Buenos días, agradezco a los Diputados y Diputadas esta invitación para presentar mis argumentos en este momento histórico.
Vengo a hablar como abogada, como feminista y como defensora de los derechos humanos de las mujeres. Vivo en Tucumán, única provincia de Argentina que aún no ha adherido a la ley 25.673 que asegura provisión gratuita de métodos anticonceptivos, donde la educación religiosa está presente en todas las escuelas públicas, mientras la ESI no; y donde Belén pasó 29 meses encarcelada por sufrir un aborto espontáneo dentro de un Hospital.
Como abogada he acompañado profesionalmente a niñas y mujeres que, cursando embarazos riesgosos o forzados, ven obstaculizado su derecho a abortar a consecuencia del accionar de profesionales que anteponen sus conciencias privadas a sus obligaciones públicas. Por eso sé de la indignidad de mendigar en un Hospital Público un aborto que es legal hace 100 años y sé también del Patriarcado clasista que opera judicialmente nuestros cuerpos, porque he defendido -además de a Belén- a otras mujeres acusadas de aborto, como “María Magdalena” que luego de ser denunciada por sus médicas, estuvo 3 años imputada de aborto hasta que logró su sobreseimiento.
LA EXCUSA LEGISLATIVA MÁS UTILIZADA PARA RESISTIR EL DEBATE SOBRE LEGALIZACIÓN DEL ABORTO ES QUE EL ESTADO NO PERSEGUE ESTE DELITO. Vengo hoy a argumentar, con datos de mi provincia, todo lo contrario: si existe interés estatal en perseguir este delito y es hora de asumir, como señala Ferrajoli, que “el proceso penal en sí mismo es una pena” por la estigmatización que compone, por la violencia que apareja y por la selectividad con que opera. El proceso penal -no sólo la condena- es el CASTIGO.
En el año 2012, con Mariana Alvarez y Alejandra Iriarte, concluimos una investigación donde relevamos los últimos 20 años de judicialización de aborto en Tucumán y tuvo como resultado el libro “JAQUE A LA REINA” que arrojó, entre otros, los siguientes datos:
Entre 1992-2012 en Tucumán se criminalizaron 534 abortos.  El 97% de esas causas tiene a la propia MUJER ABORTANTE como imputada. Esto evidencia el sesgo de género de esta política criminal sobre nuestros cuerpos.
Lo paradójico es que el Estado persigue penalmente no solo a mujeres por abortos auto-provocados, sino también a mujeres que atravesaron abortos QUE NO SON DELITO como ocurre con las causas caratuladas como abortos naturales o abortos espontáneos. A partir del año 2008 constatamos que el 24% de las investigaciones penales de aborto tenían como imputadas a mujeres que habían sufrido eventos obstétricos adversos de esas características que no encuadran en ningún tipo penal. Esta realidad deja al descubierto los prejuicios morales de los operadores de la salud que denuncian a sus pacientes y de los operadores del derecho que deciden investigar conductas no reprochables. Belén, 2 años después, perdería casi tres años de su vida en uno de esos procesos morales más que penales.
Si bien el 79%  de los procesos que inculpan a mujeres abortantes se archivaron luego de aproximadamente 1 año promedio, sólo el 1% de ellas fue SOBRESEIDA. Esto quiere decir que sólo 5 mujeres lograron borrar sus antecedentes penales y obtener un pronunciamiento judicial que clausure definitivamente el proceso que las criminalizó. El resto, 513 mujeres, si pretendió o pretende obtener un certificado de buena conducta o uno de falta de antecedentes penales, no podrá lograrlo porque esa causa aún subsistirá en su prontuario. De hecho Belén al día de hoy, 1 año después de su absolución, no logra ese trámite para salir efectivamente del Sistema Penal que la apresó en su lecho de convalecencia.
Pero además de la importancia de señalar otras 5 razones significativas para legalizar el aborto:
Por una razón de igualdad es necesario acabar con una figura penal que impacta exclusivamente en la vida de las mujeres y que compone un mensaje estatal de maternidad obligatoria bajo la amenaza de cárcel.
Por una razón de ciudadanía es imperioso considerar que mientras subsista la penalización del aborto en cualquier etapa gestacional, nuestros cuerpos estarán sometidos al mandato de gestar, nuestra soberanía reproductiva está recortada, nuestro placer sexual está vetado y nuestra libertad continuará sacrificándose en orden a mandatos religiosos o morales que desconocen nuestra condición de sujetas morales autónomas.
Por una razón de justicia social urge reconocer que son las mujeres de sectores populares las “imputadas” en causas penales y las que se exponen en mayor proporción a la morbimortalidad del aborto inseguro o la maternidad forzada.
Por una razón de salud pública es preciso computar que en nuestro país se realizan entre 379.000 y 522.000 abortos inseguros al año, según el Ministerio de Salud y que el 18% de las muertes maternas son por complicaciones por aborto. Por ello, estar en contra de la legalización del aborto no implica defender la vida, sino estar a favor del aborto clandestino. Legalizar el aborto es defender la vida, porque “vida” no es un concepto estrictamente biológico reservado exclusivamente para la valoración ética, religiosa o moral de un embrión. Vida es también un concepto vinculado directamente con la idea de “calidad de vida” y se pone en crisis cada vez que una mujer que cursa una gestación no deseada se enfrenta a la imposición de un plan de vida heterónomo o a un aborto inseguro.
Por una razón de laicidad que exige a nuestros representantes que a la hora de legislar sean capaces de deponer las propias creencias religiosas y sus preferencias morales en orden a la construcción de consensos sociales verdaderamente inclusivos en los que quepan todos los planes de vida y donde la vida de las mujeres no sea instrumentalizada al servicio de la reproducción indefinida de la sociedad.  Invito por ello a cada Diputado y Diputada a pensar que votar a favor de la legalización del aborto no supone acordar moralmente con el acto de abortar, sino sincerarse como representantes de la sociedad -y de cara a las mujeres- si quien decide abortar dentro de las primeras 14 semanas merece estar presa.
Señores Diputados y Diputadas llegó la hora de saldar esta deuda de ciudadanía plena que tiene la democracia con nosotras. NI UNA PRESA, NI UNA MUERTA MÁS ABORTO.