La provincia de Entre Ríos, Argentina, se convirtió en la décima jurisdicción en adoptar el “Protocolo para la atención Integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo”. Lo hizo a través de las resoluciones del Ministerio de Salud provincial 2383 y 3616/17, a cargo de Sonia Velázquez .

A través de esa decisión Entre Ríos adapta su atención en Salud -y su normativa- al fallo “F.A.L.”, de  la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de 2012, que sigue los estándares constitucionales e internacionales de los derechos humanos. Además, revocó la norma que había dictado en 2012 el exministro de Salud, Hugo Cettour, que adhería de manera parcial a los lineamientos de la Corte.

Las resoluciones fueron amenazadas por grupos antiderechos y cuatro diputados entrerrianos, Joaquín La Madrid, María Alejandra Viola, Martín Anguiano, de Cambiemos, y Gustavo Guzmán, del Frente para la Victoria. El martes, durante la sesión la diputada Viola ingresó un petitorio para dar marcha atrás con la adhesión al protocolo nacional y pidió debatir el tema. Fracasó cuando el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Urribarri, no hizo lugar al pedido porque no estaba en la orden del día. El proceso mostró que el acceso a derechos puede garantizarse con voluntad política y compromiso con la salud de las mujeres y personas con posibilidad de gestar.