AMMAR, el Sindicato de Mujeres Meretrices de la Argentina, presentó este 6 de diciembre el  informe nacional “Una mirada hacia la relación entre las fuerzas de seguridad y las trabajadoras sexuales en nuestro país”, que releva, analiza y actualiza la situación de los Derechos Humanos del colectivo, presenta las estrategias de cuidados, denuncias y organización que desarrollaron y propone, además, una serie de medidas de urgente aplicación.

Se trata de un informe elaborado junto a La Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe (RedTraSex) y  parte de un estudio integral que relevó, de trece países de la región, 5222 testimonios de trabajadorxs sexuales en relación a la violencia institucional y los abusos policiales sufridos durante el año 2016.  Además, es continuidad de un informe sobre Violencia institucional hacia mujeres trabajadoras sexuales y vulneración de derechos de la misma red de organizaciones sobre la situación en 2015, que se publicó en 2016 y que brinda saberes a partir de la descripción y sistematización de los relatos de trabajadorxs sexuales de los 14 países relevados. A partir de este trabajo, se categorizaron aspectos fundamentales donde se desarrolla violencia institucional contra lxs trabajadorxs sexuales según los actores estatales involucrados y las prácticas de vulneración de derechos que se identifican.

Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Honduras y Argentina. El estudio actual se presentó y llevó a cabo en estos trece países de la región,  mediante entrevistas personales a trabajadorxs sexuales realizadas también por trabajadorxs sexuales “con el fin de garantizar vínculos de  confidencialidad y reconocimiento entre las partes”.  Los resultados que arrojan estas 5222 entrevistas impactan y a la vez alertan sobre la escalada criminalizadora, clandestinizadora y represiva de parte de de las fuerzas de seguridad y de los funcionarios judiciales de los estados involucrados, amparados (y/o haciendo uso discrecional) de las normativas legales vigentes.

Los datos más significativos:

  • El 70% de las mujeres trabajadoras sexuales (MTS) encuestadas señaló que ha sufrido, durante 2016, al menos una situación de violencia por parte de las fuerzas de seguridad en el ámbito de trabajo.
    • Con respecto a esta violencia, más del 90% indicó que quien la ejerce es un funcionario policial (50% policía nacional o provincial, 41% provincial, municipal o metropolitana, 3% militares).
    • El 65% indicó sufrir amenazas.
    • El 76% fue víctima de lenguaje inapropiado.
    • Al 39% manosearon y un 26% tuvo relaciones sexuales con algún integrante de la fuerza de seguridad por miedo.

 

Las leyes de las violencias

“La criminalización del trabajo sexual ha sido una estrategia política que evidencia, por una parte, al Estado y las administraciones públicas en la ampliación de la intervención y el control sobre lxs personxs, orientando conductas y conduciendo sexualidades; y por otro, sirve de sucedáneo de una peligrosa y más directa criminalización y vulneración de los derechos humanos de las MTS, que trae aparejados la discriminación y el estigma social”, enfantiza el informe.

En la Argentina el trabajo sexual es legal. Sin embargo, una serie de leyes y normativas hacen que el contexto legal actual afecte directamente el ejercicio de la actividad, independientemente de la modalidad en la que se realice; pero sobre todo cuando es de manera autónoma.

La Ley de Prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas (26.842), sobre todo a partir de la reforma en 2012, resta importancia al consentimiento de las personas y elimina los medios comisivos, negación que sistematiza allanamientos por orden de la Justicia federal en espacios particulares y aplica el Programa nacional de rescate y acompañamiento a personas damnificadas por el delito de trata a todas, sin distinguir entre prostitución forzada y trabajo sexual voluntario. Según los  testimonios recabados por AMMAR en este informe, las trabajadorxs revelan toda clase de violencias y vejaciones durante los allanamientos policiales, arbitrariedades que abarcan desde insultos, malos tratos, extorsiones, coimas, robo de pertenencias, hasta abusos sexuales y violaciones. Además, la judicialización que aplica el programa de rescate somete a las trabajadorxs sexuales que ejercen voluntariamente su actividad a una serie imposible de interrogatorios, citaciones, descreimiento, demoras y detenciones en las investigaciones y/o procesos judiciales, falta de información relativa a las causas, etcétera. Todas estas violencias y formas de vulneración de derechos aparecen en los relatos de las trabajadorxs sexuales pero difícilmente, o casi nunca, son denunciadas formalmente por ellas por miedo a amenazas, represalias o violencias mayores.

El testimonio de unx trabajadorx sexual de espacio cerrado, da cuenta de las violencias que se ponen en práctica en los allanamientos: “Las psicólogas en los allanamientos no es que te tratan mal, es que no te creen. Ellas quieren que vos les contestes lo que tienen escrito y si vos no les contestas lo que ellas quieren, te dan vuelta, te dan vuelta, te forrean. Te agarran de la manito y te dicen: lo que quieras contarme, queda acá. Si querés contarme, podes contarme, y vos la mirás: ¿qué querés que te cuente? ¿A ver? Una re psicopateada mal… unas psicólogas te tienen que tratar bien… Se supone que la psicóloga te tiene que ayudar”.

Según el informe, además de la mencionada Ley de trata, la antigua Ley de profilaxis (12.331) se conserva también como herramienta de criminalización. Es la ley que desde 1937 penaliza el establecimiento de casas de tolerancia y reprime a quienes sostengan, administren o regenteen dichos locales. Por eso, en sintonía con estas dos leyes, desde 2009 varias provincias y municipios han ido sancionando ordenanzas que prohíben el funcionamiento de whiskerías y cabarets, normativas que además se tornan extensivas a “lugares abiertos al público en los cuales se realicen, toleren, promocionen, regenteen, organicen o de cualquier modo faciliten actos de prostitución u oferta sexual, cualquiera sea su tipo y modalidad”. Según el informe de AMMAR, esta ampliación implica dos consecuencias claves: una, que abre camino para la persecución de “actos de prostitución”; la otra, que son normativas que se incorporan a los códigos de faltas y contravencionales vigentes para habilitar la intervención policial (y de inspectores municipales con poder de policía) sin control judicial.

“Eran las 7 de la tarde y estaba la reja de adelante cerrada y entraron rompiendo la puerta con esos tubos gigantes,… fue terrible. Nosotras teníamos cámaras de seguridad y veíamos como entraban (…) esos tubos para romper, para reventar la puerta. Rompieron la puerta, y por el costado, teníamos una reja, se treparon por la reja. Nosotras estábamos sentadas en la cocina, una chica planchándole el pelo a otra chica. Con las armas en la mano (le gritan) a la chica (tono de grito) ´¿Qué tenés en la mano?´, la chica: ´tengo una planchita en la mano´. Yo creo que esa chica no le plancha más el pelo a nadie”, relata unx trabajadorx sexual de espacio cerrado. Los testimonios recabados en el informe son ejemplos prístinos de situaciones en que con la supuesta intención de proteger a las trabajadoras sexuales, las fuerzas de seguridad y demás representantes del Estado, acaban criminalizándolas y violentándolas.

Presentación del informe en la CTA

Códigos de faltas, detenciones y demoras

Los códigos de faltas y contravencionales permanecen vigentes en 19 provincias y constituyen otras de las herramientas legales que utilizan las fuerzas de seguridad para obstruir el trabajo callejero, para perseguir a lxs trabajadorxs sexuales y anularlas del espacio público, para vigilarlas, cobrarles multas, para realizar acciones de demoras extendidas e incluso de detenciones. Son los recursos que asisten a las fuerzas de seguridad al momento de las detenciones y demoras, y que buscan regentear la calle y la libertad de trabajo, son las razones por las cuales las compañeras son detenidas o demoradas, dice el informe de AMMAR. Mediante los códigos de faltas y contravencionales las trabajadorxs sexuales que ejercen en la vía pública pueden sufrir multas y hasta 30 días de detención arbitraria.

El Artículo 81 del Código contravencional de la Ciudad de Buenos Aires prohíbe ejercer la prostitución de “manera ostensible” —es decir, depende de las interpretaciones de las fuerzas de seguridad—,  prevé sanciones y también multas. “De las compañeras demoradas, la mayoría lo sufrieron entre 1 y 3 veces en el año (54%), lo cual a pesar de ser la menor escala de veces implica un número elevado, teniendo en cuenta que el 33% sufrió la demora entre 4 y 6 veces, lo cual sumaría un total de 87% detenidas o demoradas entre 1 y 6 veces durante el 2016, el 13% restante fueron demoradas 6 o más veces”, especifica el documento presentado por Ammar.

El 50 % de las detenciones y/o demoras fueron por averiguación de antecedentes, es decir, por presunción de criminalidad. Las detenciones duran entre 12 y 48 horas y hay testimonios que revelan hasta 6 detenciones a la misma persona en un mismo año.

Al menos un 60% de las trabajadorxs sexuales denuncian haber sido atacadas y amenazadas verbalmente por la policía y las fuerzas de seguridad al ser interrogadas. Algunas, además, denuncian solicitudes de coimas y sobornos.

 

Modalidades de trabajo sexual

Durante los tres meses de trabajo para este informe en Argentina, se relevaron 363 testimonios de trabajadorxs sexuales de las cuales el 90 % son de la modalidad de trabajo en la calle, las restantes ejercen en departamentos privados, en bares y en boliches. Son entrevistas realizadas principalmente en Capital Federal y el Conurbano Bonaerense, que arrojan resultados estadísticos pormenorizados que permiten dimensionar cuantitativa y cualitativamente la gravedad de la situación nacional actual. Por ejemplo:

Las personas que trabajan en la calle son las que sufren hostigamiento sistemático de parte de las fuerzas de seguridad. Desde abusos de autoridad, solicitud de documentación, requisas, desalojos de los espacios públicos, demoras, detenciones, discriminación, incriminación, hasta violencia física y verbal.  Además, “del total de las trabajadoras sexuales de modalidad calle encuestadas, un 90% admitió haber sufrido algún tipo de violencia por parte de las fuerzas de seguridad durante el último año.”

 

Un agravante: ser migrantxs y ser trans

El infome destaca, además, que sobre el colectivo de trabajadorxs sexuales que sufre violencia y malos tratos de parte de las fuerzas de seguridad, ser trabajadorx trans y/o migrante resulta  agravante. El 41% del total de las trabajadorxs encuestadas son migrantes, denuncian persecución y acoso con agresiones  verbales fundamentalmente racistas y xenófobas de parte de la policía.

Las requisas siempre son más violentas contra las trabajadorxs sexuales trans. Al respecto, una testimoniante, trabajadorx de espacio público relata que “hay personal femenina que son muy atrevidas, con el vocabulario, ´puto de mierda´, te dicen. ¿Qué tiene que hacer uno ahí? Y ´andate a tu casa´. A las peruanas les dicen ´volvete a tu país´ o ´negro peruano´, ´negro de mierda´(…) están solo ahí, están bardeando”.

Otro de los datos relevados en este trabajo de campo tiene que ver con los estudios con los que cuentan las trabajadoras sexuales y cómo eso aumenta la vulnerabilidad en relación a los abusos. “El 33% de TS encuestadas no supera los estudios primarios, y si a ello le sumamos aquellas que no completaron el secundario estamos hablando de un 60% de la muestra”

 

Salud sexual y reproductiva

Además, el informe de Ammar junto a la RedTraSex incorpora un estudio realizado por Amnistía Internacional en relación a los impactos negativos de la penalización del trabajo sexual y la aplicación de sanciones en los Derechos Humanos entre los que figuran: “el derecho a la vida, la libertad, la autonomía y la seguridad de la persona; el derecho a la igualdad y la no discriminación; el derecho a no sufrir tortura o trato o pena cruel, inhumano o degradante; el derecho a la intimidad; el derecho al más alto nivel posible de salud; el derecho a la información y la educación; el derecho a la libertad de opinión y expresión; el derecho a una vivienda adecuada; el derecho a unas condiciones de trabajo justas y favorables; el derecho a la vida familiar y a fundar una familia, y el derecho a la reparación por abusos contra los derechos humanos. Los datos indican que la penalización interfiere en el derecho de las trabajadoras y los trabajadores sexuales a servicios médicos e información sobre la salud y lo socava, en especial la prevención, el análisis y el tratamiento de las infecciones de transmisión sexual (ITS) y el VIH. Se ha demostrado específicamente que la penalización del trabajo sexual socava directamente los esfuerzos globales de prevención del VIH, por ejemplo, en muchos países, la policía a menudo confisca y cita el uso de preservativos como prueba de delitos de trabajo sexual, con lo que desincentiva su uso y pone en un mayor peligro el derecho al más alto nivel posible de salud. Se ha reconocido que la penalización de las actividades sexuales consentidas entre personas adultas viola la obligación de los Estados de respetar el derecho a la salud sexual y reproductiva, ya que constituye un obstáculo jurídico que impide el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva”.

 

Impacto en medios de comunicación

También se detallan en el informe los impactos negativos que tienen las políticas en torno a los medios de comunicación, el decreto que prohíbe anuncios de ofertas de servicios, por ejemplo, o la prohibición en la Ciudad de Buenos Aires de repartir volantes publicitarios.

Asimismo trabaja en el análisis del rol activo de los medios de comunicación a la hora de reproducir y reforzar estigmas y estereotipos contra las trabajadorxs sexuales, a la hora de victimizarlas o legitimar la criminalización de la actividad.

Como ejemplo, se cita el siguiente fragmento tomado de una nota de 2016 del diario La Nación:

“A plena luz del día. Cuando los chicos entran o salen de la escuela. A la hora en que los vecinos van a hacer sus compras o sacan a pasear a su perro. Bajo el sol y a la vista de todos, hasta de la policía, la oferta de sexo en el barrio porteño de Constitución no se detiene. Las prostitutas dominan la calle. Invaden las esquinas con poca ropa y hasta abren sus sacos para mostrar el cuerpo cuando algún potencial cliente camina por su vereda. Nada importa. Ni siquiera si algún menor con guardapolvo blanco camina con su mochila por el lugar. Lo que vale es atraer al ´cliente´ como sea. Y al demandante de sexo tampoco le importa mucho el contexto, ni los vecinos, ni los chicos (…) Cansados de la situación, vecinos y comerciantes de Constitución se quejan, hacen denuncias en la comisaría 16, en el gobierno porteño, en la comuna 1 y en la fiscalía de la ciudad, pero por el momento nadie les da una respuesta. ´Están todo el día, la policía parece que las protege a ellas y no a nosotros´, afirma Mario Alderete, que lleva 40 años en el barrio. ´Hace dos semanas estuvimos reunidos con Horacio Rodríguez Larreta, con la gente de la comuna y con la policía; se pasan la pelota unos a otros. No hay soluciones concretas. Nuestras denuncias nunca tienen relevancia´, dice, enojado”.

 

Estrategias de autocuidado

Ammar desarrolló, además, algunas estrategias de denuncia y organización colectiva para resistir o contrarrestar la violencia institucional que sufre el colectivo. La Línea roja, una línea de comunicación con la organización (gratuita) para denuncias de situaciones de violencia y vulnerabilidad que derivó en la PUTYSEÑAL, un aplicación abierta para los teléfonos móviles que aporta desde manuales de procedimiento ante situaciones de hostigamiento y violencia por parte de las fuerzas represivas, hasta un botón de alerta para acudir a un grupo de abogadxs militantes. La Línea roja ha permitido también la compilación de datos a partir de los relatos y denuncias que allí se recibieron.

Además, elaboraron un programa de sensibilización de las fuerzas de seguridad mediante talleres que ellas mismas realizan para formar a estas instituciones sobre la no ilegalidad del trabajo sexual, para ajustar los procesos a los Derechos Humanos.

 

A partir de los resultados que arroja “Una mirada hacia la relación entre las fuerzas de seguridad y las trabajadoras sexuales en nuestro país”, así como su recorrida por los informes anteriores, AMMAR  sintetiza una serie de propuestas y sugerencias hacia el estado nacional y los estados provinciales; demandas y urgencias que las trabajadorxs sexuales organizadas del país sostienen desde hace años en relación a la violencia institucional: reconocimiento del trabajo sexual; derechos laborales; derogación de los Códigos de faltas y Contravencionales; modificación de la Ley de Trata que desconoce el consentimiento y no distingue trata de trabajo sexual; acceso a la salud integral, no discriminatoria y de contención; reconocimiento de la personería gremial para el sindicato.

Link al Informe 2016: http://www.ammar.org.ar/IMG/pdf/informe_violencia_institucional_ammar_argentina.pdf