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La Comisión de Salud del Senado chileno se dedicará hoy a estudiar el proyecto de ley que despenaliza la interrupción del embarazo en tres causales: peligro para la vida de la mujer, inviabilidad del feto o si el embarazo producto de una violación.  Chile es uno de los siete países de Latinoamérica que prohíbe el aborto en todas sus formas. Después del paso por la Comisión de Salud, la iniciativa del Ejecutivo deberá ingresar a la Comisión de Constitución.

Los parlamentarios tienen 120 indicaciones al texto por revisar. Este es el segundo trámite constitucional que atraviesa la iniciativa y dentro de las observaciones que recibió tras su aprobación en general en la Sala el pasado 25 de enero la mayoría apuntan a la información que se le debe entregar al representante legal de una menor de 14 años para proceder a la interrupción del embarazo. 

El proyecto señala que el plazo para la interrupción del embarazo en esta causal es de 12 semanas de gestación. Cuando se trata de menores de 14 años, este plazo se extiende hasta las 14 semanas en consideración de que las niñas y adolescentes demoran más tiempo en saber que están embarazadas.

Según la organización chilena Miles, que promueve y monitorea la salud y los derechos sexuales y reproductivos, más del 60% de los jóvenes apoya el aborto por tres causales y el 22% vivió un embarazo no deseado

Desde 1931 hasta 1989 el aborto terapéutico era posible por la existencia del artículo 119 del Código Sanitario. “Se podrá interrumpir el embarazo por causas de salud de la mujer, para lo cual basta la firma de dos médicos cirujanos”, decía la legislación. Poco antes de dejar el gobierno de facto, el dictador Augusto Pinochet eliminó este artículo e impuso la Ley 18.826 que dice que “no podrá ejecutarse ninguna acción cuya finalidad sea provocar el aborto”. En ese tiempo se han presentado alrededor de 50 propuestas de ley para modificar la legislación que empuja a los cuerpos gestantes a maternidades forzadas.

El 31 de enero de 2015, durante su segundo mandato, la presidenta Michelle Bachelet envió al Congreso Nacional el proyecto de ley que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales: peligro de vida para la mujer, inviabilidad fetal de carácter letal y embarazo por violación (Boletín N° 9895-11).