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Las organizaciones nucleadas en el Plenario de las Organizaciones Sociales presentaron un proyecto de Emergencia Alimentaria en Argentina. El proyecto parte del diagnóstico que las organizaciones hacen en cientos de barrios del conurbano bonaerense y de todo el país, donde los comedores vieron incrementada notablemente su concurrencia, a raíz de la escalada en los niveles de pobreza y desempleo.

En todo el país, el 40% de lxs niñxs que asisten a comedores padecen actualmente problemas vinculados a la mala nutrición. En el caso de los niñxs en edad de lactancia, la cifra trepa al 57%. Este dato surge de un relevamiento que la organización Barrios de Pie llevó a cabo a lo largo de este año. Al mismo tiempo, los aumentos en la Asignación Universal por Hijo no se acercan a compensar la situación inflacionaria, que los excede en diez veces aproximadamente. En marzo, la AUH había pasado de $1103 a $1246. 3,8 millones de niñxs reciben la AUH en el país. El desfase entre la misma y la inflación acumulada, que en el primer semestre del año llegó al 11%, deprecia el salario y achica las posibilidades de acceder a la comida, empujando a miles a asistir a los comedores y merenderos en distintos barrios. Estos son sostenidos fundamentalmente por mujeres que a diario organizan, cocinan y llevan adelante un sinnúmero de tareas de cuidado social en medio de la pauperización de las condiciones de vida.

La Emergencia Alimentaria que fuera sancionada en enero de 2002, en plena crisis, cuando miles de personas se acercaban a los clubes de trueque y subsistían de las formas más precarias, hoy queda desactualizada. Por entonces, la sanción de la ley había implicado la creación de un Programa destinado a la compra de alimentos, en el marco de Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente.

La ley de 2002 sigue vigente, pero desactualizada, en un escenario distinto, 15 años más tarde. Según la última prórroga dictada, rige hasta el 2019. En diciembre de 2016, tras arduas negociaciones, el Estado se comprometió a destinar 30mil millones de pesos al Programa, pero no hay ninguna cláusula de la ley que especifique cuánto debe ser destinado a los comedores. El proyecto presentado la semana pasada por la CTEP, Barrios de Pie, la CCC y otros movimientos sociales, con el apoyo de toda la oposición en el Congreso, específica que 10mil millones de pesos deberán ser destinados en los próximos años a merenderos y comedores comunitarios.

 

La diputada por el Movimiento Evita Araceli Ferreyra dijo a LATFEM: “En la Argentina de Macri aumentan exponencialmente los merenderos y comedores populares al mismo ritmo que aumenta el patrimonio de los funcionarios del gobierno nacional, de un modo también exponencial. Algunos son más ricos que nunca y otros no tienen para comprar leche ni pan, ni darle de comer a sus hijos. Por esto exigimos la Emergencia Alimentaria, porque el censo realizado por las organizaciones sociales en los barrios demuestra que está aumentando la desnutrición, así como la falta de asistencia alimentaria en edades críticas”.

El Ministerio de Desarrollo Social liderado por Carolina Stanley ya se pronunció en contra del proyecto, sosteniendo que luego de la sanción de la ley de Emergencia Social en 2016 ya nada queda por debatir en cuanto a las necesidades de la economía informal, y mucho menos en torno al aumento exponencial de la demanda en comedores.

 

El lunes pasado unas 300.000 personas marcharon desde San Cayetano hacia la Plaza de Mayo exigiendo la aprobación del proyecto, bajo las consignas “El hambre no espera”, y “Paz, pan, tierra, techo y trabajo”. Se exige también un salario mínimo superior a la Canasta Básica y un Salario Social superior a la Canasta Alimentaria.