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El Salvador es uno de los siete países de Latinoamérica que prohíbe el aborto en todas sus formas: aún en casos de violación, cuando peligra la vida o salud de la mujer o malformación mortal del feto. Es ilegal, también, ayudar a interrumpir un embarazo. Los castigos van de dos a ocho años de prisión y existen condenas de hasta doce años para profesionales de la salud. Pero si las mujeres superaron las 22 semanas de gestación y sus embarazos se vieron interrumpidos, los efectores de justicia juegan la carta del homicidio agravado, que tiene penas que van desde 30 a 50 años de cárcel. Ese castigo pesó sobre Teodora, que fue condenada a 30 años de prisión.

“Estoy muy contenta de volver a estar con mi familia. Durante 10 años y 7 meses estuve lejos de ellos”, dijo Teodora al salir del penal donde estaba presa desde 2008 condenada a 30 años de prisión por homicidio agravado. La castigaron por asesinato aunque ella parió un bebé muerto. Las organizaciones feministas celebraron que, de una vez por todas, se haya revertido su injusta situación. El Salvador prohíbe el aborto en todas sus formas: aún en casos de violación, cuando peligra la vida o salud de la mujer o malformación mortal del feto. La sospecha ronda a todos los cuerpos gestantes: si los fetos nacen muertos, las embarazadas sufren abortos espontáneos o cualquier otra complicación, se convierten en sospechosas de un delito grave.

Cuando llevaba 9 meses de embarazo Teodora comenzó a sentir fuertes dolores y llamó a los servicios de emergencia pero rompió bolsa poco después. Cuando dio a luz estaba inconsciente. Al recuperar el conocimiento, sangraba y el bebé estaba muerto. La policía la esposó y la detuvo como presunta autora de un asesinato, y sólo después la llevaron al hospital. Teodora no pudo asistir a los controles médicos durante el embarazo por su falta de recursos económicos y las jornadas laborales de 6 de la mañana a 9 de la noche.

La Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto acompaña a Teodora desde 2014 y desde entonces pide que revisen su condena. En diciembre de 2017 le fue concebido ese pedido. Sin embargo, el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador confirmó la condena de 30 años de prisión en su contra. Un mes después, el 30 de enero de 2018, apeló a dicha resolución ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que finalmente resolvió dejarla en libertad.

“Existen razones poderosas de justicia y equidad y de índole jurídicas que justifican favorecerlas con la gracia de la conmutación”, dice el escrito del máximo tribunal.

El Salvador es uno de los siete países de Latinoamérica que prohíbe el aborto en todas sus formas: aún en casos de violación, cuando peligra la vida o salud de la mujer o malformación mortal del feto. Es ilegal, también, ayudar a interrumpir un embarazo. Los castigos van de dos a ocho años de prisión y existen condenas de hasta doce años para profesionales de la salud. Pero si las mujeres superaron las 22 semanas de gestación y sus embarazos se vieron interrumpidos, los efectores de justicia juegan la carta del homicidio agravado, que tiene penas que van desde 30 a 50 años de cárcel. Ese castigo pesó sobre Teodora, que fue condenada a 30 años de prisión.

El Salvador es uno de los siete países de Latinoamérica que prohíbe el aborto en todas sus formas: aún en casos de violación, cuando peligra la vida o salud de la mujer o malformación mortal del feto. Es ilegal, también, ayudar a interrumpir un embarazo. Los castigos van de dos a ocho años de prisión y existen condenas de hasta doce años para profesionales de la salud. Pero si las mujeres superaron las 22 semanas de gestación y sus embarazos se vieron interrumpidos, los efectores de justicia juegan la carta del homicidio agravado, que tiene penas que van desde 30 a 50 años de cárcel. Ese castigo pesó sobre Teodora, que fue condenada a 30 años de prisión.

“Resulta alentador ver a Teodora salir de la cárcel —donde nunca debió haber estado, para empezar—, pero El Salvador aún está lejos de garantizar plenamente los derechos de las mujeres y las niñas en el país”, dijo Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional. Y agregó: “las autoridades de El Salvador deben derogar urgentemente esta indignante prohibición del aborto, que ha creado un contexto generalizado de discriminación, dolor e injusticia.”

Entre 2000 y 2014 fueron 149 las acusadas de aborto u homicidio tras complicaciones con sus embarazos: 26 de ellas fueron declaradas culpables. La Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico llegó a estas cifras después de revisar cientos de expedientes judiciales y puso en evidencia una problemática estructural. En 2014 junto a Colectiva Feminista lanzaron la campaña “Las 17” para visibilizar los casos. Teodora es una de Las 17. Con el paso del tiempo, conocieron más historias y tuvieron que cambiar el nombre a “Las 17 y más”. Desde 2006 el activismo feminista salvadoreño logró la liberación de 15 mujeres encarceladas.

El Salvador tiene el único caso en el mundo de una mujer que tuvo que asilarse en Suecia después de ser injustamente condenada y posteriormente absuelta: María Teresa Rivera. Hace poco, tras su visita al país centroamericano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exhortó a El Salvador a revisar las condenas de 27 mujeres encarceladas por haber abortado.

Por su parte, Amnistía Internacional pide suspensión inmediata de la aplicación de la ley sobre el aborto, tal como recomendó el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer el 3 de marzo de 2017, con el objetivo de lograr la despenalización total del aborto, la libertad inmediata e incondicional de todas las mujeres encarceladas por cargos relativos a complicaciones del embarazo, y que se garantice a las mujeres acceso a un aborto seguro y legal, como mínimo, cuando su vida o su salud física o mental corran peligro, o en casos de violación, incesto o malformación mortal del feto.