Por:

Soy Nina Isabel Brugo Marcó, provengo de antiguas familias tradicionales de Entre Ríos de gran compromiso militante en la iglesia católica apostólica y romana.

En el año 1966, siendo estudiante de abogacía en la Pontificia Universidad  Católica Argentina -Santa María de los Bs. As.- concurría a Villa Albertina de Lomas de Zamora, con otros jóvenes universitarios, bajo la orientación de sacerdotes dominicos y realizábamos reuniones de promoción social y religiosa.

Allí por primera vez me impactó el tema del aborto cuando una parejita de 17 años me consulta sobre ¿cómo y dónde realizarse un aborto? –Hecho que reprobaba por mi formación familiar y religiosa-.

Por lo que  tuve que recurrir a un teólogo de moral para responderla. Éste,  para mi gran sorpresa afirmó: “deben evaluar cuál es el mal menor”, y continuó, citando a Santo Tomas de Aquino: “antes de los tres meses no está el alma; la muerte de un embrión no formado no sería homicidio, todavía no tenemos un ser humano desarrollado ni “completo”. Para el derecho romano no había persona humana hasta el nacimiento”.

A partir de allí, la problemática del aborto -como la estimaba-  la consideré un hecho comprensible, aunque tabú,  y no para hablar en voz alta.

Sopesé que el aborto no era un asesinato, de lo contrario nuestro Código Penal con sus excepciones y los países que lo sancionan no lo hubieran avalado por considerado equivalente.

Durante y después de distintos  Encuentros Nacionales  de Mujeres presencié discusiones de personas; unas  que  aconsejaban que antes que abortar siguieran con el embarazo,  los tuvieran y dieran en adopción; las cuales recibían como repuesta: que preferían vivir el riesgo  de interrumpir el desarrollo de un embrión o feto en forma clandestina a vivir traumada  por haber incubado un ser  para  regalarlo.

Comencé a indagar más profundamente sobre el tema,  a investigar y leer estudios teóricos de distintos puntos de vista y diferentes disciplinas, que me llevaron a reflexionar y estudiar hasta llegar a ser especialista en derechos de las mujeres.

Asistí legalmente, como asesora de legisladoras y organismos gubernamentales, ongs,  sindicatos y  grupos territoriales, a quienes sufren todo tipo de violencia de género, de distintos sectores sociales, edades y niveles culturales.

Incluidas a aquellas que sufren violencia institucional al ser arrojadas a la clandestinidad para interrumpir un embarazo. Muchas eran casadas.

Hasta hace poco tiempo la violación en el matrimonio no se la consideraba un delito: en el contexto de una sociedad tradicionalmente patriarcal, existía el débito marital o conyugal al que debían avenirse las mujeres como parte del contrato matrimonial en cuestiones sexuales.

El hecho de mujeres violadas por sus maridos o parejas es mucho más usual de lo que se conoce públicamente.

También defendí a médicas que cumplieron con su deber, ante la solicitud de casos que son considerados dentro de los abortos legales o no punibles (inciso 1ro. y 2do. del art.86 del Código Penal). Médicas que sufrieron  denuncias de violentos y fueron injustamente enjuiciadas por fiscales y/o jueces dogmáticos.

Como abogada laboralista, en mi estudio jurídico contuve a cientos de mujeres  por situaciones que describí.  Todo eso me llevó a reconocer que la interrupción de un embarazo es un derecho. (Con mayúscula).

Por todas esas mujeres traigo mi experiencia y testimonio al considerar al derecho como una herramienta que contribuye a la emancipación.

No voy a repetir contenidos jurídicos -sobre el derecho a la interrupción del embarazo- porque ya lo expresaron muy bien muchas colegas que me precedieron en exposiciones; al igual que otras personas.

Ratifico y reafirmo, que interrumpir un embarazo es un derecho que está avalado en  Tratados Internacionales, que tienen jerarquía constitucional y deben ser respetados. Igualmente, la despenalización y la legislación  tienen sustento en la Constitución Nacional y toda la Legislación Nacional.

Quienes defendemos realmente la vida humana, denunciamos que miles de miles de mujeres se han visto obligadas a la realización de abortos clandestinos; violándose así su derecho humano a la salud, a su autonomía, a su libre decisión como personas en un estado laico. Esta interrupción del embarazo es también primordialmente una cuestión de justicia social, por  afectar mayormente a las mujeres más vulnerables.

Cabe resaltar que nadie va obligar a nadie a abortar. Como tampoco va a afectar a la reproducción humana ni puede considerarse control de la natalidad, porque son innumerables las mujeres que desean ser madres. Así como tampoco el divorcio vincular acabó con la familia, como se decía entonces en los años 80 (hace 43 años que estoy con el mismo esposo y nadie me ha obligado a divorciarme).

Por todo lo cual, solicitamos a las Diputadas y Diputados que  aprueben la despenalización y legalización del aborto en la Argentina.

Aquí  tienen un proyecto de ley como el realizado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que tiene un valor agregado, al ser fruto de foros, seminarios, cursos y debates, en todo el país, durante un año; cuyas conclusiones tomaron expertas que lo elaboraron: hoy tiene la firma de 71 legisladoras y legisladores de esta cámara.

Sr. Presidente ayer me llegó un mail a mi casa invitándome a realizar mi exposición  hoy que decía: “Sr. Ponente”. No soy Sr, ni lo son las mujeres expositoras de hoy, corrijan ese protocolo tan desactualizado…”