprudencias internacionales enmarañados a un extensivo discurso genético-embriológico sobre “la vida desde el momento de  la concepción”. Del mismo modo que en otras coordenadas tecnocientíficas occidentales, este discurso rearticuló la figura biomédica del cuerpo femenino en beneficio de la defensa de “un niño” que adquiriría calidad de tal desde el momento de la concepción. Un “niño” espiraladamente atado a la imagen pública del feto o una secuencia de ADN. No puede ser tomada como mera coincidencia que esa implantación discursiva sea tangencial a un proceso de emancipación feminista, que en la  Argentina fue sostenida por la Comisión por el Derecho al aborto y continuada, a partir de 2004, por la Campaña Nacional por el Derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Mientras el feminismo se multiplicaba, los restauradores del orden heteropatriarcal recurrieron a un saber científico-técnico con el que pretendían tutelar la experiencia del embarazo.

Simone de Beauvoir no exageraba al afirmar que “la libertad comienza por el vientre”. Anteponiendo su cuerpo frente al Estado, las feministas que protestaron durante la Convención Constituyente lo comprendieron muy bien cuando pronunciaron, ética y políticamente, que “Nuestra decisión importa”. Tal autonomía decisional, la del derecho a decidir sobre mi propio cuerpo, capaz de conmover un Parlamento,  es la que continúa traccionando la viva disputa por la descriminalización y la legalización del aborto.