Por: Fotos: Lionel Orellano

Con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, entrevistamos a la colombiana Andrea Parra*, activista feminista y defensora de los Derechos Humanos, quien detalla cuáles son las prácticas violentas, discriminatorias y de segregación que persisten en la sociedad.

 

Se presenta a las personas con discapacidad como asexuadas o como personas sin control sobre su propia sexualidad. ¿Por qué pensás que ocurre esto?

Tiene que ver con que en la sociedad no vemos a las personas con discapacidad como seres humanos en plenitud. Es decir, las personas con discapacidad siempre están definidas por la cultura como personas en déficit; les falta algo o algo no les funciona, son defectuosas, y eso conlleva a que no las veamos como personas que participan en la sociedad de una manera plena y mucho menos en temas sexuales o familiares. Entonces se considera –sobre todo a las personas con discapacidad intelectual y psicosocial- que no tienen capacidad de controlar sus impulsos. Esto es un ciclo perverso porque ese prejuicio frente a su sexualidad resulta en que no reciban educación sexual integral de ningún tipo. Por una lado porque se considera que no la necesitan, que son niños eternos, que nunca van a tener sexo, que nunca van a ejercer la maternidad o la paternidad, que no van a tener pareja, entonces no deben saber de esto y, por otra parte, porque existe todavía altos índices de segregación y de institucionalización.

Se las piensa de manera deficitaria porque vivimos en un modelo normalizador. Entonces en relación con la sexualidad muchas personas con discapacidad enfrentan prejuicios y mensajes en relación a  que no son deseables. No se ven imágenes de personas como ellas en medios o como lo atractivo o deseable, entonces esto también implica todo un proceso de rechazo hacia sus propios cuerpos.

La palabra minusválido significa menos válido y esa palabra ha sido parte de nuestras políticas por muchas décadas y aún persiste y refleja claramente el principal prejuicio que tiene la sociedad contra las personas con discapacidad.

 

La Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad lanzó la #NosotrasTambiénGozamos, ¿conocés su trabajo?

Sí, conozco el trabajo de REDI y creo que cualquier campaña sobre el deseo y la sexualidad positiva de las personas con discapacidad es muy importante. Una de las cosas que en general ocurre cuando se habla de sexualidad y discapacidad es que la narrativa se limita a hablar sobre violencia. Entonces las personas con discapacidad son vulnerables y por lo tanto su única experiencia sexual es a través de la violencia, la violación, y de ahí surgen todos los miedos frente al embarazo. Esto deriva en esterilizaciones y el control de las personas con discapacidad. También he visto artículos en Chile y en Colombia, iniciativas que están más orientadas a pensar en el derecho al placer de las personas con discapacidad, en el reconocimiento de que las personas con discapacidad tienen orientaciones sexuales diversas, identidades de género diversas y que como todo el mundo tienen derecho a una vida sexual plena. Entonces es fundamental que veamos las dos caras de la moneda, por un lado la prevención de interacciones sexuales no consentidas, violentas e involuntarias y forzadas, y por otro lado el reconocimiento de la necesidad de dar a las personas la oportunidad de ejercer su sexualidad de manera plena, según lo que deseen.

Acá surge el debate sobre la asistencia sexual. Argentina es pionera en ello con Silvina Peirano y la Asociación AMMAR que presta asistencia sexual a personas con discapacidad que desean ejercer su sexualidad con apoyo de alguien. En España también existen estos modelos que en el resto de Latinoamérica no están como algo tan abierto y organizado. Es central poner en el imaginario público la idea de que las personas con discapacidad son seres sexuados que  tienen derecho al placer, que son personas deseables y, a su vez, desterrar -como hacen las personas gordas o trans- esa idea de normalidad corporal, de una belleza única impuesta por los medios de comunicación en sus mensajes sobre qué es lo bello o lo deseable.

 

En relación a la esterilización, ¿por qué creés que se sigue reproduciendo esta práctica sin consentimiento?

La esterilización sin consentimiento es una práctica generalizada cuando se trata de personas con discapacidad. También quiero reconocer que es una práctica que existe en relación con mujeres de pueblos originarios, mujeres con VIH, personas trans y personas indígenas. Lo que ocurre es que frente a esas poblaciones, el Estado lo reconoce como  una violación de la ley; sin embargo ocurre. En el caso de personas con discapacidad lo que pasa es que -como la interdicción- permite que sea el guarda quien consienta los procedimientos de salud, entonces se considera legalmente válida la esterilización. En general vemos que no importa lo que piense la persona, y de ninguna manera se activan mecanismos de respuesta a violencia basada en género. Esto es muy problemático y el Comité de Vigilancia de la Convención ha sido enfático en decir que esta práctica sin consentimiento de la persona es una violación a la Convención.

En las consultas que  nosotros hacíamos para personas con discapacidad muchas veces llegaban mamás que preguntaban cómo hacían para esterilizar a sus hijas. Entonces nosotras les preguntábamos por qué querían hacerlo, y lo que nos respondían es que el médico les había dicho que tenían que esterilizarlas porque si no las iban a violar. En realidad, hay estudios que demuestran que la esterilización es un factor de riesgo frente a la violencia sexual porque no  hay consecuencias visibles. En lugares en donde hay estudios, como en Canadá y Estados Unidos, en el 95 % de los casos de violencia sexual contra mujeres con discapacidad quien comete la violencia es una persona cercana al ciclo de cuidado. Eso significa que en la mayoría de los casos son personas que saben que la persona está esterilizada y no va a quedar embarazada como resultado de la violación. Es decir, la esterilización tiene el efecto contrario que se busca, que es impedir las violaciones.

Las esterilizaciones también están relacionadas con el prejuicio de que las personas con discapacidad no deben ser madres o ejercer la parentalidad y que cualquier hijo que tengan o va a tener discapacidad o va a ser criado por las abuelas.

Considero que la esterilización es un proceso que si la persona quiere tiene todo el derecho a hacerlo de manera consentida. El consentimiento informado debe ser accesible, debe darse toda la información con sus implicaciones, etc.  Pero es una práctica problemática que casi nunca llega a instancias judiciales porque generalmente son los padres los que la solicitan, y a veces ni las mismas personas con discapacidad saben que les realizaron el procedimiento.

 

¿Además de esta práctica, qué otras violencias invisibilizadas sufren las personas con discapacidad?

Muchas veces se usa la interdicción para despojar a las personas de su herencia o su dinero. En temas de custodia y divorcio, generalmente la persona con discapacidad de la pareja está en gran desventaja frente a la justicia. La institucionalización también es un problema, ya que miles de personas viven institucionalizadas sólo por tener una discapacidad. Ésta es una de las violaciones más graves porque de ella derivan otras múltiples violaciones.

También existen violencias que los Estados no tramitan dentro de sus sistemas regulares como violencia, por ejemplo el caso de una joven sorda que su mamá sólo sabía las señas de insulto, o la negación de los apoyos que requiere una persona, como un bastón para ciegos, para manipularla. A veces se niegan los apoyos de manera intencional y las personas duran sin bañarse días o semanas o no las alimentan bien o no les dan los medicamentos, o no los dejan salir a la calle, etc. Todas estas son formas de violencia que el Estado y las políticas públicas no tramitan como violencia y por ello no responden de manera adecuada. Por otra parte, existe un gran número de incidentes por violencia basada en género, violencia sexual, en instituciones psiquiátricas. Lo que quiero enfatizar es que en relación a la violencia basada en género y su intersección con discapacidad tenemos generalmente unas barreras sistémicas, porque las estructuras legales desde políticas publicas institucionales no llegan a responder a estas situaciones a las que se enfrentan las personas con discapacidad.

Sumado a todo esto, la información que existe sobre cómo hacer una denuncia en caso de violencia sexual muchas veces no está en formatos accesibles, no está disponible en lengua de señas, no están en material de lectura fácil o está en pdfs que no se pueden leer con lectores de pantalla. Entonces la información que el Estado presenta sobre cómo acceder a los recursos para denunciar una situación de violencia es generalmente inaccesible y esto hace que haya una barrera estructural para que las personas con discapacidad puedan denunciar las violencias de las cuales son víctimas.

 

En los artículos 6 y 7 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad se advierte la desventaja de además ser mujer y niña, ¿Cuánto se evidencia esto en la realidad?

Lo que observamos que ocurre con niñas con discapacidades es que es menos probable que vayan a la escuela, en muchas ocasiones y en muchos países las familias las tienen como empleadas para que sirvan a los demás miembros de su familia. En el caso de esterilizaciones vemos que son mucho más mujeres con discapacidad las que son esterilizadas. En el caso de víctimas de violencia sexual a personas con discapacidad también son muchas más mujeres las que enfrentan situaciones de violencia sexual.

Hay desventajas estructurales que se manifiestan en la sociedad que tienen claramente que ver con el género de las personas. En general los hombres con discapacidad tienen mayores probabilidades de encontrar trabajo, de acceder a la educación superior y también se ve en los movimientos sociales de personas con discapacidad en los que muchas veces los voceros del movimiento son hombres.

 

¿Cuáles son los retos del movimiento de personas con discapacidad?

Diría que el reto a futuro es eliminar la interdicción y la institucionalización psiquiátrica forzada de personas con discapacidad, que hoy son violencias validadas por los sistemas legales. Otra cuestión fundamental es que los Estados generen datos confiables; la violencia intrafamiliar está muy poco documentada. Y creo que el gran reto del movimiento de personas con discapacidad es la desmedicalización de la experiencia de discapacidad. Hoy en día hay mucho más diálogo entre grupos interdiscapacidad y es súper valioso para pensar un sistema realmente inclusivo.

 

*Andrea Parra fue directora del Programa de Acción para la Igualdad y la Inclusión Social (PAIIS), una clínica de derechos humanos en la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia, que se enfoca en el avance de los derechos de las personas discriminadas por motivo de discapacidad, género o sexualidad. También fue Directora de Programas Globales para CREA (organización feminista de derechos humanos con sede en Nueva Delhi, India).