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A la escritora e investigadora Laura Arnés la golpearon, la amenazaron con romperle los brazos, le dijeron que la detenían por ser una “negra de mierda que iba a una marcha” y la arrastraron por cuatro cuadras. Dentro de la Comisaría 1ª le sacaron la ropa dos veces. Laura es una de la veintena de personas detenidas por más de nueve horas tras la movilización masiva y multitudinaria del 8 de marzo en Plaza de Mayo de Buenos Aires, Argentina.

Después de más de dos horas de finalizada la marcha 16 mujeres, una de ellas menor de 18 años, y cuatro varones fueron detenidas de manera violenta por policías uniformados pero sin identificación y hombres de civil. Algunas fueron paradas por la policía cuando salían de una pizzería. Otras mientras esperaban el colectivo para volver a sus casas. En uno de los videos registrados por manifestantes que estaban allí se ve cómo cuatro uniformados se lanzan sobre una mujer que camina sola por Avenida de Mayo y la tiran al asfalto. A la fotógrafa de un un importante diario argentino, Jose Nicolini, la llevaron entre cuatro agentes. Cada uno la agarraba de una extremidad de su cuerpo. La crueldad del método de ejecución medieval y luego colonial del desmembramiento vuelve como un eco.  Otra de las imágenes que circuló en las redes sociales muestra a una chica con balazos de goma. Los registros evidencian que hubo gas pimienta y gases lacrimógenos.

Ayer, el colectivo Ni Una Menos organizó una conferencia de prensa en la sede del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). “Se buscó disciplinar al movimiento de mujeres. Lo que quieren es generar temor a otras que intentan acercarse a las protestas”, dijo la periodista Mariana Carbajal que encabezó el diálogo con los medios. Carbajal es integrante de la Comisión Directiva del CELS y miembro del Colectivo Ni Una Menos.

“Fue una cacería policial. Las detenciones fueron violentas y discriminatorias. Hubo un descontrol policial. Fueron detenciones sin orden judicial y estas son prácticas que están prohibidas”, expresó Paula Litvachky, Directora del Área de Justicia y Seguridad del CELS, anfitriona que encabezó la conferencia de prensa. Además de Laura Arnés también habló Natalia Milduberger, otra de las mujeres detenidas.

María Rachid, del Instituto Contra la Discriminación de la Defensoría porteña, también participó de la conferencia de prensa. Rachid se enteró de la represión y fue de inmediato a una de las cuatro comisarías en las que había detenidas. Hubo vigilia en la comisaría 1ª y en la 30ª. Cuando trasladaban a las mujeres privadas de su libertad, el resto de las mujeres gritaban sus nombres para que supieran que estaban allí. Durante la madrugada se presentaron dos habeas corpus por las detenidas, ante la ausencia de información oficial y de interlocutores por parte de las autoridades. El habeas corpus abrió una causa por “apremios y vejaciones” en el Juzgado de instrucción 59, Fiscalia 59. Las causas contra las detenidas por Lesiones, daño agravado y atentado a la autoridad tramita en el Juzgado de Instrucción 35 y fiscalía 8, a cargo de Fernando Fiszer.

“En todas las horas que estuvieron detenidos no hubo ningún resorte por parte del Ejecutivo y el Poder Judicial”, señaló Rachid que anunció que presentará un pedido de informes al ministro de Seguridad de la Ciudad, Martín Ocampo.

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich y Ocampo participaron de un acto donde justificaron las detenciones. Dijeron que la policía actuó de manera “disuasiva” y que su presencia fue “leve”. Las imágenes registradas y el relato de las propias víctimas demuestran lo contrario. El intento de los funcionarios es ligar causalmente los incidentes sucedidos frente a la Catedral, cuando un grupo de personas allí reunidas se manifestaba y la policía respondió con maniobras disuasivas y represivas, y las detenciones de las 21 personas, que en su mayoría ocurrieron a una distancia mínima de 200 mts. de la Catedral metropolitana.

Investigar la represión

La Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM) y la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) iniciaron una investigación preliminar para determinar la violencia institucional. Los dos organismos están actuando de manera conjunta recibiendo los testimonios de las víctimas y los testigos de la represión. Las consultas las reciben al 4371-3407/2658/6218

Victoria Freire, Coordinadora del Observatorio de Géneros y Políticas públicas y referente de Mala Junta, con la abogada Elizabeth Gómez Alcorta presentó una denuncia contra los funcionarios involucrados por abuso de autoridad y violación de los deberes, la denuncia fue asignada al Juzgado de instrucción 59, Fiscalia 59. El listado de los denunciados está encabezado por Ocampo, el Secretario de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro, el Jefe de la Policía de la Ciudad, comisario inspector José Pedro Potocar.

El panel de la conferencia de prensa llevada a cabo en el CELS lo cerró Nelly Minyersky, abogada militante feminista. “Esta es una película que ya la vimos con Onganía, con Videla. No podemos retroceder. Hay que difundir estas denuncias y armar brigadas de abogados. Hay sectores de la sociedad que no están enterados de lo que pasa y siguen a los medios hegemónicos que no dicen nada de esto”, sintetizó.