Por: Fotos: Gala Abramovich

Los saldos organizativos que se dieron en los últimos años por la fuerza que tracciona el movimiento de mujeres, lesbianas, travestis y trans en las calles, tienen la oportunidad histórica de traducirse en un gran saldo legislativo: el acceso al aborto seguro y gratuito que —todo indica— será ley. El feminismo popular y gran parte de la sociedad en general exigen un derecho, el Congreso camina a debatir cómo lo garantiza y reparar la falta de plena soberanía que hoy tienen las niñas, adolescentes, mujeres y todas las personas gestantes sobre sus propios cuerpos.

Ese camino legislativo no empezó este verano cuando el pañuelo verde de la Campaña Nacional por el Aborto Legal Seguro y Gratuito estuvo presente en la televisión mainstream y estalló las redes sociales en forma de hashtag. Es un andar histórico que desembocó el último 6 de marzo en la presentación del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. El Congreso se empezó a pintar de verde. Se trató de la séptima presentación que se hizo desde este espacio federal que empuja la ley hace 13 años en todo el país y la primera que tomó estado parlamentario.

Esta presentación es la expresión de la unidad feminista que ensaya una forma de hacerle frente opositor al CEO-machismo de la Alianza Cambiemos y que se expresa en las multitudinarias y heterogéneas asambleas para organizar el #8M. Por primera vez el proyecto lo encabezarán cuatro diputadas firmantes: Victoria Donda (Movimiento Libres del Sur), Brenda Austin (UCR-Córdoba), Mónica Macha (Unidad Ciudadana) y Romina del Pla (Frente de Izquierda).

Así como las diputadas se unieron para lograr la ley de paridad en noviembre de 2017, ahora empujaron la legislación desde la solidaridad política, esquivando las lógicas facciosas de vínculos políticos patriarcales y apostando a una acción colectiva transversal. La primera medida de las diputadas fue pedir una sesión extraordinaria para el mismo 8 por la urgencia de la demanda y la fecha que se convocará al Paro Internacional.

Para conseguir que se abra una sesión especial, son necesarixs 129 diputados y diputadas que den quórum. Aunque el gobierno se apresuró a filtrar a las corporaciones mediáticas que estaban a favor del debate en el Congreso, luego fueron marcha atrás y advirtieron que no se sentarán en sus bancas el número de legisladores necesarios para la sesión parlamentaria.

“La puesta en debate tiene que ver con la fuerza que conseguimos el movimiento de mujeres organizado y movilizado en la calle”, dijo Victoria Tesoreiro, integrante de Católicas por el Derecho a Decidir y de la Campaña. “Después de las convocatorias de Ni Una Menos se dio un salto cuanti y cualitativo en torno a las estrategias y a las articulaciones. Y también hay un recambio generacional”, resaltó y destacó la cantidad de pibas en el pañuelazo del lunes 19.

La iniciativa de la Campaña fue girada a varias comisiones, encabezadas por representantes de la alianza Cambiemos: Salud, que está dirigida por Carmen Polledo, quien ya había expresado en contra del derecho al aborto; Legislación General —que preside Daniel Lipovetzky—; Legislación Penal —a cargo de Gabriela Burgos, de la UCR—; Familia que es comandada por Alejandra Martínez —también de la UCR— y Presupuesto, coordinada por Luciano Laspina.

El tratamiento en comisiones comenzó el 10 de abril y culminó el 31 de mayo. Fueron 15 jornadas, 108 horas de exposiciones y 724 expostitorxs ante lxs diputados y diputadas de las comisiones. De un lado hubo argumentos científicos, sólidos y diversidad en las edades, procedencias geográficas. Del otro, opiniones y despliegue de performance que incluyeron besar muñecos de plásticos, mostrar ecografías y hasta una foto de Hitler. Los grupos anti derechos hicieron foco en la terrorización sobre la práctica abortiva; mientras las feministas posicionaron el tema como una cuestión de salud pública, derechos humanos y autonomía de las personas gestantes. Afuera, los pañuelazos se multiplicaron en cada rincón del país. Los martes y jueves verdes, día del plenario de comisiones, se volvieron una cita obligatoria en la puerta del Congreso

El martes 12 de junio llegó el momento del dictamen: obtuvo 64 firmas a favor y 57 rechazos. Ese fue el primer round ganado. Luego, el 13 y 14 de junio en una sesión tan histórica como maratónica se logró la media sanción: 129 diputadxs apoyaron el proyecto y 127 lo rechazaron. Afuera, la calle desbordó en todo momento en un acampe feminista en espera de la media sanción. Fue una demostración de organización y tenacidad militante. Adentro se ganó con transversalidad política a último momento en una votación que estuvo empatada. La media sanción se gritó como se festeja un gol tanto en Pasos Perdidos como en la calle. Una verdadera fiesta verde y feminista.

Once años de cabildeo legislativo

 

A lo largo de la historia legislativa fueron presentadas distintas iniciativas para despenalizar y legalizar el aborto en Argentina. La más antigua data de 1937. Hasta la ahora ministra de Seguridad Patricia Bullrich ha hecho una propuesta de ley al respecto, pero es a través de las presentaciones de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito que, desde los feminismos, se empuja el debate con estrategia y cabildeo en los pasillos del Congreso; no desde una iniciativa personal.

La Campaña queda instituida como un espacio federal que nuclea a muchas organizaciones de todo el país a partir de 2005 y es producto de los Encuentros Nacionales de Mujeres que reúnen al activismo hace 32 años. En el Encuentro de 2004 de Mendoza se decidió avanzar hacia este articulado que hoy reúne a más de 300 organizaciones. El 28 de mayo de 2007 presentaron su primer proyecto de interrupción voluntaria que pretendía despenalizar y legalizar el aborto por decisión de la mujer hasta las doce semanas de gestación. Fue el 28 de mayo, como iniciativa de la sociedad civil. Y ahí comenzaron un trabajo subterráneo de incidencia parlamentaria con activistas que difundían y compartían los argumentos a diputados y diputadas de todos los bloques.

Un año después ya ingresó con apoyo de diputadas y diputados, bajo el encabezamiento de la diputada socialista Silvia Augsburger. El proyecto alcanzó la adhesión de 22 diputados y diputadas que lo firmaron, pero perdió estado parlamentario por no haber sido debatido en ninguna comisión. Se le asignaron tres comisiones: Legislación Penal; Salud y Acción Social y Mujer; Familia, Niñez y Adolescencia.

En 2010 la Campaña volvió a presentar el mismo proyecto, esta vez con la primera firma de la diputada Juliana Di Tullio, del Frente para la Victoria. En el periodo 2010-2011, el proyecto alcanzó la cantidad de 50 firmas de diputados y diputadas de todos los bloques.

En el entramado de alianzas y estrategias la Campaña logró la adhesión de universidades, sindicatos y organizaciones de derechos humanos. En noviembre de 2011 se realizó en el Congreso la primera audiencia pública sobre aborto por iniciativa de la comisión Penal del Congreso. Esa convocatoria se hizo apenas una semana después de las elecciones nacionales y no había acuerdo de todos los bloques para iniciar el debate. La comisión produjo un dictamen que luego desestimó por no haber quórum, en el marco de una situación confusa en la que desaparecieron firmas de legisladorxs. El proyecto volvió a perder estado parlamentario y en 2012 se presentó otra vez bajo la primera firma de la diputada Adela Segarra, del Movimiento Evita, que integraba el bloque del FPV.

Esta iniciativa consiguió la firma de 60 diputados y diputadas en una semana. En marzo y a raíz de un caso de aborto no punible, la Corte Suprema de Justicia de la Nación emitió el histórico fallo FAL que ratificó el artículo 86 del Código Penal, vigente desde 1921: toda mujer que fue violada y quedó embarazada como producto de la violación, tiene derecho a realizarse un aborto.

En 2014 y 2016 ocurrieron nuevas presentaciones encabezadas por las diputadas Adela Segarra, en ese entonces del bloque FPV, y de Victoria Donda, del bloque Libres del Sur. El 4 de noviembre de 2014 se logró un hecho histórico: que la Comisión de Legislación Penal ponga el tema del aborto en agenda. Pero Patricia Bullrich, en ese entonces presidenta de la comisión, desdobló el llamado convocando a dos horarios diferentes, y argumentó que para la segunda convocatoria que incluía el tema del aborto no había quórum por falta de número.

En 2015 la Campaña impulsó foros en todo el país y armó una comisión redactora para trabajar en la actualización de la iniciativa. Se extendió el plazo para definir la interrupción voluntaria del embarazo, de 12 a 14 semanas según el modelo español. También se quitó la objeción de conciencia del proyecto y se lo enmarcó en los avances que hubo en el período 2007-2014; el fallo FAL, la ley 26.485, la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación, y la ley de Identidad de Género. En el período 2014-2015 el proyecto alcanzó un récord histórico de 70 firmas de diputadas y diputados de todo el arco político. La séptima presentación, con la fuerza de la opinión pública favorable y el feminismo popular en las calles, se rumorea en los pasillos del Congreso que superará en firmas a la anterior.

“Al interior del Congreso fuimos creciendo en apoyos y esto es la expresión de lo que pasa afuera”, dice Tesoreiro. El trabajo legislativo de la Campaña es intenso y extenso. La falta de aborto legal, seguro y gratuito en Argentina, la gran deuda de la democracia, se traduce en criminalización, vulneración de derechos sexuales y reproductivos y muertes. El feminismo popular en las calles y en la arena política del sistema tradicional de partidos puso todo su esfuerzo para que el debate sucediera, no lo habilitó el gobierno CEO-machista de la Alianza Cambiemos.