Por: Fotos: Mariano Armagno

La detención arbitraria de Belén trata de criminalizarla por acompañar un parto domiciliario. Es una medida de adoctrinamiento hacia la libertad de elección en lo que respecta a la sexualidad. La Justicia castiga el hecho de elegir parir por fuera del sistema hegemónico y patriarcal.

Belén, una partera licenciada enfermería y obstetricia por la Universidad de Tucumán, acompañó un parto hogareño en San Luis en septiembre de 2014. El proceso terminó en una muerte perinatal en la maternidad Cerhu en la capital de esa provincia. La mortalidad perinatal es la muerte del feto o recién nacido desde las 28 semanas de embarazo hasta la primera semana de vida 7 días. Tres años después de ese parto, Belén fue detenida en la puerta de su casa en el barrio porteño de Boedo por un agente de la Policía de la Ciudad. A pesar de que la muerte ocurrió en una clínica provincial, la única detenida es ella. Acusada y castigada por acompañar un parto libre de violencias.

La orden de detención salió del Juzgado de Instrucción Penal N°1 de San Luis a cargo de Eduardo Cadelago Filippi. Se la acusa de los delitos de homicidio culposo con lesiones gravísimas. El impulsor de la denuncia fue, según fuentes judiciales, Luis Gonella, que en 2014 era Director de la Maternidad Provincial Teresita Baigorria.

“Contactar a Belén le tomaba 5 minutos a la justicia de San Luis, sin embargo elevaron la orden de captura ante un intento fallido”, dijo a LATFEM Federico Aliaga, abogado defensor de la Buenos Aires. En la provincia de San Luis, por cuestiones legales, el caso lo sigue el abogado José Olguín.

La detención arbitraria de Belén trata de criminalizarla por acompañar un parto domiciliario. Es una medida de adoctrinamiento hacia la libertad de elección en lo que respecta a la sexualidad. La Justicia castiga el hecho de elegir parir por fuera del sistema hegemónico y patriarcal.

La detención arbitraria de Belén trata de criminalizarla por acompañar un parto domiciliario. Es una medida de adoctrinamiento hacia la libertad de elección en lo que respecta a la sexualidad. La Justicia castiga el hecho de elegir parir por fuera del sistema hegemónico y patriarcal.

Las razones por las que la familia que acompañó Belén decidió esa opción son personales, aunque se enmarcan en un contexto adverso: la violencia obstétrica está totalmente protocolizada e institucionalizada. La mayoría de las instituciones médicas ejercen violencia: se desconoce la fisiología del parto y se practican cesáreas de rutina, siendo todas las prácticas de intervención sobre las cuerpas de las gestantes y lxs recién nacidxs realizadas sin información previa. En general, no existe el respeto por las necesidades físicas (comer, tomar, moverse, mojarse) ni psicológicas (estar acompañadas o en soledad, compartir miedos y alegrías, llorar, reir, gritar). No se cumple, por lo tanto, la vigencia de la Ley 25.929, Ley de parto humanizado, reglamentada desde 2015. Tampoco la ley 25.485 que incluye a la violencia obstétrica como violencia de género.

Belén también acompañó, aquel 3 de septiembre de 2014, a esta pareja a la institución cuando el proceso de parto lo requería, según su mirada profesional, para solicitar la intervención quirúrgica de la cesárea ante la aparición de patología. Después de las asistencia en domicilio, se dirigieron hasta el Centro de Salud Cerhu. La institución no solo no garantizó el derecho a la salud, sino que desestimó la palabra de Belén, la profesional que venía acompañando el procedimiento. Y castigó a la mujer que había elegido parir en su casa intentando proseguir con un parto vaginal realizando la maniobra de kristeller que “según opina la OMS, es una práctica poco segura y no recomendada. Incluso, la considera anticuada y algo riesgosa, ya que una maniobra mal hecha podría provocar graves problemas como el desprendimiento de la placenta y ruptura uterina, o bien, fracturas en el bebé”.

Luego de realizada la cesárea, la mujer fue trasladada a la Maternidad Provincial Teresita Baigorria donde se le extrajo el útero. El resultado es la muerte perinatal, la pérdida del útero de la mujer, la partera imputada de homicidio culposo y ahora detenida.

La Comisión Directiva de la Asociación Argentina de Parteras Independientes comunicó a través de su cuenta de Facebook: “…queremos expresar nuestra solidaridad a la Lic. Belén Weber, activista por el derecho del nacimiento que acompaña acciones de AAPI, desde hace varios años. Fue detenida el pasado miércoles por “errores” burócrata judicial que conllevan a que no fue anoticiada de las citaciones a declarar en una causa radicada en San Luis del 2014. Belén como cualquier ciudadano que transita un proceso judicial goza de su principio de inocencia en una causa que está en investigación. Por tanto entendemos la responsabilidad que implica hacer pública cualquier comentario enjuiciado…”.

Mientras, Belén se encuentra detenida y alejada de su hijo de dos años de edad. Distintas organizaciones están recaudando dinero para ayudar a la partera a costear abogados y trámites para su defensa.

¿En qué momento la corporación médica realiza una denuncia penal contra Belén? ¿Con qué fundamentos es Belén la única imputada y no así los médicos y médicas que asistieron el caso en la primer clínica privada? ¿Es acaso el hecho de que Belén sea la profesional que acompaña un parto en domicilio el causante de su imputación?

En la actualidad el parto planificado en domicilio se encuentra dentro de una gran nebulosa gris de legalidad. Desde 2015 la Asociación de Parteras Independientes piden una nueva ley que regule el ejercicio de la profesión de licenciadxs en obstetricia tanto en los partos en institución como los domiciliarios en la Ciudad de Buenos Aires, en un contexto donde son cada vez más las mujeres y gestantes que eligen esta opción. La normativa vigente coloca a lxs parterxs en un lugar de meros ayudantes de lxs médicos obstetras sin jerarquía para realizar determinadas prácticas vinculadas al acompañamiento del parto, aún siendo lxs más capacitadxs. La problemática de este gris es que tiñe de clandestinidad los desenlaces de los partos y nacimientos en casa en caso de necesitar un traslado a un centro de salud ya que esa articulación se ve interrumpida por las características de cada servicio y guardia de obstetricia, la falta de información acerca de la fisiología del parto y los prejuicios hacia el derecho de decidir dónde, cómo y con quién parir que llevan directamente a una criminalización de las parteras y de las mujeres y familias que eligen esta opción. En ese sentido, un informe de AAPI arroja que entre 2011 y 2015 “el 91,8% de los 1127 casos de parto domiciliario que fueron relevados finalizó de forma normal”. A su vez, el grupo especializado Forteleza 85 señala un porcentaje menor al 1% de derivaciones en situaciones de emergencia, siendo la mayoría en condiciones de salud, por cansancio, falta de progreso o decisión de la familia. Con respecto a las instituciones privadas, no hay casi números oficiales de estadísticas de muertes perinatales y muertes de mujeres en proceso de parto, como tampoco de cesáreas y complicaciones derivadas de las intervenciones realizadas.

La imputación y posterior detención de Belén constituyen un claro retroceso en torno al desarrollo de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y personas gestantes, al derecho a tener un parto respetado y a la reinvidenciación sobre la hegemonía de nuestros cuerpos y nuestra sexualidad.