Pasó el 2017, pasó la resistida reforma previsional, y el ritmo de la reforma permanente no se detiene. El tenor de estos meses puede leerse en la clave de lo que David Harvey llama la lógica de “destrucción creativa” propia de las reformas estructurales de neoliberalización de los Estados y las economías que, entre rupturas y continuidades, delimitaron las estrategias de restauración y reconfiguración del poder de las clases dominantes desde fines de los 70 en adelante. Nada de lo que ocurre hoy en la Argentina es estrictamente novedoso, pero a la vez sí, en su revés restaurador ortodoxo neoliberal.

 

En la antesala de otros meses de conflictividad social se prepara una reforma laboral que promete desdibujar los contornos de la relación capital- trabajo tal como los conocimos hasta ahora en el derecho laboral argentino desde la Constitución de 1949. A la vez, masas de activos bursátiles no cesan de estar al alza, en el frenesí de operaciones que colocan a las empresas más cotizadas del mercado ante un banquete cuidadosamente elaborado desde el 2015: llegó la hora de tomar el sistema previsional y sus capitales -declarados de utilidad pública por el gobierno anterior y ahora liberados a la timba por decreto- por asalto. Salir a vender los fondos del sistema previsional mientras el dólar sube y baja y sube y los beneficios se cuentan por cientos de miles de millones de dólares. La Reforma Laboral y la desregulación del sistema de salud que se avecinan completarán el panorama con la flexibilización del empleo y la baja del costo de las indemnizaciones. Las obras sociales pueden ser una prenda de negociación con los sindicatos más importantes, amenazados a la vez por el fin de las paritarias y la baja de personerías gremiales.

 

Otro verano de despidos

Según un informe del Centro de Estudios de Política Argentina (CEPA), los despidos y suspensiones en el último mes de 2017 fueron alarmantes. Los despidos del sector público alcanzaron los 1.904 casos, “motorizados por el Poder Ejecutivo Nacional, junto con organismos descentralizados de la administración y la Provincia de Buenos Aires”. A la vez los despidos en organismos descentralizados fueron  654, 557 en la Administración Pública Nacional, repartidos entre distintos Ministerios; y 564 despidos provinciales, que se concentran exclusivamente en distintas áreas del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Pero diciembre fue solo la antesala de un enero sombrío: el INTI, el SENASA, la Secretaría de Integración Social y Urbana de la Ciudad de Buenos Aires, Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT), el Programa de Coros y Orquestas del Bicentenario, y la promesa con que Cambiemos anticipa febrero y marzo: una reducción del 20% en el gasto público que se intenta disfrazar de austeridad en la contratación de familiares de funcionarios pero que, lógica y experiencia mediante, sólo anuncia más penurias para lxs empleadxs estatales.

Si nos remontamos a noviembre, entre ese mes y diciembre los medios públicos fueron desguasados: el 60% de trabajadorxs de Encuentro, Pakapaka y DeporTV fue echadx o pasadx a retiro. El archivo Prisma -que contiene alrededor de doscientos mil documentos audiovisuales- dejó de ser de acceso gratuito. La TDA cerró y dejó en la calle a 180 trabajadorxs. El anuncio de que se reducirá en un 20% el gasto mediante la eliminación de cargos jerárquicos (se trata de 3500 puestos) también perjudicará a una importante masa de trabajadorxs de lxs 210.000 con que cuenta la administración pública nacional, ya que el plan completo abarca la eliminación de un total de 70.000 contratos renovables, mucho más que el sector jerárquico con el que se intenta mostrar un rostro austero donde el esfuerzo lo haría “la política”.

El efecto disciplinador de la espectacularización con las detenciones de funcionarios del gobierno anterior acusados de diversos delitos ligados a la corrupción, sumada a la sanción de una Reforma Previsional que, represión feroz mediante, logró avanzar, tornó difícil para la ciudadanía distinguir dónde empieza el plan de austeridad y el proyecto de “unir a los argentinos”, y dónde empieza el desbaratamiento de programas y secretarías -sobre todo aquellos de perfil territorial, como es el caso de los despidos de trabajadoras en la Secretaría de Integración Social y Urbana, el organismo del Gobierno de la Ciudad encargado de la ejecución del proyecto de urbanización de la villa 31, una de las supuestas “perlas” del urbanismo PRO que embelesó a tantos sectores porteños con su promesa de ciudad neomoderna.

Según Laura Jolías, delegada general de la junta interna de ATE de esa secretaría, “muchas familias se quedan sin acompañamiento de las trabajadoras, también quedan diagnósticos inconclusos. Hay muchas manzanas que iban a ser relocalizadas por el proyecto de bajo autopista -que conectará las autopistas Illia y Buenos Aires- La Plata, reubicando los núcleos habitacionales que hoy se encuentran al borde de la Illia- y hoy día no hay una trabajadora social”. Los despidos de las diez trabajadoras de la Secretaría le restan al proyecto de urbanización del Jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta una pata fundamental en cuanto a la sensibilidad y el amparo estatal para con las personas que serán reubicadas en otras viviendas.

El lenguaje es siempre el mismo. “Optimización de las dotaciones”, “austeridad”, “hacer un esfuerzo entre todos los argentinos” y la siempre efectiva apelación a la pesada herencia como causa de todos los males. “La Intervención ha decidido confrontar la burda operación de los victimarios de nuestro yacimiento, quienes por más de 15 años han contribuido a su destrucción y su vaciamiento”, dijo a un matutino amigo Omar Zeidán, el interventor de Yacimientos Carboníferos de Río Turbio después de disponer el envío de 400 telegramas de despido. En este momento siguen llegando telegramas: en los últimos días fueron 12 nuevos despidos los que se registraron.

 

Reforma del E$tado

En una conversación con LATFEM, Laura Sotelo -responsable de género de ATE Capital- analizó: “cualquier modificación a la legislación y a los convenios colectivos es gravísima, pero además hay flexibilizaciones de hecho, como las quitas de presentismo del año pasado. Hay cosas graves en el DNU que modifica legislaciones. No estamos pudiendo discutir el salario, quieren destruir a las organizaciones sindicales para negociar los salarios a la baja. Eso también les da estabilidad, porque para el rumbo económico encarado necesitan organizaciones sindicales disciplinadas”. Sotelo se refiere, entre otras cosas, al DNU 27/2018 del 11 de enero pasado, que el gobierno tiró como una bomba sorpresa en el mes más propicio para evitar reacciones contundentes por parte de las oposiciones. El decreto entre otras cosas autoriza a la Anses a “constituir y/o estructurar fideicomisos, financieros o no, alquilar o prestar títulos y acciones y, en general, a realizar toda otra operación propia de los mercados financieros y bursátiles permitidas por las autoridades regulatorias” haciendo uso del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (el fondo se compone de los activos financieros que la Anses administra y que es parte del Sistema Integrado Previsional). El Fondo -que el gobierno anterior por ley había declarado de utilidad pública-  fue creado en 2009 tras el fin de las AFJP y está compuesto por distintos activos entre los que se cuentan 46 empresas privadas. Una de las que más crecieron desde el 2015 es Mirgor (aires acondicionados, automotriz y otros rubros) de Nicolás Caputo, junto con Techint y Macro. El objetivo del DNU es claro: habilitar la compra y venta bursátil de los activos para sacar tajada según la danza del dólar. El negocio es redondo: compran acciones con plata de empresas que son propiedad de la Anses. La Anses es poseedora del 22% de las acciones de Mirgor, del 31,5% de Macro y del 26% de Techint, por mencionar las más destacadas. La reforma del Estado además está ensamblada como un sistema de relojería: en 2016 Caputo fue nombrado Vicepresidente del Merval a través del apoyo del Prezidente mismo.

 

La libertad sindical en riesgo

 

Este panorama se complementa con una doble tendencia: por un lado la deslegitimación de los sindicatos mediante la publicitación de casos ejemplificantes como el del titular del Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (Soeme) Marcelo Balcedo, acusado de presunto desvío de fondos y lavado de dinero. Balcedo es un sindicalista cercano al macrismo y miembro del hoy enrarecido articulado de las 62 Organizaciones: de esta forma el mensaje entra en sintonía con la idea de “tocar a los propios” y “dejar heridos”, al igual que con la baja de las designaciones a familiares de funcionarios. Mediante la difusión de este tipo de casos la prensa logra asociar gremio y persona de una forma que resulta en el desprecio hacia cualquier organización de lxs trabajadorxs. Algo similar a lo que ocurre con la militancia kirchnerista y de izquierda cuando se la asocia en su totalidad a los hechos de corrupción o a las provocaciones violentas que inician las fuerzas de seguridad en las movilizaciones. Por otro lado, existe una tendencia a fragmentar y “depurar” las organizaciones gremiales existentes, negociando con algunas y eliminando otras. En el Ministerio de Trabajo se encuentran registrados 3.263 sindicatos, 1.668 con personería y 1.595 con inscripción simple. En diciembre, una resolución del Ministerio de Trabajo dio de baja la personería de 450 entidades. De esta forma, el gobierno abre también una nueva línea de negociación con las organizaciones de trabajadrxs donde se plantea como prenda de intercambio la supervivencia o la muerte legal. También en este caso se habla de normalizaciones, frenos al caos y a la multiplicación de entidades que dejó la gestión anterior y toda la batería semántica del giro autoritario neoliberal, que funciona a múltiples niveles en una democracia de baja intensidad.

 

El próximo 21 de febrero se llevará a cabo una concentración contra la Reforma Laboral en el Obelisco, convocada por sectores de la CGT, la izquierda, el kirchnerismo, los movimientos sociales nucleados en la CTEP y Barrios de Pie, diversos espacios del feminismo, la CTA y otros sectores.

 

Desde la asamblea feminista de organización del 8M-Paro Internacional de Mujeres, diversas voces insistieron en que ese espacio sea parte de la enorme concentración que abre otro año de resistencia. Este viernes distintas sindicalistas y trabajadoras no sindicalizadas en conflicto se acercaron a la asamblea para impulsar desde allí una convocatoria unitaria, plural y feminista. En un proceso en el cual las trabajadoras despedidas vienen siendo las grandes protagonistas, la alianza entre las sindicalistas y las trabajadoras no remuneradas resulta central. En esa alianza se tejen caracterizaciones comunes en torno a la reforma previsional y la reforma laboral, y por ello el paro es transversal.

Según Vanesa Siley, “nosotras queremos que el 21 de ferber se declare como continuidad de lucha del campo popular al 8 de marzo como un paro efectivo en todo el pais. En eso tienen que colaborar las organizaciones sindicales. Las mejores sindicalistas esperamos del 21 de febrero ese resultado”. En la asamblea feminista del viernes 16 de febrero tanto ella como Estela Diaz llamaron a adherir a la movilización del 21.

Quizás algo de ello sea leído desde los distintos sectores como una señal de que el feminismo es un movimiento de gran importancia para el análisis y la producción de las convocatorias que se vienen.