Cuando todavía en Argentina las mujeres no tenían derecho a votar, la provincia de San Juan por medio de una reforma electoral permitía el sufragio femenino. Así, en 1934 la abogada Emar Acosta se convirtió en la primera legisladora en toda la historia de su país y de América Latina y el Caribe. A los 34 años esta abogada y jueza, fue electa como diputada provincial por el primer distrito de la ciudad de San Juan, por el Partido Demócrata Nacional. Su elección se convirtió en noticia y llegó a las páginas de The New York Times. 83 años después en tanto el colectivo de mujeres, lesbianas, travestis y trans desborda las calles, plazas y asambleas en manifestaciones masivas cada vez que se lo propone, los Estados latinoamericanos siguen hegemonizados por varones, la paridad sigue siendo un horizonte lejano y los partidos políticos son un “cuello de botella” para la plena participación de las mujeres. Avances y retrocesos en gobiernos y parlamentos mientras en las calles las mujeres gritan “poder popular” y plantean otra forma de tramar política por fuera de los carriles institucionales. Sin nosotras, ¿puede haber plena democracia?

En 1929 Ecuador y Puerto Rico se convirtieron en los primeros países de América Latina y el Caribe en otorgar el derecho al voto las mujeres. Abrieron, así, las puertas a la participación política y ciudadana. Hagamos cálculos. No fue hace tanto: 88 años. Paraguay fue uno de los últimos países en incorporar el sufragio femenino: lo hizo recién en 1961. Otra vez la calculadora: hasta hace 56 años las paraguayas no podían elegir a sus representantes.

Hace apenas dos años en América Latina y el Caribe cinco mujeres dirigían sus respectivos países en Argentina, Brasil, Chile, Jamaica y Trinidad y Tobago: Cristina Fernández, Michelle Bachelet, Dilma Roussef, Portia Simpson Miller y Kamla Persad-Bissessar. De ese quinteto hoy solo queda Bachelet.

La continuidad del patriarcado puede leerse en esta histórica subrepresentación que sufrimos: gobernadas y representadas por identidades que no menstrúan, no maternan, no sufren acoso callejero ni violencia sexual, no se ocupan de las tareas domésticas ni los cuidados de lxs niñxs y viejxs ¿Qué representación pudimos obtener en esos términos?

En 1991 la Argentina fue pionero en establecer una ley de de cupo femenino para el Congreso. La ley 24.012 estableció que “las listas que se presenten a elecciones deberán tener mujeres en un mínimo del 30% de los candidatos a los cargos a elegir y en proporciones con posibilidades de resultar electas“. El impacto fue enorme: en la Cámara de Diputados la participación de las mujeres pasó de 5% a 14% tras las elecciones legislativas de 1993 y llegó a 30% en 2001. Las senadoras pasaron de ser el 5% al 40% a la fecha.Tras las últimas elecciones en 2015, el 34% de lxs representantes son mujeres. La participación de mujeres fue un salto cuantitativo pero también cualitativo. La aprobación de leyes como la ley de cupo sindical femenino, la ratificación del protocolo facultativo de la CEDAW, la ley de salud sexual y reproducción responsable o la ley de protección contra la violencia de género, entre otros muchísimos ejemplos. El problema es que ese cupo se convirtió en un techo y es por eso que hoy la paridad 50/50 está en debate.

Hasta el momento, en América Latina y el Caribe, 16 países han aprobado leyes de cuotas de algún tipo y 6 incluyen la paridad en Congresos, Cámaras de Diputados y/o Senadores y/o Asambleas Legislativas Nacionales (Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, México, Nicaragua). Y en el caso de Panamá hay ley de paridad que rige para las elecciones internas de partidos políticos y primarias. Esos logros se dieron en el período que fue de 2008 a 2014.

A nivel mundial las mujeres en los parlamentos representan el 23.4%. Con el foco puesto en regiones los países nórdicos están a la cabeza con el 41,7%. Y en las Américas las diputadas y senadoras son el 28,2%. Además de estar encima de la tasa global, las latinoamericanas estamos dos puntos más que las europeas.

Para junio de 2016, según ONU Mujeres, solo dos países en el mundo tienen un 50 por ciento o más de mujeres en el Parlamento, ya sea en cámara individual o baja: Ruanda con el 63,8 por ciento y Bolivia con el 53,1 por ciento. En la performance paritaria a nivel regional,  atrás de Bolivia están Cuba con el 48, 9% y México con 42,4%. En el peor puesto de todos se encuentra Haití con un parlamento cien por ciento masculino.

Si se observa el porcentaje de mujeres alcaldesas electas en América Latina y el Caribe la mayoría de los países presentan cifras por debajo del 20% y el promedio regional llega solo al 12,3%, de acuerdo al último relevamiento del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe de la CEPAL. Es decir, solamente 2,2 puntos porcentuales más que el promedio que se había alcanzado en 2010. Uno de los casos paradigmáticos es Nicaragua es hoy el caso de mayor éxito en términos de presencia femenina en el comando de alcaldías, y esto se debe a una ley aprobada en 2012 que establece la implementación de la paridad de género en la presentación de las listas de candidaturas a elecciones municipales. El país aumentó de un 8.6% de mujeres alcaldesas en 2008, año de sus penúltimas elecciones, a un 40.1% en 2012, año de las últimas elecciones municipales y con la ley de paridad vigente. Uruguay, uno de los únicos seis países de la región con tasas superiores al 20%, logró pasar de la completa ausencia de mujeres en los puestos máximos del ejecutivo local en 2005, al 24,7% en 2010.

El mapa de Mujeres en Política de la ONU, actualizado a enero de 2017, refleja que las mujeres tienen solo un 18,3% de los cargos ministeriales en el mundo. El problema es que los sectores que dirigen principalmente son Medio Ambiente, Recursos Naturales, Energía, Familia, Infancia y Juventud, Asuntos de la Mujer, Educación, Cultura y Empleo.

El mapa advierte sobre avances lentos y un estancamiento que plantea que la paridad podría llegar recién dentro de 50 años. Según este mismo relevamiento en 2017, América logró avances importantes: la tasa de representación femenina se incrementó hasta el 25%, frente al 22,4% de 2015, lo que supuso una nueva cifra máxima regional.

La falta de paridad y la subrepresentación de las mujeres, lesbianas, travestis y trans en la política tradicional debe ser leída en una cadena de desigualdades y obstáculos que los varones no tienen en su camino al ejercicio del poder: la brecha salarial, el trabajo doméstico no remunerado y las tareas de cuidado, las tasas de desempleo, pobreza y trabajo informal. Las leyes de cupo, paridad y 50/50 no garantizan Estados feministas pero empujan una democracia más representativa. Las propuestas político-partidarias que no tienen en cuenta criterios paritarios son anacrónicas, le dan la espalda a la contemporaneidad y la vitalidad que vive el movimiento de mujeres como sujeto político.

Mientras en el mundo los Estados se patriarcalizan y se demandan legislaciones que posicionen más equitativamente a las mujeres, es evidente que no esperaremos los 50 años de paridad. “Ahora que estamos juntas” y “ahora que sí nos ven” seguimos construyendo “poder popular” tramando entre nosotras, potenciando las redes de mujeres en sindicatos, espacios de trabajo, de estudio, en los barrios. En el feminismo popular no hay “cuello de botella”, hay lugar para todas.