Por: Fotos: Gala Abramovich

Analía Bruno contó, durante su turno de exposición, que estuvo judicializada junto a sus compañeras de un centro de Salud por hacer un aborto legal por la denuncia de un varón violento. Durante 14 meses sufrió la judicialización

Buenos días a todas y todos. Soy Analia Bruno, medica generalista y trabajo en un centro de salud del barrio de Pompeya de la Ciudad de Buenos Aires. Hace 14 años que trabajo allí y formo parte de la red de profesionales de la salud por el derecho a la salud que forma parte activa de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

En primer lugar quería traer aquí la experiencia de este trabajo cotidiano, acompañando a las mujeres en sus decisiones reproductivas y no reproductivas. Como médica generalista mi tarea cotidiana es atender la salud de las personas, controlar a niñas y niños en su crecimiento, a sus madres y a las mujeres que consultan por métodos anticonceptivos. En esta tarea de 14 años acompañé a muchas mujeres. Haciendo un poquito de historia y pensando en lo vertiginoso de los cambios en los últimos años, al principio cuando por convicción personal, por militancia feminista acompañaba a las mujeres que consultaban, muchas veces enterándose conmigo, haciendo el test de embarazo, que estaban embarazadas. Las acompañaba en voz baja, no podían ni enterarse ni siquiera mis compañeras o compañeros de consultorio. No podían escuchar quienes estaban al lado, atendiendo a otra persona que yo estaba brindando información sobre el uso seguro de misoprostol o escuchando y abriendo la puerta a esas mujeres para que puedan expresar todo lo que les pasaba ante esa noticia de un embarazo inoportuno, no deseado, no planificado. Hoy luego de todo lo que hemos aportado a esta lucha y generado; ya es excesiva la abundancia con respecto a que esta es una deuda de la democracia, que es un problema de salud pública, que hay una cantidad enorme de abortos clandestinos que la penalización no evita que esto ocurra. Queda redundante seguir hablando de todos estos argumentos, desde mi lugar puedo contar que es lo que pasa en lo cotidiano y la idea es que sirva para seguir sumando más argumentos.

Entonces, como les decía, en este transitar y gracias a el fallo de la corte suprema de justicia en el 2012, la elaboración del Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo del Ministerio de Salud de la Nación en el 2015 llegamos a poder estar en centros de salud de la Ciudad de Buenos Aires, como también se mencionó el trabajo de Rosario. Yo hablo desde Ciudad de Buenos Aires, mis pies sobre un centro de salud de CABA, pero no quisiera dejar de mencionar la enorme heterogeneidad que tenemos en nuestro país y hoy en Rosario o en CABA contamos con misoprostol y podemos acompañar a las mujeres para que aborten de manera segura, pero como se mencionó recién en Santiago del Estero o como en un montón de otros lugares las mujeres mueren por abortos clandestinos, por técnicas inseguras, por infecciones generalizadas.

Entonces, quisiera testimoniar que en este marco legislativo actual, en esta ambigüedad, más allá de todo lo que tenemos como argumentativo desde lo legal, una mujer que fue atendida por el equipo de salud al que pertenezco y el equipo de salud del que formo parte tuvimos que transitar una judialización, tuvimos que transitar 14 meses de angustia por la denuncia de un varón violento que no estuvo de acuerdo con que su pareja abortara legalmente y sea acompañada por nosotras desde el centro de salud. Esta mujer relató esos 14 meses de judicializacón como una tortura, ella cada vez que tenía que llegar a tribunales a ser expuesta a pericias psiquiátricas y psicológicas y a dar cuenta de todas sus vulneraciones y volver a victimizarse, nuevamente ser violentada por el sistema judicial, ella relataba todo eso como una tortura. Y personalmente, la verdad que no fue grato estar judicializada junto con mis compañeras del centro de salud. Finalmente esta situación fue interpretada por la jueza que tuvo al azar la causa como un aborto legal, por lo tanto fuimos sobreseídas, pero fueron 14 meses de angustia y de tener que ir a dar cuenta de que nosotras habíamos hecho todo en el marco de la ley.

Entonces, en relación a esta y aunque sea autoreferencial, no quiero dejar de decir la importancia de la necesidad de avanzar y dejar de regular nuestras vidas, nuestros cuerpos y nuestras decisiones con el código penal, el aborto tiene que ser despenalizado.

En este sentido también aportar sobre la necesidad de la legalización del aborto. Hoy podemos garantizar el acceso abortos seguros bajo las causales que tenemos, más allá de estar expuestas a la judicialización, pero es muy importante la legalización porque tiene que haber políticas públicas que implementen, diseñen y monitoreen el acceso abortos seguros. Ya lo dijimos en la presentación del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo el 6 de marzo. Necesitamos producción publica de misoprostol, no podemos seguir estando presas de un laboratorio que monopólicamente produce el Oxaprost, también necesitamos la aprobación por la ANMAT de la mifepristona, junto con el misoprostol, garantizan casi el 100 % de los abortos de primer trimestre y por supuesto también necesitamos la implementación de Aspiración Manual Endo Uterina (AMEU) en todos los centros de salud y niveles de atención de todo el país. Muchas gracias.

Analía Bruno contó, durante su turno de exposición, que estuvo judicializada junto a sus compañeras de un centro de Salud por hacer un aborto legal por la denuncia de un varón violento. Durante 14 meses sufrió la judicialización