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Según el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) las vulnerabilidades asociadas con el VIH para las mujeres y las niñas están estrechamente vinculadas a las desigualdades de género en el ámbito político, económico y social, así como a la violencia machista y el abuso sexual.

Se estima que para 2016, 540.000 mujeres mayores de 15 años vivían con VIH en América Latina, de las cuales 73.000 eran mujeres jóvenes entre 15-24 años. En este año, se estimaron 27,000 nuevas infecciones por VIH en las mujeres, un 28% del total de los nuevos casos de VIH en la región. En el Caribe fueron 150.000 mujeres adultas mayores de 15 años que vivían con VIH hasta el año pasado. 6900 mujeres adolescentes de entre 10 y 19 años. Y 18.000 mujeres jóvenes de la región caribe de entre 15 y 24 años.

Según el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) las vulnerabilidades asociadas con el VIH para las mujeres y las niñas están estrechamente vinculadas a las desigualdades de género en el ámbito político, económico y social, así como a la violencia machista y el abuso sexual.

Según el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) las vulnerabilidades asociadas con el VIH para las mujeres y las niñas están estrechamente vinculadas a las desigualdades de género en el ámbito político, económico y social, así como a la violencia machista y el abuso sexual.

Hay una asociación directa entre las experiencias de violencias machistas y la infección por el VIH. De acuerdo a Naciones Unidas, en diversas regiones, las mujeres que han sufrido violencia infligida por sus parejas tienen 1.5 veces más probabilidades de adquirir el VIH, en comparación con aquellas sin antecedentes de violencia en la pareja.

Las mujeres, las niñas y las disidencias de la región de América Latina y Caribe se encuentran en una particular vulnerabilidad al VIH, debido a que la violencia y las desigualdades de género limitan su autonomía personal en la toma de decisiones para la prevención del VIH y otras infecciones de transmisión sexual (ITS), muy especialmente por lo que se refiere a sus derechos sexuales y reproductivos.

Las identidades femeninas tienen limitado acceso a los condones, las jóvenes continúan afectadas por embarazos no deseados, matrimonios tempranos y uniones forzadas, sometidas a rígidos roles patriarcales, desigualdades laborales y limitada participación política, que negativamente se reflejan en una ausencia de respuestas integrales.

En el caso de las niñas la iniciación de la sexualidad antes de los 15 años de edad las expone a un mayor riesgo biológico de infección por VIH y otras ITS, muy especialmente cuando están involucrados parejas mayores, parejas con comportamientos de riesgo para la infección por VIH, varias parejas o relaciones violentas, que hacen que el uso del condón sea menos probable. La falta de conocimiento y otras presiones sociales, las desigualdades socioeconómicas y la falta de autonomía personal también pueden incidir para poner la salud de niñas y mujeres jóvenes en riesgo.

La situación en Argentina

En Argentina hay 122 mil personas viviendo con VIH, de las cuales el 30% no conoce su diagnóstico. Por año, 6.500 personas se enteran que viven con VIH. Por día son 17 personas las que adquieren el virus y 5  las personas quienes fallecen en cuadros de SIDA. El 34% de las personas trans tienen VIH, y las mujeres, sabemos que más el 95% de nuestras transmisiones se dan en relaciones sexuales con varones, la mayoría de ellos nuestras parejas estables. Los datos se desprenden del Boletín Epidemiológico publicado por la Dirección de Sida y ETS del Ministerio de Salud de la Nación.
En un comunicado la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos denunció el faltante de insumos: “nuestra medicación antirretroviral y los reactivos para carga viral y conteo de CD4 para el seguimiento de nuestros tratamientos sufren sistemáticamente cortes en su distribución en muchísimos lugares del país, y aún estamos esperando la respuesta de un Estado, que se muestra ineficiente ante nuestras necesidades”.
Y exigieron una nueva ley de VIH “porque es necesario actualizar la ley nacional 23.798 para superar el enfoque asistencial planteado por ésta, y proponer en su lugar un abordaje integral basado en la promoción y educación para la salud al considerar sus determinantes sociales: pobreza, desigualdad e inequidad en el acceso a los servicios sanitarios desde una perspectiva de los derechos humanos, género y diversidad sexual”.
“Además de la necesidad de corregir su concepción, la cual obedece a un paradigma centrado en lo biomédico y en la enfermedad actualmente superado, y que tiene contenidos que resultan discriminatorios y vocabulario estigmatizante, asimismo busca ampliar el enfoque de derechos humanos y determinantes sociales en salud, la necesidad de reforzar la obligación de acceso al tratamiento de todos los subsistemas de salud, la de reforzar el rol del Estado en la promoción de la salud, la prevención y asistencia, como también el rol de las organizaciones de personas que vivimos con VIH en articulación con el Estado en aquellas decisiones que nos involucran”, dijeron en un comunicado donde también denunciaron la discriminación y el estigma que sufren las personas con VIH a diario en distintos ámbitos laborales.