Bronfenbrener escribió que “ningún comportamiento humano puede ser comprendido o apreciado aislado del contexto en que ocurre”. Si bien todo proyecto legislativo debe ser elaborado, discutido y en su caso transformado en ley teniendo en cuenta el contexto que motivó la iniciativa y en el que va a transcurrir su eventual aplicación, el de legalización del aborto es especial. Por una iniciativa excelente de Diputados de la nación, se está produciendo un debate que trasciende a los legisladores y en el que participan como nunca antes, invitados que representan sectores variados de nuestra comunidad, y que deliberadamente se dividen en “a favor” o “en contra”, de la inédita iniciativa.

Es un debate entre la aceptación de la realidad del contexto de abortos clandestinos que se realizan en nuestro país, y su negación. El primer aspecto a tener en cuenta, para conocer el contexto, es la propia historia de la mujer, que es una historia de violencia y abuso, padecidos a lo largo de los siglos, a manos de varones que siempre se sintieron dueños de sus cuerpos y sus almas, y actuaron en consecuencia. El segundo, es la normativa que regula la sanción del aborto como delito del Código Penal, redactada en 1921. En ella, un colectivo exclusivamente masculino, criminalizó a las mujeres que abortaran intencionalmente, o consintieran en que se lo efectuaran. Nótese que actualmente, las únicas que pueden cometer las conductas sancionadas en el art. 88 del CP, con prisión de uno a cuatro años, son las mujeres. Se trata, inequívocamente, de una legislación misógina, discriminatoria y, sobre todo, injusta.

El tercer aspecto a destacar es la realidad sanitaria de nuestro país. Aquí, se realizan entre 400.000 y 500.000 abortos clandestinos por año. Las mujeres con recursos, lo hacen en condiciones de mayor seguridad para su salud, mientras que las pobres, recurren a métodos precarios y en lugares altamente riesgosos tanto para su salud como para su vida. Esa realidad, en todo o en parte, es negada, distorsionada, callada o falseada por quienes, desde argumentaciones, pretendidamente éticas, morales o religiosas, se oponen enérgicamente a una legislación vigente en los países más avanzados del mundo. Normativa que se torna imperiosa en el nuestro, para poner fin a la desigual realidad reseñada. En esa cruzada reproductora de la historia de la mujer, con la hipocresía que rodea siempre la discriminación, no se vacila en recurrir a argumentos efectistas como llamar niños a los embriones o simplemente brindar información falsa. Así, se ha afirmado en el debate actual, que, en Uruguay, luego de la legislación de 2012 que legalizó la interrupción voluntaria del embarazo, aumentaron sensiblemente los abortos. Sólo para ilustrar la falacia, debe señalarse que, en el país vecino, antes de la citada legislación, se efectuaban alrededor de 33.000 abortos por año. Actualmente, el promedio anual es de 9.800 interrupciones legales y voluntarias.

La dinámica de las discusiones, la contundencia de las argumentaciones que apoyan la iniciativa de las Sras. Y Sres. Diputados de la nación, más allá de algunas aludidas falacias, esperables en quienes se oponen, nos permiten ser optimistas. Nuestros legisladores, conocedores de la realidad que nos rodea, nos brindarán las normas que necesitamos, para una nueva etapa que pueda ser transitada sin dolor, sin muerte y, sobre todo, con libertad de decisión.