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En 1921, cuando se redactó el artículo que hoy intentamos cambiar, las mujeres éramos consideradas incapaces, pasábamos del dominio del padre al del marido, no votábamos, no legislábamos, no administrábamos nuestros bienes, no ejercíamos profesiones, ni patria potestad sobre nuestros hijos, nuestra palabra no valía y ni siquiera podíamos ser testigos en un juicio. En nuestro sistema normativo no fuimos representadas sino sustituídas, no fuimos protegidas sino tuteladas.

Quiero expresar mi agradecimiento por la oportunidad de expresar mi opinión ciudadana ante diputados y diputadas en este debate histórico, donde esperamos que se salde una deuda democrática: el debate legislativo, en la institución que expresa la pluralidad de ideas políticas de una sociedad. Histórica porque estamos discutiendo el aborto, algo que impacta en la vida de todas las mujeres, y porque esta vez nosotras estamos presentes para que consideren nuestras razones pero también nuestros testimonios y nuestras experiencias.

Hoy concluimos una extraordinaria oportunidad de audiencia pública donde hubo muchos desvíos y faltas de pertinencia, pero quedó claro que lo que se decide no es si las mujeres deben abortar o no, sino en qué condiciones lo harán. Las mujeres abortamos, la cifra es elocuente. Y también el movimiento de mujeres, a través del socorrismo, ha tomado en sus manos acompañar a las mujeres a abortar de modo seguro. El que está ausente es el Estado, y sobre eso se debe legislar. El desencuentro entre el Estado y las mujeres es lo que estamos subsanando, y esta legislatura deberá demostrar con su voto si en este encuentro nos considera o no ciudadanas capaces.

Todos queremos que haya menos abortos, pero hay que buscar el mejor camino para eso, dado que la criminalización no ha resultado eficaz para bajar el número. Pero sí ha resultado eficaz para amenazar la vida, la salud y la autonomía de todas, las que parimos y las que abortamos.

En 1921, cuando se redactó el artículo que hoy intentamos cambiar, las mujeres éramos consideradas incapaces, pasábamos del dominio del padre al del marido, no votábamos, no legislábamos, no administrábamos nuestros bienes, no ejercíamos profesiones, ni patria potestad sobre nuestros hijos, nuestra palabra no valía y ni siquiera podíamos ser testigos en un juicio. En nuestro sistema normativo no fuimos representadas sino sustituídas, no fuimos protegidas sino tuteladas.

En 1921, cuando se redactó el artículo que hoy intentamos cambiar, las mujeres éramos consideradas incapaces, pasábamos del dominio del padre al del marido, no votábamos, no legislábamos, no administrábamos nuestros bienes, no ejercíamos profesiones, ni patria potestad sobre nuestros hijos, nuestra palabra no valía y ni siquiera podíamos ser testigos en un juicio. En nuestro sistema normativo no fuimos representadas sino sustituídas, no fuimos protegidas sino tuteladas.

Es una paradoja ética: la dignidad que se ha insistido en otorgar a un embrión, un ser en gestación potencialmente humano, se nos niega desde hace siglos a las mujeres. Se desconoce nuestra condición de sujetos morales, se obstruye nuestra autonomía y se debilita el reconocimiento de nuestra ciudadanía. La exclusión y la invisibilidad de las mujeres y otras personas gestantes en un asunto que nos impacta de un modo en que ninguna ley ni prohibición afecta a los varones, tiene su ícono en un feto gigante que tomó el espacio público (y en pequeños fetos en primorosas cajitas obsequiados a los legisladores. Allí nos dicen qué somos para ellos las mujeres: NADA. Un feto de nadie, con un cordón umbilical que no lo conecta a ningún cuerpo ni persona humana, un feto wi fi cuyo centro de operaciones son instituciones confesionales y misóginas, religiosas y académicas, que aquí han hablado por nosotras .

Y no nos engañemos, los mismos que hoy argumentan en contra del derecho al aborto legal, estuvieron en contra del divorcio vincular, de la patria potestad compartida, de la educación sexual, del acceso a la anticoncepción, del matrimonio igualitario, siempre con argumentos tremendistas que fueron desmentidos por la sociedad, porque somos perfectamente capaces de hacer un uso racional de la ley. Esos segmentos de la sociedad que se autoatribuyen y ejercen con un poder de macho cruel una función de tutela sobre nosotras, nos sigue tratando como menores de edad perpetuas. Estamos aquí un siglo después y todavía se pretende que debemos demostrar que podemos tomar decisiones autónomas sobre nuestra vida.

El aborto constituye una demanda permanente del movimiento de mujeres desde el retorno de la democracia. Desde entonces nos hemos ocupado de desarmar muchas falacias, recolectar datos y evidencias genuinas y refinar nuestras razones. Muchos de esas razones han sido expuestas aquí:

Los derechos de toda persona en relación a su sexualidad pueden ser reproductivos o no reproductivos, y el Estado debe garantizar ambos tipos de derechos con políticas adecuadas.

Las mujeres somos capaces de gestar, de parir, de amamantar, pero esa capacidad no puede transformarse en una obligación. Tenemos el derecho a una maternidad deseada y no el deber de una maternidad forzada. Un embarazo deseado coincide con la voluntad procreacional, y el Estado está obligado a garantizar el respeto a ese proyecto vital. Un embarazo forzado es cuando no hay voluntad procreacional, o cuando hay obstáculos que nos dañan, y se evalúa entonces su continuidad o interrupción; y la persona gestante es quien debe decidirlo y debería tener derecho a interrumpirlo respaldada por el Estado. Recordemos que el código civil establece la prioridad de la voluntad procreacional sobre la maternidad o paternidad biológica, pero las objeciones a la interrupción del embarazo pretenden que la mera condición de gestación obligue a la maternidad, aunque sea involuntaria o amenace con un daño o sea expresamente contradictoria con la voluntad de la persona gestante, y esto afecta su libertad y su dignidad. Se nos obliga a una conducta heroica, supererogatoria, y eso no es exigible moralmente.

El punto es quién toma la decisión. Esta es la cuestión política porque involucra relaciones de poder, y porque forma parte de la construcción de ciudadanía. En este debate se decide si se reconoce el estatus moral de las mujeres para tomar decisiones autónomas sobre sus propias vidas, o continuamos bajo tutela. La autonomía sobre el propio cuerpo gestante es un derecho inalienable, por ende la clandestinización, la criminalización y la muerte por abortos inseguros no deberían ser NUNCA MÁS una política de estado.

Lo que se discute es si una mujer que aborta debe ir presa o no, y si hacerlo de modo seguro o inseguro debe depender de su estatus económico: aborto legal, seguro y gratuito. Quienes estamos a favor de la ley de interrupción voluntaria del embarazo no intentamos imponer nuestras decisiones a quienes están en contra del aborto. Y nos hemos asegurado de que ninguna mujer sea obligada a abortar, porque su consentimiento debe ser explícito. Pero quienes objetan la ley pretenden imponer sus preferencias morales e impedir que el resto de la sociedad pueda planificar su vida con otras convicciones éticas. La ética es racional y crítica, el dogma es religioso, y quienes sigan un dogma tendrán toda la libertad de no abortar.

Que la interrupción voluntaria del embarazo se legalice es un hecho político que repara la desigualdad de poder en la apropiación de las decisiones sobre los cuerpos gestantes. Que no se legalice y se perpetúen los abortos clandestinos y riesgosos también es una acción política, esta vez a favor de la apropiación de los cuerpos gestantes como medios para fines que no son propios de su decisión autónoma. Y no considerar a las mujeres un fin en sí mismas es un hecho inmoral que nos obliga a un sometimiento indigno de la condición humana.

Por otra parte, se puede defender el derecho a la vida de las personas nacidas y en etapas gestacionales sin penalizar el aborto. La vida se defiende positivamente y no mediante prohibiciones, nosotras defendemos la vida.

La legalización disminuye las muertes maternas, y también disminuye el número de abortos. La conclusión es lógica: si quieren salvar las dos vidas, como dicen, aprueben la ley de interrupción voluntaria del embarazo.