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Estas deudas en materia de derechos de las mujeres se agravaron en los últimos tiempos con el deterioro y el desmantelamiento de programas gubernamentales, los recortes presupuestarios y la reducción de los equipos de profesionales en las áreas de género y de otras áreas con incumbencia para definir líneas de abordaje integrales, por ejemplo los Servicios Locales de Promoción y Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la provincia de Buenos Aires y la falta de implementación de la ley de educación sexual integral.

Un interrogante que invariablemente aparece ante la noticia de un nuevo femicidio, es si la violencia machista ha “aumentado” en estos últimos años. Una pregunta que si bien es necesaria no alcanza a dar cuenta del sentido que cada una de esas muertes adquiere. Para responder la pregunta, necesitaríamos, por un lado, poder contar con cifras actualizadas, establecidas a partir de una metodología uniforme y criterios definidos de antemano, que permitieran armar tablas comparativas entre los mismos períodos de tiempo . Por lo tanto deberíamos poner en foco cómo los organismos públicos y las organizaciones feministas construyen las estadísticas. Los registros estatales dan cuenta de la disparidad de criterios utilizados para producir información sobre los femicidios.

Revisando los registros públicos, observamos que los datos más actualizados son del año 2017, a excepción de algunos datos parciales del año 2018 del Defensor del Pueblo de la Nación. Si se pone el foco sólo en territorio bonaerense, la jurisdicción más poblada del país, el Registro de Femicidios de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia, arroja un total de 113 femicidios ocurridos en la Provincia de Buenos Aires, mientras que la Procuración de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, señala que fueron 98 las víctimas de femicidio. Por su parte, el Observatorio de Femicidios del Defensor del Pueblo de la Nación relevó 119 femicidios ocurridos a nivel provincial. En su informe parcial del año 2018, basado en un análisis de las coberturas periodísticas, señala que hasta el 15 de noviembre, ocurrieron 88 femicidios en la provincia de Bs. As. En tanto el Registro Nacional de Casos de Femicidio elaborado por el Observatorio de Marea Feminista “Ahora que si nos ven”, estableció que serían 76 las víctimas en el territorio bonaerense a partir del relevamiento de medios gráficos y digitales.

Esta disparidad en los números no solo da cuenta de los diferentes criterios para establecer qué muerte es definida como femicidio, sino también de la imposibilidad de conocer si aumentan o no la cantidad de muertes, en tanto se utilizan distintas metodologías que no permiten comparar los datos. Mientras que algunos registros toman los datos de las causas judiciales otros lo hacen de las noticias periodísticas.

Por otro lado, creemos que tan necesario como contar con estadísticas confiables es poder avanzar en la comprensión del significado de estos femicidios. Es preciso desentrañar sus diferentes sentidos e interrogarnos sobre los modos en qué estas formas de violencia se entrelazan con otras. Con la violencia sexual o con las violencias promovidas por las organizaciones criminales o de las fuerzas de seguridad, para dar solo algunos ejemplos. Todo esto en un contexto de profundización de los proyectos neoliberales que se combinan paradójicamente con una fuerza movilizadora inédita del feminismo como actor político y una oleada neoconservadora de las derechas que avanzan sobre nuestro continente.

Analizando los últimos femicidios no podemos dejar de señalar los altísimos niveles de crueldad que expresan. Como siempre nos recuerda Rita Segato, hay un orden que busca instalar la crueldad como paisaje de normalidad,  por eso no solo los cuerpos de las mujeres y las niñas aparecen como desechos, como “objetos” posibles de ser desmembrados y arrojados a los basurales sino que la forma en que se cometen estos femicidio dan cuenta de altísimos niveles de letalidad e impunidad: cometidos en lugares públicos a plena luz del dìa, utilizando el arma reglamentaria, asesinando a mujeres embarazadas a martillazos, a mujeres enfermas en los hospitales públicos. Un mensaje de poder y soberanía absoluta sobre nuestras vidas.
Entendemos que los significados que expresan estos femicidios pueden contribuir a definir qué tipos de demandas debemos exigirles a los gobiernos en materia de políticas públicas. Realizando una lectura de los casos ocurridos en lo que va del año 2019 a nivel nacional, se vuelve evidente que requieren la implementación de políticas públicas diferenciadas por parte del Estado. Sólo de este modo será posible incidir en los contextos que habilitan el despliegue de las violencias femicidas. Tenemos casos de mujeres jóvenes de entre 15 y 25 años, víctimas de agresores desconocidos. Por otro lado, mujeres que han denunciado a sus parejas o ex parejas reiteradamente y cuentan con medidas de protección; dentro de los cuales cobran especial trascendencia los casos de femicidios ocurridos mediante el uso de armas confiadas por el Estado a los agentes de seguridad. Por último, los femicidios vinculados y aquellos que ocurren luego que fueron denunciadas las desapariciones de niñas/adolescentes/mujeres, sin haber podido el Estado encontrarlas antes de que fueran asesinadas. Un dato no menor, también resulta ser el desenlace suicida de los agresores que obstaculiza el desarrollo de las investigaciones penales.

Hasta el momento, la forma en cómo se define el abordaje de las violencias contra las mujeres, personas trans y travestis desde lo estatal, está atravesada por la centralidad que ocupan las políticas de seguridad y de control penal en la resolución de los conflictos sociales. En este marco, las intervenciones estatales para la prevención y asistencia de las violencias contra las mujeres, y personas trans y travestis -específicamente las ocurridas en el ámbito intrafamiliar- se han sustentado en un paradigma que privilegia lo securitario y punitivista por sobre otras definiciones relacionadas con las políticas sociales. Así, se ha ido consolidando una forma de abordaje estatal centrada en criterios de gestión de los casos de manera individual, fragmentada y desarticulada, por parte de las distintas agencias del Estado. Esto se pone de manifiesto en aquellos femicidios en los cuales a pesar de que las mujeres denunciaron y pidieron ayuda, el Estado no logró protegerlas.

Las decisiones que se han venido tomando en las políticas de seguridad, se proyectan al campo de las políticas públicas para la atención y prevención de la violencia contra las mujeres. En estas lógicas securitarias se inscriben medidas como la entrega de botones antipánico a mujeres que han denunciado, la propuesta de utilizar “tobilleras para agresores” y la reciente aplicación de seguridad para teléfonos celulares, dispositivos presentados por el Estado como políticas de prevención de la violencia contra las mujeres. Es decir, se extiende la implementación de políticas públicas que se concentran en la atención de la emergencia a partir de definiciones de políticas de seguridad y no del abordaje de las condiciones estructurales que promueven las situaciones de violencia.  Pero, además, se profundiza la burocratización, lo que deviene en la existencia de una gran cantidad de instancias institucionales que las mujeres deben atravesar solas, sin que esos recorridos que realizan por distintos organismos les garanticen protección.

Como se pone en evidencia con la mediatización de las cifra de femicidios ocurridos en las primeras semanas de 2019, los dispositivos securitarios o de emergencia no han sido capaces de dar una respuesta efectiva ante la demanda de protección. Existe  un ineficaz y único modelo de abordaje frente a la heterogeneidad de los casos que no responde a las necesidades de protección que las mujeres buscamos y exigimos encontrar en el Estado. Ante el creciente número de femicidios dónde estos dispositivos han fallado, una sobrevaloración de este tipo de abordajes podría conducir a exigirle al Estado mayores mecanismos de seguridad. Sin dudas, el reclamo por la implementación de políticas integrales forma parte de la necesidad de formular un ¿nuevo? paradigma de políticas públicas alejado de las definiciones de las políticas de seguridad. Cuando hacemos referencia a la integralidad en las políticas públicas queremos significar que el abordaje no debe centrarse en el caso a caso en forma individual, sino que requiere de la puesta en funcionamiento  de programas de atención a víctimas, de políticas sociales y laborales para mujeres, personas trans y travestis. Significa que debe atenderse a un diseño de las políticas públicas bajo metodologías que, superando la desconexión entre temáticas que necesariamente están entrecruzadas, apunten a establecer instancias de articulación entre los actores estatales, como manera de pensar en forma conjunta acciones preventivas y de asistencia.

En ese sentido, entendemos que resulta necesario incorporar a las políticas públicas un enfoque de interseccionalidad que permita dar cuenta y abarcar las múltiples violencias que nos atraviesan a las mujeres. Las violencias que nos afectan están determinadas también por las diferencias económicas, culturales, etarias, raciales. La sentencia de Lucia Pérez, ocurrida en Mar del Plata, es elocuente en este sentido: cuando estas dimensiones no han sido tenidas en cuenta consagrando la impunidad. El análisis interseccional resulta imprescindible para realizar el estudio de las formas de violencia que pudieron haber afectado a la víctima de un femicidio, antes, durante o después del hecho delictivo.

Estas deudas en materia de derechos de las mujeres se agravaron en los últimos tiempos con el deterioro y el desmantelamiento de programas gubernamentales, los recortes presupuestarios y la reducción de los equipos de profesionales en las áreas de género y de otras áreas con incumbencia para definir líneas de abordaje integrales, por ejemplo los Servicios Locales de Promoción y Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la provincia de Buenos Aires y la falta de implementación de la ley de educación sexual integral.

Estas deudas en materia de derechos de las mujeres se agravaron en los últimos tiempos con el deterioro y el desmantelamiento de programas gubernamentales, los recortes presupuestarios y la reducción de los equipos de profesionales en las áreas de género y de otras áreas con incumbencia para definir líneas de abordaje integrales, por ejemplo los Servicios Locales de Promoción y Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la provincia de Buenos Aires y la falta de implementación de la ley de educación sexual integral.

Las políticas públicas deben abordar otras dimensiones más allá de las propuestas por las agendas securitarias en contextos globales de creciente fragmentación social y de profundización de las desigualdades económicas. Por eso, no se trata de medidas represivas o punitivistas sino de políticas que apunten a ir transformando las estructuras sociales, políticas y económicas que las promueven y las sostienen en cada nuevo femicidio.