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Desde 1993 al 2000 hubo 211.000 mujeres esterilizadas en Perú que no recibieron información completa y 25 mil no fueron informadas sobre método irreversible. La mayoría quechuahablante, analfabeta y en situación de pobreza. El número se desprende de un escrito presentado por la organización Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer ante el despacho del fiscal superior Luis Landa. Se trata de pruebas de que las esterilizaciones forzadas deben ser denunciadas como crímenes de lesa humanidad. “Sabemos que este caso trasciende del plano jurídico al político, esperamos que no interfiera el plano político y se evalúe de manera concienzuda que aquí toca investigar judicialmente a los responsables”, sostuvo Milton Campos, abogado de DEMUS.

Un equipo de DEMUS recopiló y revisó documentación entregada al Ministerio Público durante más de 14 años y que, sin embargo, no había sido tomada en cuenta. En la investigación también se ha recibido el aporte de expertos en salud pública como Camila Gianella, investigadora del Instituto CHR Michelsen de Noruega.

“Con toda esta evidencia exigimos que el fiscal superior Luis Landa haga la denuncia de esterilizaciones forzadas como crimen de lesa humanidad. Levamos 20 años esperando justicia. Lamento que lo fiscales hayan guardado tanta documentación. ¿Por qué no pasa al juzgado de una vez?”, señalaron las víctimas Victoria Vigo (Piura), Dionisia Calderón (Ayacucho), Nilda Guerrero (Piura), Ruthe Zuñiga (Anta, Cusco) e Inés Condori (Chumbivilcas, Cusco). Este informe se presenta ante la posibilidad de indulto a Fujimori por parte del presidente Pedro Pablo Kuczynski.

Nilda Guerrero fue víctima de una esterilización forzada en la ciudad de Piura. “A mí me esterilizaron cuando yo aún estaba en el colegio. Yo le conté a mi profesora, ¿qué te han hecho?, me dijo. Hay muchas mujeres más así como mi caso.  Quiero decirle a PPK que cumpla el compromiso que firmó con nosotras las mujeres esterilizadas durante su campaña y que se acuerde también al señora Mercedes Aráoz que estuvo con nosotras. Sería falta a la justicia otorgar indulto a Fujimori”, dice su relato que acompaña el documento.

Las esterilizaciones forzadas fueron parte del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar del gobierno de Alberto Fujimori. A las mujeres se las acusaba de tener hijos, se les mentía que podían ir a la cárcel si no accedían a la intervención, amenazaban con quitarles los programas sociales de apoyo o les ofrecían ayuda económica a cambio. Se desplegaban distintos métodos de coerción en un contexto atravesado por la pobreza, la violencia del conflicto armado interno y la ocupación militar en el territorio campesino.

Las nuevas pruebas, según DEMUS, determinan delitos: crimen de lesa humanidad, autoría mediata al establecer la cadena de mando liderada por Fujimori, exministros, directores de salud, coordinadores regionales, jefes de centros de salud; la vulneración al consentimiento de las mujeres.

 

  • Diferencias en la edad de esterilización entre mujeres urbanas y mujeres rurales; mujeres de habla castellana, quechuahablantes  y aymaras. Observaron que a diferencia de las zonas rurales, la edad de esterilización fue menor en las mujeres quechuahablantes. Casi el 11 % de las mujeres esterilizadas entre 1995 y el 2000 de zonas rurales tenían 25 años o menos, mientras que el 15,6 de las mujeres quechuas esterilizadas en el mismo periodo de tiempo tenían 25 años o menos. Hay que señalar que la esterilización no era un método recomendado para mujeres menores de 25 años de edad.
  • Se observa que en 1996 las Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV) fue el segundo método más repartido después de los dispositivos intrauterinos (DIU).  Es decir existe evidencia de que, sobre todo en los años 1996 y 1997 las AQV’s fueron priorizadas por encima de otros métodos anticonceptivos.
  • Un ataque sistemático. Antes de la reforma de la Ley Nacional de Población del año 1996, las ligaduras de trompas y vasectomías estaban prohibidas como método. Fujimori envió al Congreso con carácter de urgencia el decreto de Reforma de la Ley de Población de 1985. Se aprobó sin debate parlamentario. Se incorporó ligaduras como método. En 1197, primer año del cambio de ley ligaduras llegan a 100.000. Año que registra pico más alto.