Por: Fotos: GayGuatemala

La propuesta de ley aumenta la criminalización. En el caso de las personas gestantes que interrumpan su embarazo, la condena será de entre cinco y diez años de prisión. Hoy el castigo estaba entre uno y tres. Para quien cause un aborto consentido la pena prevista será entre seis y doce años, cuando hoy es de entre uno y tres.

Cada año, alrededor de 21.600 mujeres son hospitalizadas y 660 mujeres mueren por complicaciones de aborto inseguro en Guatemala. Estas internaciones y muertes son totalmente evitables. Como también son evitables los embarazos forzados de las niñas. En 2015 2.947 niñas se convirtieron en madres. Sin embargo, la respuesta estatal es debatir una legislación que va en contra de la educación sexual integral y penaliza los abortos involuntarios.

La iniciativa de ley de “Protección a la vida y la familia” fue presentada a Dirección Legislativa del Congreso de la República el 27 de abril del 2017. El texto ya ha pasado la primera y segunda lectura. Esta semana no pasó la tercera. Luego de esta lectura, el proyecto de ley debería ser firmado por el presidente Jimmy Morales para entrar en vigor

Se trata de un iniciativa del diputado Aníbal Rojas de Visión con Valores, firmada por 19 diputadxs de distintas bancadas en las que figuran: VIVA, UNE, CREO, FCN, Acción Ciudadana, UCN y Fuerza. Visión con Valores fue fundado por Harold Caballeros, uno de los pastores evangélicos más influyentes de Guatemala. La derecha ultraconservadora domina el parlamento guatemalteco, por eso las organizaciones de derechos humanos, feministas y de la disidencia están alertas.

La discusión llega al Congreso en un contexto político adverso. El último viernes, el presidente, Jimmy Morales, anunció que no renovará el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), una agencia anticorrupción dependiente de ONU.

Hoy el aborto es legal unicamente para salvar la vida de una mujer, según los artículos 133 a 139 del Código Penal de Guatemala. La Iniciativa 52/72 endurece las penas por aborto y limita su uso terapéutico, prohíbe la educación “en diversidad sexual o ideología de género” y reitera el veto al matrimonio o unión de hecho entre personas del mismo sexo-género.

“La tentativa de la mujer para causar su propio aborto y el aborto culposo serán sancionados con penas de dos a cuatro años”, dice la propuesta de ley antiderechos en su artículo 10, que modifica el 139 del Código Penal. A su vez, el texto, en su artículo 13, incluye un apartado denominado “mortinatos” que señala: “Cuando ocurriere la muerte natural o provocada del embrión o feto en el vientre materno, en cualquier etapa del desarrollo del mismo, desde la concepción, el médico que atienda el caso, estará siempre en el deber de rendir un informe de mortinato el que deberá ser proporcionado a los interesados que así lo soliciten, y remitido de oficio a donde corresponda”.

La ley completa se puede leer y descargar aquí: Registro5272

La propuesta de ley aumenta la criminalización. En el caso de las personas gestantes que interrumpan su embarazo, la condena será de entre cinco y diez años de prisión. Hoy el castigo estaba entre uno y tres. Para quien cause un aborto consentido la pena prevista será entre seis y doce años, cuando hoy es de entre uno y tres.

La propuesta de ley aumenta la criminalización. En el caso de las personas gestantes que interrumpan su embarazo, la condena será de entre cinco y diez años de prisiónHoy el castigo estaba entre uno y tres. Para quien cause un aborto consentido la pena prevista será entre seis y doce años, cuando hoy es de entre uno y tres.

También incluye limitaciones al aborto terapéutico. De aprobarse, serán dos lxs médicxs que tengan que dar su visto bueno para la interrupción.

La organización internacional Human Rights Watch (HRW), a través de su director para las Américas, José Miguel Vivanco, consideró que el proyecto “amplía la criminalización del aborto en el país y podría exponer a las mujeres que sufran abortos espontáneos a procesos penales, o al menos a ser interrogadas por las autoridades”. “También incluye definiciones de ‘familia’ y ‘diversidad sexual’ abiertamente discriminatorias, que contravienen derechos fundamentales de las personas lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero”, dijo.

“Si el Congreso guatemalteco aprueba este proyecto, transmitirá el mensaje de que consideran que las mujeres y personas LGBT son de segunda categoría (…), la propuesta carece totalmente de sentido común, es inhumana y podría convertir en criminales a las mujeres y niñas que tengan abortos espontáneos”, señaló el representante de HRW.

En relación a la educación sexual, en el texto dice: “se prohíbe a las entidades educativas públicas y privadas, promover en la niñez y adolescencia, políticas o programas relativos a la diversidad sexual y la ideología de género o enseñar como normales las conductas sexuales distintas a la heterosexualidad o que sean incompatibles con los aspectos biológicos y genéticos del ser humano”. Por último, el matrimonio es definido como “la unión de hecho de un hombre y de una mujer, así nacidos”

El último domingo, activistas antiderechos se movilizaron a la plaza de la Constitución de Guatemala. Lo hicieron bajo el lema “Guate por la vida y la familia”. El martes 4 de septiembre las organizaciones de la diversidad organizaron una gran caminata de orgullo e identidad de género contra de la iniciativa. En las redes sociales también crece la campaña #NoALa5272.