Las mujeres somos una parte esencial en el funcionamiento de la sociedad. Cuando hablamos de mujeres que abortan, nos referimos a las que ya son madres, las que no lo son, las que no lo quieren ser y las que tal vez consideran serlo en un futuro. Pero principalmente, hablamos de las  trabajadoras, es decir que hablamos de todas las mujeres argentinas. Porque, todas las mujeres somos trabajadoras. Con o sin remuneración, todas ejercemos tareas adentro y afuera de nuestros hogares. Las mujeres trabajamos todos los días de nuestras vidas. Muchas de nosotras tenemos la doble jornada, es decir que trabajamos afuera y adentro de nuestros hogares. Y, otras tantas decidimos tener una triple jornada que es la militancia política o sindical. Como representante de las trabajadoras, este es un aspecto que no puedo dejar de nombrar porque si la mujer que decide abortar es sostén de familia, el peso de su decisión es demasiado fuerte para ella y para su entorno.

Las mujeres que abortan son trabajadoras. ¿O acaso nadie se plantea que las mujeres que abortan son las mismas que cuidan a sus hijos, los educan en las escuelas, los curan en los hospitales, deciden leyes en el Congreso, venden café en la calle, atienden la farmacia de la esquina o son gerentas en empresas? Les tengo una noticia: las mujeres abortan porque deciden hacerlo, porque hay un montón de cuestiones y problemas alrededor de esta determinación que las influyen. Y aunque eso no está en cuestionamiento en este debate creo que es necesario decirlo.

Las mujeres no podemos elegir sobre nuestros cuerpos sin que haya una penalización sobre esta decisión. Esta sanción puede ser económica, legal o de salud. No importa la penalidad que se nos aplique, lo que importa es que existe. Nosotras no tenemos los mismos derechos que el resto de los ciudadanos porque o nos sancionan o nos condenan o morimos cuando decidimos sobre nuestros cuerpos, no importa cómo pero nunca la vamos a sacar barata.

La muerte es la peor de las consecuencias del aborto clandestino, eso es verdad. Pero también hay otras consecuencias que no son visibilizadas como por ejemplo la pérdida de dinero que esa decisión le genera a la mujer. Si una mujer que trabaja en relación de dependencia quiere interrumpir un embarazo no deseado no solo tiene que pensar en las consecuencias físicas y legales del aborto sino también en las económicas. No pasa simplemente porque la mujer tiene que gastar dinero que no tiene planeado sino que además, al ser una práctica ilegal, no puede blanquearlo en el trabajo y pierde tanto los días que falte como el presentismo, que en algunos casos puede llegar a representar un 20% de su salario. Todo esto, sin perder de vista que inclusive pueden perder su fuente laboral por hacerse un aborto.

Hoy en día, un aborto clandestino cuesta alrededor de $30.000 y la mayoría de las mujeres tienen ingresos menores a los $12.000 mensuales. La alternativa no quirúrgica y más económica de aborto seguro es la pastilla misoprostol que cuesta alrededor de $3.000 la caja si tenés la suerte que te lo recete un médico porque si lo tenés que comprar de manera ilegal, se duplica o triplica el valor. O sea, que un aborto casi seguro (porque no siempre funciona al 100% esta pastilla) cuesta lo mismo o más que el salario mensual de una mujer trabajadora. Y sí, voy a hablar solo de nosotras en este caso porque no podemos suponer a priori que haya un compañero asistiéndonos emocional o económicamente en esta dura decisión.

Lo más espantoso del aborto clandestino es que además de ser caro, es punible. No solo peligra la vida de la mujer en esta decisión sobre su cuerpo sino que también peligra su libertad. Una libertad falsa porque no somos personas libres si no tenemos derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos.

El aborto es una decisión desesperada para las mujeres. En la Argentina se estima que mueren unas 400 mujeres al año como consecuencia de abortos clandestinos, es decir, más de una por día.

Cuando las mujeres no pueden contar con los recursos económicos para acceder a un aborto seguro, mueren. Son mujeres que están bajo la desidia de un Estado que no quiere otorgarles la libertad de decidir sobre sus cuerpos, sus futuros, sus propias vidas.

El Estado debe cuidar el bienestar de toda su ciudadanía. Si el Estado tiene la problemática de que el 17% de las mujeres que se realizan abortos clandestinos mueren por año y tiene al alcance de la mano la solución a este dilema, no hay razón lógica para no tomarla.

El feminismo y la militancia sindical me dejaron grabado a flor de piel que lo personal es político. Cuando la decisión de una mujer es la misma que medio millón más de mujeres al año, se convierte en una necesidad que el Estado debe atender. Y si esta decisión personal se lleva la vida de una por día porque no es una práctica legal, se convierte en un problema de toda la ciudadanía y el Estado es responsable.

Hoy, ustedes tienen la posibilidad de sacar a todas las mujeres de la clandestinidad y hacer posible que el derecho a decidir sobre sus cuerpos no sea vulnerado. Es obligación del Congreso legislar en consecuencia de lo que necesitan las mujeres.

Como decía la compañera Eva Perón “Donde existe una necesidad nace un derecho”. El aborto legal, seguro y gratuito es un derecho que debe ser otorgado a las mujeres argentinas. Dentro de la militancia sindical todos y todas sabemos lo que significa precarizar, es decir, que algo es precario, inseguro o de poca calidad.

Legisladores y legisladoras, a las mujeres argentinas nos precarizan el salario, nos precarizan las fuentes de trabajo y, sobre todo, nos precarizan la vida. Porque el aborto clandestino es la precarización de la vida de las mujeres argentinas.