Por:

En este sentido, señoras y señores legisladores, creo que es necesario que me focalice en el rol social que tiene la labor de los integrantes del Congreso de la Nación, en la función primordial que consiste en regular a través de las leyes el bien común. Y si nos concentramos en esta función del poder legislativo, entiendo que lo que debo remarcar es el intento de dilucidar qué ley amplía o cercena qué derechos.

Muy buenas tardes, antes que nada quiero agradecer la invitación a uno de los debates más esperados por gran parte de la sociedad argentina, espero estar a la altura del acontecimiento histórico, Celebro estar aquí y sobre todo celebro el amplio espacio que las y los legisladores han decidido dar a la sociedad para ser escuchada y tratar de revisar los consensos en torno a la penalización del aborto, que sin duda es un tema delicado en cuanto deja a una importante parte de la población, no solo desamparada sino estigmatizada y humillada por la promesa de un castigo que aparece como gran amenaza sobre la vida de cientos de miles de mujeres.

Estoy aquí en mi condición de Rectora de una Universidad Nacional de presidenta de la red Interuniversitaria por la igualdad de género y contra las violencias, de gestora cultural, docente investigadora, mujer y feminista.
Como Rectora integrante del CIN y junto a otros 39 colegas elaboramos una declaración a favor del proyecto de Ley de IVE que fue un paso importante de una amplia mayoría de las universidades públicas en la toma de posición frente a este ineludible debate. Este paso es el resultado de un proceso de lucha de las mujeres en el contexto de un sistema universitario gobernado por un 90 por ciento de varones, sólo somos 7 rectoras en el CIN. Gran parte de la comunidad universitaria, así como de la comunidad científica, artística y tecnológica, analizó y concluyó que es necesario apoyar el proyecto de Ley para restituir los derechos a las mujeres y a otras personas con la capacidad de gestar que deciden la interrupción de su embarazo.

No pretendo, no es mi intención, en los valiosos 7 minutos que me han concedido en este recinto, exponer ni discutir cuestiones relativas a las creencias religiosas, a problemas o dilemas metafísicos, a principios o conductas morales, u otros aspectos relativos a sistemas de pensamientos y creencias de los individuos, justamente porque considero (como otros colegas ya han planteado en este ámbito) que preguntarnos por el origen o los límites de la vida, por el sentido de la muerte, etc…, forma parte del derecho de las personas a decidir su sistema de creencias y los principios que regulan su existencia en una sociedad verdaderamente democrática.

No se trata entonces de entender aquí lo que cada sujeto piensa o siente o experimenta en su autonomía sino de una cuestión estrictamente política y ética que excede la voluntad y el trauma individual.

En este sentido, señoras y señores legisladores, creo que es necesario que me focalice en el rol social que tiene la labor de los integrantes del Congreso de la Nación, en la función primordial que consiste en regular a través de las leyes el bien común. Y si nos concentramos en esta función del poder legislativo, entiendo que lo que debo remarcar es el intento de dilucidar qué ley amplía o cercena qué derechos.

En este sentido, señoras y señores legisladores, creo que es necesario que me focalice en el rol social que tiene la labor de los integrantes del Congreso de la Nación, en la función primordial que consiste en regular a través de las leyes el bien común. Y si nos concentramos en esta función del poder legislativo, entiendo que lo que debo remarcar es el intento de dilucidar qué ley amplía o cercena qué derechos.

Actualmente se producen entre 400.000 y 600.000 abortos al año, según índices del Ministerio de Salud. Estos números no son exactos ni podrían serlo porque se trata, hasta ahora, de una acción clandestina. Sin embargo, demuestran que las personas abortan, incluso ante la amenaza de la penalización por parte del Estado, incluso ante la amenaza de la probabilidad de muerte. Y si las personas ejercen de hecho el derecho a decidir sobre sus cuerpos es porque nos guste o no, desde el punto de vista de los procesos de constitución de la subjetividad, las personas se imaginan a ellas mismas capaces de decidir su maternidad, de decidir sobre su cuerpo, y de responsabilizarse por la vida. Y, nuevamente, nos guste o no, es necesario entender que la ley debe estar a la altura de los derechos que la comunidad en su conjunto ha consensuado de manera fáctica.
Sin embargo, a pesar de una realidad que se impone, la criminalización finalmente castiga y castiga injustamente porque lo hace a quienes no tienen los medios para efectuarlo de manera segura, y convierte a quienes abortaron en criminales, es decir que la punición genera una injusticia grave, la penalización del aborto provoca conflictos de salud pública, viola el acceso universal e igualitario a la salud como derecho humano insoslayable que debe ser garantizado por el estado y limita la capacidad de decidir de las personas sobre su cuerpo y su mejor vivir. El aborto es una práctica común en todas las clases sociales pero la experiencia y las consecuencias son muy diferentes de acuerdo al nivel socioeconómico de quien lo practica.

El proyecto de Ley de IVE permitiría terminar con este sistema de injusticia social y protegería a las mujeres que deciden interrumpir un embarazo por las razones que cada una en su caso considere. Además retiraría al estado del ámbito de la autodeterminación de las personas para ubicarlo en la función de amparar a aquellas que necesiten cuidados y atención.

Estamos en un contexto de época que requiere pensar el bien común frente a los intereses ideológicos individuales. Quienes están en contra de la interrupción voluntaria del embarazo no sufrirán consecuencias personales ante la aprobación de esta Ley, ya que no tendrían por qué modificar su conducta sea cual fuere la legislación imperante, mientras que quienes no piensan el aborto como algo condenable en sí mismo o, quienes lo consideren necesario, como una última acción para resolver un embarazo no deseado, se verían incluidas a través de esta ley en un sistema de justicia que distinga las cuestiones de orden privado de las cuestiones de orden social y las contenga.

Suspender nuestros sistemas de creencias y pensamientos subjetivos para ocuparnos de generar acciones de justicia social, promover el bienestar de la mayor parte de la población es lo fundamental de la política, el aspecto ético de la política que, desde mi punto de vista, implica posicionarnos en el lugar del otro, proteger a quien reclama protección y amparar a quien está desamparado. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir, son pasos fundamentales para que las mujeres empecemos a recuperar los derechos tan postergados y la sociedad encuentre un punto de madurez en el que las personas afectadas gravemente sean protegidas en lugar de ser injustamente condenadas. Muchas gracias.