Por: Fotos: Mariano Armagno

Contar con un panorama completo de las cifras que registran las instituciones gubernamentales se dificulta debido a que éstas solo incluyen los nacimientos de hijas e hijos de madres niñas y adolescentes, y no reportan aquellos embarazos que terminan por aborto espontáneo o por interrupción voluntaria.

América Latina es la segunda región del mundo con mayor cantidad de embarazos en niñas y adolescentes, luego del África sub-sahariana. Esta situación es resultado de múltiples factores políticos, económicos, sociales y culturales que vulneran -desde las edades más tempranas- los derechos de las mujeres a vivir una vida digna y libre.

Aspectos como la pobreza, la precaria educación, la falta de acceso a la salud, las escasas oportunidades para construir un proyecto de vida autónomo, entre otros, se configuran como formas de violencia ejercidas históricamente contra las mujeres, que afectan de manera específica a las niñas y adolescentes; no por casualidad son justamente las más vulnerables, las pobres, las menos educadas, las rurales, las indígenas y las afrodescendientes.
Al consultar con expertas en el tema, afirman que en la ocurrencia del embarazo temprano incide la transmisión social de una ideología sobre la maternidad: “como máxima expresión de la realización femenina o como un regalo de Dios”, en la que influyen y perpetúan las iglesias conservadoras.

En este sentido, una de las recomendaciones incluidas en el Informe Hemisférico sobre Violencia Sexual y Embarazo Infantil en los Estados parte de la Convención Belem do Pará de 2016, es fortalecer el carácter laico de los Estados en la normativa y en las medidas a adoptar en los temas relacionados con la violencia sexual contra las niñas y el embarazo infantil en la región.

La ginecóloga y docente Gloria Penagos, quien participó durante 8 años en programas locales y regionales exitosos de prevención del embarazo en adolescentes en el departamento de Antioquia, Colombia, sostiene que “existe una cultura que no se modifica y en su base está la trasmisión de que uno de los trabajos grandes que hay en la vida es ser madre”.La cultura machista que alcanza su máxima expresión en la violencia y el abuso sexual contra las mujeres, según la doctora Penagos, “es el nodo central de la problemática del embarazo en niñas y adolescentes, pues se oculta, no se reconoce”.

Violencia sexual y relaciones inequitativas

Los embarazos en niñas menores de 14 años son consecuencia de relaciones asimétricas, obligadas o producto del abuso, afirman las voces feministas consultadas; aunque la Organización Panamericana de la Salud, en su Boletín Informativo de julio de 2015, sólo reconoce que entre el 11% y el 20% de los embarazos en niñas y adolescentes son resultado de la violencia sexual.

Para la doctora argentina Mabel Bianco, presidenta de la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer, “preocupa el aumento del embarazo precoz en las menores de 15 años”, tomando en cuenta que en esa edad todas las relaciones sexuales se consideran no consentidas y, por lo tanto, son resultado de un abuso sexual. Al coincidir con Bianco, la doctora guatemalteca Mirna Montenegro, directora del Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva, enfatiza que ocurre el delito de violación sexual en todos los casos en que una niña se convierte en madre. Agrega que “la mayoría de estos crímenes se comete dentro de la familia y los agresores son padres, abuelos, hermanos, padrastros, hermanastros, tíos o primos”; cuestión que -resalta- tiene que tomarse en cuenta en las propuestas de prevención.

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia en 2016 reporta que de los exámenes por presunto delito sexual que se practicaron a niñas entre 10 y 13 años de edad, el 76% de esas agresiones ocurrió en el interior de las viviendas y en el 88% de los casos, el presunto agresor fue una persona cercana a la víctima, siendo un familiar (43.3%) o un conocido (26%) los más frecuentes.

En contextos históricos marcados por conflictos internos con participación de varios grupos armados (guerrillas, paramilitares e instituciones de seguridad pública), las niñas y adolescentes han sido objeto de agresión sexual como táctica de guerra.

De acuerdo con la oficina del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), en municipios afectados por el conflicto armado en Colombia, la incidencia del embarazo adolescente es dos veces mayor que el promedio nacional.

En opinión de Paula Barrios, del grupo guatemalteco Mujeres Transformando el Mundo, existe una indiferencia social sobre cómo apoyar a las niñas y adolescentes a quienes se les impone un embarazo como consecuencia de una violación sexual, “solo se les obliga a permanecer en el ámbito doméstico, perdiendo así su proyecto de vida”.

Registros deficientes

Contar con un panorama completo de las cifras que registran las instituciones gubernamentales se dificulta debido a que éstas solo incluyen los nacimientos de hijas e hijos de madres niñas y adolescentes, y no reportan aquellos embarazos que terminan por aborto espontáneo o por interrupción voluntaria.

Contar con un panorama completo de las cifras que registran las instituciones gubernamentales se dificulta debido a que éstas solo incluyen los nacimientos de hijas e hijos de madres niñas y adolescentes, y no reportan aquellos embarazos que terminan por aborto espontáneo o por interrupción voluntaria.

A los sub-registros que existen en Argentina, Colombia y Guatemala, se suma la falta o incongruencia de algunas categorías de los datos publicados por los organismos del Estado, lo que dificulta el análisis de estadísticas para determinar, por ejemplo, las afectaciones específicas de niñas y adolescentes indígenas y afro-descendientes.

Algunas bases de datos consideran niñas hasta los 13 y otras hasta los 14 años de edad, y a las adolescentes entre los 14 hasta los 18 ó 19 años.

Argentina (44 millones de habitantes) en 2015:

2,787 partos en jóvenes menores de 15 años de edad.

Colombia (48 millones de habitantes) en 2016:

135,073 nacimientos en madres entre los 10 y 19 años de edad.

5,525 niñas, entre 10 y 14 años, se convirtieron en madres.

Guatemala (17 millones de habitantes) en 2016:

36,913 nacimientos en mujeres hasta 17 años de edad.

2,500 niñas entre 10 y 14 años, se convirtieron en madres.

Con base en el número de habitantes, se deduce que los embarazos en niñas en Guatemala son los más frecuentes.

Interrupción del embarazo: ¿permitida o prohibida?

En lo referente a la interrupción voluntaria del embarazo, en Argentina y Colombia está despenalizado el aborto cuando existe una violación sexual, pero ello no significa que todas las niñas y adolescentes que así lo decidan tengan acceso a recurrir a esta medida en condiciones seguras.

Para el caso de Argentina, el Artículo 86 del Código Penal de la Nación determina que el aborto se encuentra despenalizado cuando el embarazo representa un peligro para la vida y la salud de la madre y si el embarazo proviene de una violación.

En Colombia, a partir de 2006 se despenaliza el aborto en tres causales: cuando el embarazo es producto de una violación sexual, cuando la vida del feto es inviable fuera del útero y cuando peligra la salud o vida de la madre. La legislación en Guatemala lo permite únicamente cuando la vida de la madre corre peligro.

Con el propósito de que niñas y adolescentes guatemaltecas tengan acceso al aborto seguro, la agrupación Mujeres Transformando el Mundo elabora un mecanismo legal que permita la interrupción del embarazo en casos de violencia sexual, como una medida de reparación digna hacia las víctimas para que continúen con su proyecto de vida, explica la abogada Barrios.

Los grupos feministas latinoamericanos que reivindican la despenalización del aborto aseguran que el embarazo forzado viola los derechos de las mujeres reconocidos en tratados internacionales, además perpetúa la violencia sexual y la violencia estructural, sobre todo cuando a niñas y adolescentes se les niega, dificulta, demora y obstaculiza la interrupción del embarazo. Desde 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) asegura que la discriminación de género que sufren las niñas víctimas de violencia sexual y embarazos no deseados es con frecuencia minimizada, pues dada su edad son consideradas como un mero objeto de tutela.

A las niñas se les coloca en situación de desventaja cuando presentan denuncias de violencia sexual, ya que se relaciona el mundo infantil con la imaginación exacerbada, de modo que sus testimonios y declaraciones son utilizados para disminuir la sanción al agresor, señala la CIDH.

Alternativas para desestructurar la subordinación

Para abordar la problemática de los embarazos tempranos, las feministas entrevistadas mencionan varias iniciativas, entre ellas, destacan: deconstruir la ideología patriarcal que reproduce la subordinación de las mujeres.

En opinión de la guatemalteca Alma Odeth Chacón, de la Organización de Mujeres Tierra Viva, hay que abordar esta problemática desde el ámbito de la violencia sexual porque se sigue sosteniendo que los cuerpos de las mujeres pueden ser usados sexualmente y esto está dañando las vidas de niñas y adolescentes.

Marta Godínez, de la Alianza Política Sector de Mujeres de Guatemala, propone “establecer diálogos entre mujeres, niñas y adolescentes sobre las posibilidades de construir un mundo diferente, qué piensan sobre su sexualidad y sus afectos, qué quieren ser en la vida y cómo quieren ser tratadas”.

Precisa que cualquier medida de prevención tiene que tomar en cuenta sus opiniones, asimismo, reconocer que en Latinoamérica se han impuesto ideas y actitudes de subordinación a las mujeres, “nos han mandatado a ser objetos, a ser propiedad de otros y otras, si no comprendemos esa lógica va a ser muy difícil desestructurar esos pensamientos”, resalta Godínez.

La Directora de Promoción y Protección de Derechos Humanos de Amnistía Internacional Argentina, Paola García Rey, recomienda, “garantizar la educación sexual integral desde una edad temprana y en los distintos niveles etarios”.

De igual manera sugiere: “proveer servicios de salud amigables que permitan a las niñas y jóvenes acceder a métodos anticonceptivos conforme a su edad y sin autorización de sus padres, hay que mejorar la consejería anticonceptiva y diversificar la información sobre métodos anticonceptivos, entre otros aspectos”.

Además hay que hacer extensiva la educación sexual a padres y madres, “dado que es en los hogares donde más se comenten los abusos sexuales y adicionalmente generar propuestas de masculinidades conscientes para que los hombres piensen en la responsabilidad que tienen sobre el embarazo y su paternidad”, afirma Nazly Mulford, Directora Técnica del Centro de Desarrollo Social de Barranquilla, Colombia.

Otras alternativas se refieren a que profesionales de la salud y la educación promuevan los derechos sexuales y los derechos reproductivos, que no se limiten a compartir información sobre enfermedades de transmisión sexual y métodos anticonceptivos, opina la doctora Penagos, quien asegura que es crucial superar barreras culturales que impiden que las mujeres tomen decisiones sobre el ejercicio de su sexualidad, lo cual implica brindar herramientas para decidir cuándo sí y cuándo no, con quién y con qué medidas de protección.

Muchas alternativas quedan por ejecutar, pero quizás este reporte interpele a familiares, profesionales, activistas, personal de instituciones públicas y funcionarios de gobiernos locales y nacionales para que se comprometan en acciones que contribuyan a erradicar esta problemática que provoca dramáticas secuelas en la vida de miles de niñas y adolescentes en América Latina.

 

Fuentes: Argentina: http://uni.cf/2gm1ym

Colombia: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)/ Ministerio de Salud y Protección Social.

Guatemala: Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva.