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El Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) contabiliza un total de 37.435 desaparecidxs en México, hasta el 30 de abril de 2018.

En la noche del 26 de septiembre de 2014, los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos en Ayotzinapa, en el estado mexicano de Guerrero, fueron atacados por la policía municipal mientras viajaban en los autobuses en Iguala, otra ciudad en el estado de Guerrero. En una serie de ataques, la policía abrió fuego contra los autobuses. Mató a 6 personas, incluyendo a tres que pasaban caminando, e hirió a muchos más. El cuerpo torturado de Julio César Mondragón fue encontrado en una calle al día siguiente. Durante la serie de eventos esa noche, fueron desaparecidos forzadamente 43 estudiantes.

Desde entonces el paradero de lxs 43 estudiantes es desconocidos. “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”, es la consigna que reclaman una y otra vez sus familiares. No se trata de un caso aislado, pero sí de uno de los más emblemáticos. El Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) contabiliza un total de 37.435 desaparecidxs en México, hasta el 30 de abril de 2018.

El Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) contabiliza un total de 37.435 desaparecidxs en México, hasta el 30 de abril de 2018.

A cuatro años de la desaparición, lxs familiares de los 43 normalistas se reunieron hoy con el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, en el Museo Memoria y Tolerancia que está ubicado en la capital. El compromiso de AMLO se divide en tres puntos. Primero: habrá una Comisión para la Verdad y la Justicia; segundo, el 1 de diciembre emitirá un decreto para que toda la administración colabore con la investigación del caso; y por último, su gobierno pedirá ayuda a la ONU y la CIDH para que acompañen este esfuerzo de investigación.

A su vez, movimientos sociales, estudiantes y familiares de los estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa marcharán este miércoles para exigir justicia. “A cuatro años sin verdad, ni justicia” es el lema de la marcha, que arrancará a las 16H00 (hora local) del Ángel de la Independencia al emblemático Zócalo de la Ciudad de México (capital).

Toda la semana se prevén movilizaciones para exigir la aparición de los jóvenes. En la víspera marcharon, con antorchas, de la avenida Juárez a la esquina con Paseo de la Reforma, donde está situado el llamado Antimonumento.

La Procuraduría General de la República (PGR) se encargó de la investigación hace cuatro años. Según su versión la pareja que gobernaba la ciudad de Iguala (José Luis Abarca y María de los Ángeles Pineda Villa) tenía vínculos estrechos con un grupo del crimen organizado, Guerreros Unidos. Para la PGR las fuerzas de seguridad locales dispararon contra los jóvenes porque Abarca y Pineda Villa creían que los estudiantes iban a irrumpir en un evento público y ordenaron detenerlos.

En octubre de 2014, durante la búsqueda inicial de los jóvenes, fueron encontradas una serie de fosas comunes con supuestos restos calcinados de personas. La PGR dijo publicamente en noviembre de ese año que partes de esos restos correspondían a los estudiantes. Sin embargo, el Equipo Argentino de Antropología Forense que intervino en la investigación señaló que el gobierno le entregó restos que tienen coincidencias de ADN con uno de los jóvenes, Alexánder Mora Venancio, pero se desconoce el origen de esos restos.

Al señalar graves irregularidades en la investigación oficial del gobierno, un tribunal federal mexicano ordenó la creación de una Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia para continuar la investigación.

El 12 de noviembre de 2014, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) firmó un acuerdo con el gobierno de México y las familias y los representantes de los estudiantes para brindar asistencia técnica para el caso. Como resultado, la CIDH formó el Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independientes (GIEI), que tienen la misión de ayudar en la búsqueda de los estudiantes, la investigación de los responsables, la atención a las víctimas del ataque y sus familias y el desarrollo de políticas públicas sobre la desaparición forzada.