Por: Fotos: DESASTRE MX

La semana pasada la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich aprobó el nuevo Protocolo General de Actuación de Registros Personales y Detención para Personas Pertenecientes al Colectivo LGBT, que prevé una serie de medidas a tomar por parte de las fuerzas de seguridad cuando tenga lugar una detención de personas lesbianas, gay, bisexuales o trans. Plantea la toma en consideración de la identidad de género autopercibida tanto en el trato así como en los registros que queden en actas del proceso en cuestión.

En cierto sentido, es poco novedoso: en términos de reconocimiento a la identidad de género, recupera lo dispuesto por la Resolución 1181/2011 sancionada en funciones de la entonces Ministra de Seguridad Nilda Garré, sobre procedimientos para las fuerzas de seguridad en lo referente a adecuación de trato al género. A diferencia de aquella iniciativa, el presente protocolo le quita el énfasis a la necesidad de formación y sensibilización continua en género y diversidad sexual para las fuerzas represivas. No obstante, dichas medidas progresivas no lograron real aplicabilidad: desde entonces y hasta ahora es habitual encontrar efectivos policiales que no respeten la identidad autopercibida de lxs sujetxs detenidxs, y la posibilidad de optar por una celda “especial” o utilizar baños acorde al género elegido es un lujo que no se constata en las comisarías en las que son detenidas compañeras trans en Constitución. Lo que se plantea implementar bajo la administración Bullrich incorpora como novedad el hecho de que sea personal policial femenino quien estará a cargo de lidiar con gays, lesbianas, trans y bisexuales en situación de detención.

Desde distintos espacios se apuntó a señalar aquellos elementos que resultaban más inquietantes: si existiera un respeto general a la normativa de derechos humanos que las fuerzas represivas deben seguir, sería innecesario la puesta en marcha de un protocolo de estas características; al hacer hincapié en la prohibición de inflingir dolores y sufrimientos “graves” durante el procedimiento, ¿quedan habilitados daños “menos” lesivos? ¿Cómo medirlos? ¿Y por qué asumir que todxs lxs sujetxs comprendidxs en la comunidad LGTB “preferirían” ser requisadxs por una mujer? ¿Se refuerza así el carácter innecesario de formación y sensibilización para efectivos varones?

Esta medida se inserta, por un lado, en el conjunto de iniciativas de corte represivo que viene desarrollando el gobierno de Cambiemos desde que inició su mandato. Es, a fin de cuentas, un protocolo de detención. Pero, por otro lado, es un gesto de aparente corrección política gay-friendly que intenta “lavarle la cara” al desembozado aparato represivo macrista: recordemos en CABA la violencia policial lesbo-odiante en la detención de Mariana Gómez y su compañera en Constitución hace algunas semanas atrás. De paso, en el mes que aquí en la ciudad planeamos la XXVI Marcha del Orgullo LGBTIQ, hace las veces de política pública para una comunidad LGTB postergada en materia de derechos sociales y laborales.

Desde el colectivo trans-travesti se refuerza la opinión de que el protocolo no hace más que intentar encuadrar la ya existente criminalización de la comunidad trans, en especial de aquellas trans que ejercen el trabajo sexual y son hostigadas y violentadas regularmente por la policía. En jurisdicciones en donde los códigos de faltas o contravencionales continúan criminalizando la identidad trava y su posibilidad de habitar o no el espacio público, el protocolo estará a la orden del día. Es necesario volver a señalar que buena parte de las medidas más “progresivas” que plantea el protocolo ya estaban incluidas en la resolución 1181/2011 con Nilda Garré al frente del Ministerio de Seguridad y tampoco eran respetadas por las fuerzas policiales. Recordemos las vejaciones sexuales cotidianas en las razzias de la ciudad de La Plata, violaciones al derecho a la identidad autopercibida en compañeras trans con y sin DNI actualizado, inexistencia de celdas separadas para aquellxs que lo solicitaran.

Puede suponerse también que, al confundir y superponer identidad de género autopercibida con orientación sexual (o no precisar en qué términos entiende la definición de lo gay, lésbico o bisexual), el protocolo tal vez contribuya a la profundización de un cierto “profiling” o como le decimos acá: estigmatización estereotipada, criminalización y detención por “portación de cara/cuerpo”.

Resulta una iniciativa más en la que las personas que formamos parte de la comunidad LGTB no somos sujetxs de derechos más que en sentido negativo o punitivo. Seguimos reclamando entonces derechos cuya garantía implique políticas públicas de cara a nuestras necesidades específicas a la salud, al trabajo, la educación, la vivienda, la posibilidad de disfrutar del espacio público.  Esto no es necesariamente un acuerdo que exista dentro de la propia dirigencia de muchas organizaciones LGTB.

Al pensar en la medida enmarcada en el conjunto de políticas de corte represivo de la era Cambiemos, otras posibles reflexiones aparecen. Protocolo anti-piquetes, figura de la flagrancia para legitimar detenciones arbitrarias, desaparición y muerte de Santiago Maldonado… ¿Cómo entender desde una perspectiva interseccional el hecho de que elijan hacer foco en nuestra identidad sexual? Es decir, en una coyuntura de criminalización de la protesta social, donde cada cierre de fábrica es acompañado por un operativo policial que defiende patrones, de estigmatización racista de migrantes, esta vocación difusa por respetar a la comunidad LGTB parece más un intento de congraciarse con agendas de corrección política de organismos internacionales que otra cosa. ¿Qué nos pasa con esta medida a las maricas precarizadas, a las tortas negras del conurbano, a las travas migrantes, a lxs bisexualxs pobres? La cruel realidad neoliberal en esta época de posverdades es que seguirá habiendo un conjunto privilegiado de LGTB cuyo poder adquisitivo le garantizará a través del mercado lo que el Estado no necesita asegurarles en términos de derechos a la salud, al trabajo, a la educación, a la vivienda. Y del otro lado, seguiremos siendo sujetxs criminalizables aquellxs LGTB que tenemos la identidad anudada en el cuerpo con un conjunto de opresiones y explotaciones cruzadas capitalistas, racistas y heteropatriarcales.