Por: Fotos: Christel Andler C. (Cámara de Diputados de Chile)

La semana pasada la discusión quedó entrampada en la Cámara baja porque no hubo quórum respecto a un artículo en particular que permite que las niñas y adolescentes menores de 14 años puedan acceder a la interrupción del embarazo con la autorización del Tribunal de Familia en los casos que no hay un representante legal (como padre, madre o tutor) o en las situaciones en las que el equipo médico considera que hay riesgo para la niña o adolescente.

El proyecto de ley que regula la despenalización del aborto en Chile bajo el modelo de tres causales ya tiene la aprobación del Senado y la Cámara de Diputados y Diputadas. Sin embargo, la iniciativa enviada al Congreso por la presidenta Michelle Bachelet -que autoriza la interrupción de los embarazos en casos de riesgo de vida de la madre, inviabilidad fetal y violación- todavía no es ley. Un “pacto entre caballeros” puso en pausa su aprobación y ralentizó los tiempos legislativos para que niñas, adolescentes y mujeres chilenas dejen de ser empujadas a maternidades forzadas.

La semana pasada la discusión quedó entrampada en la Cámara baja porque no hubo quórum respecto a un artículo en particular que permite que las niñas y adolescentes menores de 14 años puedan acceder a la interrupción del embarazo con la autorización del Tribunal de Familia en los casos que no hay un representante legal (como padre, madre o tutor) o en las situaciones en las que el equipo médico considera que hay riesgo para la niña o adolescente.

¿Quienes frenaron su sanción? Luego de pasar por el Senado, en la Cámara de Diputados y Diputadas el resultado de la votación fue 66 votos a favor, 40 en contra, una abstención y se registraron cinco “pareos”. Estos dos últimos mecanismos fueron la traba para que se avanzara en la sanción.

La abstención fue del representante legislativo de la Democracia Cristiana, Marcelo Chávez. Y además hubo un “acuerdo entre caballeros” para no lograr quórum. Cristián Campos del Partido por la Democracia; los radicales Fernando Meza y José Pérez; y Patricio Vallespín, de Democracia Cristiana utilizaron la herramienta del “pareo”. Se trata de “un acuerdo entre dos parlamentarios, de distintas bancadas o comités, a través del cual durante un plazo determinado, se comprometen a no participar en ninguna votación si uno de ellos está ausente”.

Esta situación obliga a constituir una comisión mixta compuesta por 5 diputados o diputadas y 5 senadores/as. La comisión emitirá un informe que será votado en las Cámaras de Diputados y el Senado. Ambas deben estar de acuerdo con el reporte.

Luego, el informe entra al Tribunal Constitucional (TC), integrado por una mayoría masculina: 8 ministros y 2 ministras. Lxs senadores de Chile Vamos ya anunciaron públicamente que irán al TC para plantear su postura. Consideran que el proyecto de tres causales va en contra de la Constitución chilena. El Tribunal tendrá que decidir sobre la constitucionalidad. Recién después de esta decisión la iniciativa podrá promulgarse como ley de la República.

El proyecto

Chile está entre los países de Latinoamérica y el Caribe que prohíben el aborto en todas sus formas, aún en casos de violación, junto con República Dominicana, Honduras, El Salvador y Nicaragua. Desde 1931 hasta 1989 el aborto terapéutico era posible por la existencia del artículo 119 del Código Sanitario. “Se podrá interrumpir el embarazo por causas de salud de la mujer, para lo cual basta la firma de dos médicos cirujanos”, decía la legislación. Poco antes de dejar el gobierno de facto, el dictador Augusto Pinochet eliminó este artículo e impuso la Ley 18.826 que dice que “no podrá ejecutarse ninguna acción cuya finalidad sea provocar el aborto”. En este tiempo se han presentado alrededor de 50 propuestas de ley para modificar la legislación que empuja a los cuerpos gestantes a maternidades forzadas.

Alrededor de 30.000 chilenas egresan de un hospital por embarazos terminados en aborto. Y es la tercera causa del total de defunciones y mortalidad en el embarazo, parto y puerperio, según la organización Miles.

La presidenta Michelle Bachelet y la campaña del movimiento de mujeres chilenas fueron la llave para revertir esta situación. El 31 de enero de 2015, durante su segundo mandato, la mandataria envió al Congreso Nacional el proyecto de ley cuya sanción todavía está pendiente.