Existe un fuerte vínculo entre informalidad laboral femenina, trabajadoras domésticas y pobreza.  Es sabido, a partir de datos publicados en la Encuesta Permanente de Hogares del segundo trimestre de 2017, que en Argentina la informalidad laboral afecta en mayor proporción a las mujeres: mientras que 36 de cada 100 empleadas son informales, en los varones la relación es de 31 de cada 100. Lxs trabajadorxs informales tienen ingresos laborales que representan solamente el 40% del salario de un trabajador formal. Además, el 35% son pobres, mientras que solamente el 11% de lxs formales lo son.

Si analizamos el trabajo informal femenino, se observa que 1 de cada 2 trabajadoras informales se emplean como trabajadoras domésticas. El trabajo doméstico es una actividad casi completamente feminizada: el 98% son mujeres. En este rubro, la diferencia entre formalidad e informalidad es determinante: entre las empleadas domésticas formalizadas, el 26% es pobre, mientras que entre las informales el porcentaje asciende al 48%. El salario por hora de las trabajadoras no registradas representa el 75% del salario por hora de las registradas.

A partir del 2009, desde el Ministerio de Trabajo se avanzó en la regulación de las trabajadoras domésticas, y en el 2013 se sancionó la Ley de Régimen Especial de Contrato de Trabajo para Trabajadoras de Casas Particulares. En este sentido también se inscribieron dos medidas favorecieron la registración: en 2005 la posibilidad de descontar los aportes del impuesto a las ganancias que pagan quienes tienen empleadas domésticas; y luego en el 2013 la presunción de contratación en hogares de activos e ingresos elevados. Pero todavía falta mucho, ya que si bien el porcentaje en el rubro de formalización creció un 400% en el período 2003-2016, aún se ubica en los niveles más bajos de la economía, cercano a un 25%. A la luz de las estadísticas, queda claro que la mejora en las condiciones laborales de las trabajadoras domésticas es central si el objetivo es la pobreza cero, como manifestó el gobierno de la Alianza Cambiemos durante la última campaña electoral.

Existe una idea muy asentada en la sociedad, en torno al carácter estructural de la informalidad en el trabajo doméstico, que muchas veces funciona como una justificación por parte de quienes deberían hacerse cargo (el Estado y quienes contratan) de la regularización del trabajo. El Estado es responsable de cada trabajadora doméstica que no es reconocida, y en ese sentido cada política económica, por acción u omisión, va haciendo variar estadísticas que representan la forma en que a las trabajadoras domésticas se las ningunea, se las denigra o se las reconoce. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) el Estado debería incidir decisivamente en la registración de las empleadas domésticas. Desde la difusión  de los beneficios y responsabilidades del registro y las posibles consecuencias para lxs empleadorxs de tener trabajadoras domésticas no registradas hasta campañas que fomenten el reconocimiento del rol de las empleadas de casas particulares. Se trata no sólo de políticas de registración sino también de poner en crisis el imaginario hegemónico por el cual lxs empleadorxs no consideran el trabajo doméstico como un trabajo que merezca los mismos derechos que cualquier otra actividad. En este sentido fue paradójico y negativo  el evento que tuvo como protagonistas al Ministro de la cartera laboral Jorge Triaca y Sandra, su empleada doméstica, que manifestó haber sido regularizada apenas 15 días antes de que su empleador asumiera el cargo, y fue despedida en un audio de una forma por demás irregular.

Las políticas públicas, ¿deberían agotarse en la mera regularización de la situación de las empleadas domésticas? El tema es mucho más complejo porque este trabajo aún cuando está registrado es mal remunerado y tiene menos estabilidad y derechos que otras actividades. Entre las recomendaciones de la OIT, se encuentran el fortalecimiento de la relación entre las trabajadoras y el sindicato, la promoción de la bancarización de haberes y controles del ámbito laboral. Muy poco de esto se cumple en la Argentina.

Por otro lado no todos los empleadores tienen la posibilidad material de registrar y remunerar correcta y justamente el trabajo doméstico, por la simple razón de que sus ingresos son insuficientes. En una gran paradoja de la desigualdad, los hogares que tienen altos ingresos pueden descontar del impuesto a las ganancias los aportes del servicio doméstico, y finalmente el Estado se hace cargo de la regularización de sus trabajadoras domésticas. A diferencia de los estratos de mayores ingresos, que contratan el servicio doméstico principalmente como símbolo de estatus social, los de ingresos medios y en algunos casos bajos, acuden al mismo como forma de resolver las tareas de cuidado de niñxs y ancianxs y compatibilizar el trabajo en el mercado de la mujer con las tareas reproductivas del hogar. Y en este caso, sí les toca afrontar completamente el costo de la regularización del servicio doméstico.

El problema de fondo, entonces, radica en que las responsabilidades de las tareas reproductivas de cuidado son casi exclusivamente responsabilidad de las familias, quienes las resuelven a través del trabajo no remunerado de miembros del hogar o de la contratación en el mercado de trabajadoras domésticas. La universalización de las políticas públicas de cuidado reduciría significativamente la demanda de trabajo doméstico, reemplazándolo por trabajo profesionalizado. Como colectivo de mujeres, lesbianas, travestis y trans tenemos que demandar al Estado tanto políticas públicas que fomenten el registro de las empleadas de casas particulares, como el acceso a guarderías públicas de calidad y en los lugares de trabajo, ampliación de licencias maternales y paternales, beneficios por nacimiento y enfermedad y mayor cobertura de cuidados de personas mayores. La socialización del cuidado es un requisito necesario para la emancipación e igualdad de todas las mujeres.