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El Estado Laico no se opone a las religiones, por el contrario respeta a todas por igual y considera que cada ciudadana o ciudadano tiene derecho a profesar la que desee, o ninguna, mereciendo en todos los casos la misma consideración, respeto y garantía de sus derechos.

Una de las reivindicaciones fundamentales de la Campaña Nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, es la vigencia de un Estado laico real en Argentina porque consideramos que la laicidad es condición necesaria de la democracia y garantía de libertad de conciencia e igualdad entre las personas.

Un estado laico es aquel que establece la autonomía de los ámbitos civiles y políticos respecto a los religiosos, donde la esfera del derecho y las leyes se delimita claramente de la correspondiente al espacio íntimo de las creencias de cada persona.

El Estado Laico no se opone a las religiones, por el contrario respeta a todas por igual y considera que cada ciudadana o ciudadano tiene derecho a profesar la que desee, o ninguna, mereciendo en todos los casos la misma consideración, respeto y garantía de sus derechos.

El Estado Laico no se opone a las religiones, por el contrario respeta a todas por igual y considera que cada ciudadana o ciudadano tiene derecho a profesar la que desee, o ninguna, mereciendo en todos los casos la misma consideración, respeto y garantía de sus derechos.

En las religiones los creyentes se subordinan a autoridades religiosas, quienes son elegidas y legislan según sus normas particulares. Establecen reglas y prohibiciones que solo son obligatorias para sus creyentes. La democracia, por el contrario, está basada en la soberanía del pueblo que elige sus representantes periódicamente en elecciones libres y universales. Uno de sus valores fundamentales es la igualdad de todas las personas, y por consiguiente, la no discriminación por razones de sexo, raza, edad, género, condición social, culto o cualquier otra.

Las decisiones tomadas en democracia deben respetar los canales de legalidad establecidos en la Constitución y las leyes. Son obligatorias para toda la ciudadanía.

En el Estado laico los gobernantes o legisladores no pueden hacer prevalecer principios teológicos en sus prácticas ya que deben garantizar a toda la ciudadanía el ejercicio de la libertad de conciencia y el derecho a tomar decisiones libres y responsables.

Las exigencias de la democracia no pueden ser satisfechas cuando una religión tiene ingerencia en los ámbitos de decisión estatales. Religión y democracia caminan por senderos distintos. Vargas Llosa en su libro “El lenguaje de la pasión” expresa literiamente:

“…ninguna Iglesia es democrática. Todas ellas postulan una verdad que tiene la abrumadora coartada de la trascendencia y el padrinazgo abracadabrante de un ser divino contra el que se estrellan y pulverizan todos los argumentos de la razón, y se negarían a sí mismas, se suicidarían, si fueran tolerantes y retractiles y estuvieran dispuestas a aceptar los principios elementales de la vida democrática como son el pluralismo, el relativismo, la coexistencia de verdades contradictorias, las constantes concesiones recíprocas para la formación de consensos sociales. Cómo sobreviviría el catolicismo si se pusiera al voto de los fieles, digamos, el dogma de la Inmaculada concepción?”

Respecto a nuestro país podemos afirmar que Argentina no es un estado confesional. En el art. 2 de la Constitución Nacional se establece que “El Gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano”.

Nótese que en texto no se menciona al Estado Argentino, sino al Gobierno Federal. En segundo lugar que la palabra sostener significa que el gobierno nacional financia el culto católico. Esto se traduce en el pago por el Estado de los salarios de los obispos, la subvención a escuelas religiosas, los subsidios a asociaciones privadas y a múltiples iniciativas de neto corte confesional. Sostener implica mantener económicamente, de ningún modo significa adoptar el culto católico como estado.

Sin embargo, el Estado argentino tampoco goza de una laicidad declarada y absoluta: además del sostenimiento económico, la caracterización de persona jurídica de derecho público, establecida en el Art. 146 del nuevo Código Civil y Comercial le otorga a la Iglesia Católica privilegios económicos, políticos, y simbólicos que se traducen en injerencias concretas en los ámbitos ejecutivos, legislativos y judiciales.

La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto legal, seguro y gratuito reclama desde sus inicios que Argentina sea realmente un estado laico. Y tiene serias razones para hacerlo.

Históricamente las Iglesias y especialmente la jerarquía de la Iglesia Católica han considerado a las mujeres como seres inferiores. Es imposible analizar esto en tan corto tiempo. Solo voy a citar uno de los hechos más violentos en la historia de las humanidad: En el año 1486, dos monjes dominicos, Heinrich Kramer y Jacobo Sprenger, fueron nombrados Inquisidores especiales por Bula papal de Inocencio VIII, con el objetivo de investigar los casos de brujería en el norte de Alemania. El libro que resultó de esas “investigaciones” fue llamado “Malleus Maleficarum”, “El martillo de los brujos” y se convirtió durante los trescientos años posteriores en una especie de Manual de instrucción para jueces, magistrados y sacerdotes en la lucha contra la brujería en Europa. Es un tratado de como juzgar y torturar mental y físicamente, a quienes supuestamente “ejercían la brujería y hubieran pactado con el demonio”. El libro contiene dos capítulos específicamente dedicados a las mujeres, las que son divididas entre buenas, mujeres perfectas, obedientes, dulces, ángeles y las malas que son las brujas, definidas innumerables veces como inferiores, abominables, sucias, débiles, endemoniadas, locas.

Se torturó y quemó a cientos de miles de mujeres bajo la acusación de brujas, cuando en realidad eran campesinas, en su gran mayoría pobres, que sanaban, curaban, y en muchos casos lideraban las revueltas campesinas contra los señores feudales. Y además, y eso es lo que menos perdonaban, tenían control sobre su sexualidad, su reproducción y ayudaban a parir y a abortar a otras mujeres.

La matanza de mujeres, llamadas brujas, fue un genocidio ocultado, justificado y legitimado. Solo rescatado y visibilizado por el feminismo.

En nuestro país, y ya en la historia reciente, las jerarquías eclesiásticas y los fundamentalismos religiosos han negado y se han opuesto sistemáticamente, y en todos los ámbitos, a la consagración de nuestros Derechos Sexuales y Reproductivos. Solo a partir de la persistencia, el compromiso y la lucha de los movimientos feministas y de mujeres, desde hace más de treinta años, se han logrado avances significativos en esta materia, tales como el Programa Nacional de Salud sexual y Procreación responsable y el Programa de Educación sexual integral. En estos últimos años con la presencia de la Campaña por el Derecho al aborto, la acción de los Socorrismos, de la Red de profesionales de la salud por el derecho a decidir, y de funcionarios y funcionarias respetuosas de la libertad de decidir de cada persona, se ha logrado paliar la ilegalidad del aborto y aumentar los niveles de conciencia social frente a los ataques sistemáticos de grupos ligados a los fundamentalismos religiosos.

Esos mismos grupos que se han opuesto a la educación sexual integral y al uso de anticonceptivos también se oponen, casi furiosamente, a un proyecto que permitiría que todas las mujeres gocen de los mismos derechos a un aborto seguro y gratuito, y que no mueran ni sufran más daños por su práctica clandestina. En sus campañas utilizan imágenes morbosas y mentirosas, como muchas que hemos visto en este recinto y debaten en base a argumentos no científicos y con datos falsos. Hemos visto también demasiados varones hablando de los sentimientos y deseos, traumas y adicciones, muertes y suicidios de mujeres. Evidentemente nunca han sentido la liberación que significa decidir en libertad sobre el cuerpo y la propia vida.

Recordemos también a altos prelados eclesiásticos condenando a funcionarios que piensan y actúan responsablemente, por ejemplo el obispo castrense Baseotto quien, en febrero de 2005, en una carta dirigida al entonces ministro de Salud Ginés Gonzales García le decía “Cuando usted repartió públicamente profilácticos a los jóvenes, recordaba el texto del Evangelio donde nuestro Señor afirma que los que escandalizan a los pequeños merecen que les cuelguen una piedra de molino al cuello y los tiren al mar”. Estos dichos fueron ampliamente repudiados, por sus propias implicancias y también por las semejanzas con hechos sucedidos durante la dictadura militar y que contaron con complicidades de sectores eclesiásticos.

Los fundamentalismos religiosos han significado siempre limitantes del avance legislativo de las mujeres y contrarios a toda disposición que implique reconocerle su carácter de sujeto autónomo, independiente y libre de tomar todas las decisiones que se refieren a su vida sexual y su capacidad reproductiva.

Profundizar la secularización o la laicidad del Estado implica respetar a las diferencias y las diversidades existentes en toda sociedad. El Estado está obligado a reconocer y garantizar todos los derechos a todas las personas.

Estas son sucintamente alguna de razones por lo cual desde la Campaña reclamamos y exigimos la vigencia plena del Estado Laico.

Señoras diputadas y señores diputados: Uds. están en un recinto republicano y democrático que es el Congreso de la Nación, son representantes de un pueblo que los votó. Hoy ese pueblo está expresando en las calles su reclamo de aborto legal, escuchen esas voces. Se les pide ampliar derechos, simplemente eso. Negarlo solo implica más prohibiciones, mayor represión y muerte de mujeres. Sus conciencias individuales y sus creencias religiosas de ningún modo pueden primar sobre los derechos, la vida y la salud de quienes representan.