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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos exhortó ayer “de forma apremiante” a adoptar medidas “inmediatas y urgentes para prevenir, investigar, juzgar, sancionar y reparar todo asesinato y acto de violencia contra las mujeres”. Esto implica que se adopten “medidas de prevención integrales elaboradas con la participación de las mujeres beneficiarias, que incluyan un componente orientado a eliminar todos los estereotipos y patrones discriminatorios contra las mujeres, según lo dispuesto en el artículo 6 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres Convención de Belém do Pará”.

La CIDH puso como ejemplos de los entornos violentos en los que viven las mujeres los femicidios de Micaela García en la Argentina, a quien nombra como activista y parte del movimiento “Ni una Menos”; de Ismara Filier junto a su hijo de 8 años y otras diez personas, a manos de su ex pareja en Campinas, y el de Renata Rodríguez Aureliano en Minas Gerais, a manos de su ex pareja, en Brasil; de Claudia Rodríguez y Elcy Yamile Olaya Bolívar, ambas víctimas de sus exparejas en Colombia; de Karen Smith, asesinada por su esposo en una escuela de San Bernardino, en los Estados Unidos (en el mismo ataque resultó muerto un niño de 8 años y herido uno de 9); de Lesby Berlín Osorio, cuyo cuerpo fue encontrado en las inmediaciones de la UNAM; de Lizbeth Sánchez y de Martha Estela Sosa, las tres en México; y de Jamilia Derevenax, asesinada en un cine en Trinidad.

La Comisión destacó y reiteró que esos asesinatos no son un problema aislado sino que responden a un patrón: “hay múltiples factores estructurales que promueven la repetición de asesinatos contra las mujeres. El machismo, el patriarcalismo y los estereotipos sexistas siguen incrementando la situación de riesgo de las mujeres. Además, la discriminación histórica engranada en el tejido social a través de las Américas impide el completo ejercicio de todos sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, y limita la autonomía de las mujeres en ámbitos como la salud sexual y reproductiva”.

También hizo un llamado de atención por los asesinatos de mujeres lesbianas y trans: de Alphonza Watson, mujer trans de 38 años, en Estados Unidos; de Susana Sanhueza, mujer lesbiana de 22 años, en Chile; de Sherlyn Montoya, mujer trans y defensora de los derechos humanos de personas trans en Honduras; de Hérica Izidório, mujer trans de 24 años, en Brasil; de Hipólito Ramírez Calderón “Polo”, trabajador sexual de 45 años de edad, en México. Dentro de las demandas de la CIDH está la apertura de líneas de investigación adecuadas “que contemplen la posibilidad de que los mismos hayan ocurrido por motivos relacionados con la orientación sexual e identidad de género -real o percibida- de las víctimas”.

La enumeración de víctimas a lo largo del continente muestra la dimensión del problema y la variable inter-seccional de la violencia, que atraviesa variables como raza, edad, identidad de género, condición migrante, pobreza, entre otras. La CIDH señaló los asesinatos de niñas y adolescentes, acompañados de crueldad y violencia sexual: de Florencia Di Marco, de 12 años, en San Luis, y de Ornella Dottori de 16 años, en Tucumán, ambos en la Argentina; de Yuliana Samboní, de 7 años, en Bogotá, Colombia.

Subrayó como un hecho preocupante la “tolerancia social a la violencia en todas sus dimensiones (física, psicológica, sexual y económica y otras)” y la impunidad que rodea a gran parte de los femicidios y travesticidios, que no tienen una respuesta oportuna ni seria por parte de las autoridades policiales y judiciales.