Quiero contarles dos historias:
La primera. A las 3 de la mañana del 21 de marzo de 2014, personal policial presente en el Hospital Avellaneda de San Miguel de Tucumán le indica a una partera que habría un feto en un baño del Hospital. La partera va al baño y extrae, sin testigos, un feto del inodoro.
La segunda. El mismo día, 50 minutos después, Belén llega al Hospital Avellaneda con dolor abdominal. No sabía que estaba embarazada y que estaba sufriendo un aborto espontáneo. Los médicos la atendieron y la historia clínica anotó “aborto espontáneo incompleto sin complicaciones”.
De esos dos hechos visiblemente desconectados entre sí, el sistema de justicia con la colaboración de los servicios de salud, determinaron que Belén fue a un hospital público a parir un bebé de 32 de semanas de gestación en un baño, cortar ella misma el cordon umbilical, tirar al bebé por el inodoro y apretar la cadena. Por todo ello, a Belén se la acusó de homicidio doblemente agravado por el vinculo y con alevosía. En abril de 2016 la justicia la condenó a 8 años de prisión y estuvo presa más de 2 años.
En la causa no consta un solo elemento probatorio que permita sostener las conclusiones a las que llegó el Tribunal que la juzgó y condenó. No se estableció si quiera el vínculo genético entre Belén y el feto encontrado. Además, Belén sostuvo su inocencia en todo momento y manifestó desconocer su estado de embarazo. Pero nadie la escuchó. Más aún, ante la ausencia de pruebas, los jueces realizaron una interpretación “a contrario sensu” (sic.) de su declaración como elemento contundente para sostener su culpabilidad.
Creerle o no a Belén no es una cuestión de fe o de íntima convicción; creeerle a Belén es el resultado de la lectura de las constancias de la causa a la luz de nuestros compromisos constitucionales más básicos en materia de debido proceso legal.
Gracias a los esfuerzos de su abogada Soledad Deza y unas 10 organizaciones que revisaron y acompañaron la causa, Belén recuperó su libertad el 23 de marzo de 2017.
La tarea que este Honorable Congreso tiene por delante consiste en tomar una decisión que de respuestas a un problema de salud pública muy concreto y que, a la vez, nos devuelva a las mujeres la confianza en el Estado. Creo no equivocarme, entonces, si digo que todos estamos de acuerdo en los siguientes objetivos: a- tenemos que reducir el índice de abortos; b- eliminar los abortos clandestinos; c- recuperar la confianza de las mujeres en el Estado para que acudan al sistema de salud a resolver las cuestiones que las afectan especialmente.
Cómo tomar esa decisión? Claramente esta no es una decisión que pueda estar basada en su fe o en sus íntimas convicciones. Ustedes tienen el deber de construir la mejor lectura de la Constitución que sean capaces de generar. Para ello, deben honrar los esfuerzos que han hecho otras generaciones o instituciones para alcanzar acuerdos, preservarlos y, eventualmente, mejorarlos.
De este modo, honrar la lectura de la Constitución que realizó el Congreso de 1921 y la Corte Suprema en el año 2012 en el caso FAL requiere encontrar una respuesta de política pública que reconozca el valor de la autonomía de las mujeres y que, al mismo tiempo, respete el valor incremental de la vida en sus diferentes etapas gestacionales.
Honrar Belén supone construir un Estado moderno que, lejos de perseguir a sus ciudadanos, preste atención sus demandas y les garantice protección y cuidado. En otras palabras, honrar Belén supone garantizarnos que nunca más una mujer saldrá de un Hospital presa.
Tanto FAL como Belén nos invitan a buscar herramientas alternativas al Derecho Penal si pretendemos alcanzar los objetivos propuestos. Las razones, ya conocidas, pueden agruparse en 3:
- En primer lugar, criminalizar la interrupción voluntaria del embarazo significa desconocer el derecho a la autonomía y a la privacidad de las mujeres y es, por tanto, una herramienta que no respeta los márgenes de nuestra práctica constitucional.
- En segundo lugar, el Derecho penal es una mala estrategia porque, como ustedes saben, llega tarde. Actúa sobre las consecuencias y no sobre las causas que llevan a las mujeres a decidir abortar y, por ello –entre otras cosas-, ha demostrado ser una herramienta altamente ineficaz para reducir el índice de abortos.
- Por último, el Derecho Penal no sólo no contribuye a prevenir los abortos, sino que, como lo evidencian el caso de Belén y el caso FAL, es parte del problema: constituye siempre una barrera al acceso al aborto legal, expulsa a las mujeres del sistema de salud y las empuja al sistema clandestino poniendo en riesgo su salud y sus vidas.
Por todo ello, ustedes podrán discutir y decidir dentro de los márgenes constitucionales, pero está claro que si queremos reducir la cantidad de abortos en Argentina debemos trabajar para prevenir el embarazo no planificado; si queremos eliminar el aborto clandestino, debemos abandonar el derecho penal como estrategia regulatoria; y si queremos que las mujeres recurran al Estado a buscar soluciones que las afectan en su salud y sus vidas, debemos darles algún margen para el ejercicio de su autonomía.
Belén, hoy, representa a miles de mujeres que, como ella, esperan que sus tragedias se conviertan en valiosos sacrificios que tengan sentido, esperan el gesto de cuidado de una comunidad que les garantice que no habrá riesgo si se acercan a un policía, un médico o cualquier otro representante del Estado.
Señores y Señoras legisladoras de la Nación, ustedes son la más plural y potente de las voces de la democracia y por eso la ciudadanía en su conjunto, pero muy especialmente las mujeres, les confiamos una responsabilidad histórica: reconocernos como ciudadanas plenas –esto es, libres y autónomas– y construir un Estado que goce de legitimidad honrando la mejor tradición de nuestra democracia constitucional.
