Por: Fotos: Solange Avena

Le voy a contar a tu papá

En junio de 2018, mientras millones llenaban las calles de verde por la legalización del aborto seguro y gratuito, con les estudiantes de colegios secundarios como actor masivo, se tomaron 14 colegios reclamando la aprobación del proyecto y exigiendo la aplicación efectiva de la Educación Sexual Integral. La respuesta del gobierno porteño, con el aval de la Justicia, fue la presentación de un protocolo para reprimir las medidas de protesta en los colegios. Pasados varios meses, esta semana el fiscal Santurian imputó a 43 madres y padres por haber permitido la participación de sus hijes en las tomas de 8 colegios.

Como explica Alan Nadal, estudiante del Mariano Moreno, si bien el protocolo anti toma en su origen “se aplicaría pasando la responsabilidad a padres y madres si hubiera alguna rotura o daño al establecimiento, ahora resulta que el motivo es ‘impedir el ingreso a espacios públicos’”. Ante esta justificación cambiante se explicita el interés concreto de la parte denunciante: el mismo fiscal describió la finalidad concreta de la imputación, “muy importante para evitar futuras tomas”.

La medida desplaza la responsablidad legal de les jóvenes hacia sus progenitores y silencia la voz de los reclamos: tanto quienes deciden las medidas como quienes reciben la imputación son personas adultas, entonces así la represalia crucial es hacia les estudiantes porque quedan fuera del foco. Una acción punitiva como esta responde exactamente a la dinámica política y al contenido político en cuestión. Las tomas que la Justicia busca sancionar forman parte de un pedido generalizado de les jóvenes por ser escuchades en el debate sobre educación sexual, contra las autoridades que permanecen en modo adulto, unilateral, silenciante.

La respuesta de les estudiantes al planteo de la ministra Acuña y la fiscalía es concreta: asumen la posición de sujetes de derecho. De esta forma explican que si el objetivo del gobierno y la Justicia es evitar las tomas, la solución podría encontrarse garantizando los derechos reclamados y dando escucha a las posturas activas del estudiantado, partícipe principal del proceso educativo.

Tamara Goldzamd es ex alumna del Mariano Moreno y formó parte de una de las medidas de fuerza hoy denunciadas. Hoy expone el mecanismo que llevó a la judicialización del conflicto mediante una persecución que les propies rectores sufren por parte la cúpula educativa: según su perspectiva, las mesas de trabajo convocadas entonces por el ministerio de Educación “de trabajo no tienen nada porque no nos dejan dar nuestra opinión o no nos dejan trabajar al respecto”. Frente a este falso diálogo (una descripción acertada sobre el gobierno de Cambiemos), la actitud de les estudiantes es clara: “respondemos que podríamos empezar a debatir de qué manera se dictan las clases en la escuela pública, que siempre son en malas condiciones. Las tomas son para pedir que se mejoren esas condiciones”.

Vayan a laburar: Queremos ESI

“No es menor que justo en la toma por la legalización del aborto se haya llevado a cabo este protocolo”, remarca Goldzamd sobre el desencadenamiento de la acción punitiva del gobierno precisamente contra las tomas de junio de 2018. “Este gobierno tiene un pensamiento neoliberal que no defiende a las mujeres y personas gestantes. Recorta el presupuesto para quienes somos oprimidas y esto se relaciona mucho con el no implemento de la ESI y el ajuste que se da cuando queremos discutir el aborto. En este marco, implementan el protocolo anti tomas. Este gobierno está hecho para los que más tienen porque si fuese lo contrario nos dejaría hablar y no dejaría que nos sigan matando en la clandestinidad”.

A su vez, las medidas de fuerza estudiantiles, lejos de ser recesos o puntos muertos en el calendario académico (esa imagen sin contenido que se adjudica a las tomas desde las perspectivas autoritarias) fueron y son espacios generadores de discusión sobre las problemáticas presentes en la comunidad educativa y los contenidos no abarcados desde el programa institucional. Les estudiantes convocan especialistas y referentes, construyen círculos y talleres de debate sobre género, abusos, escraches, temáticas que elles reconocen en falta por la poca presencia del Estado, la no aplicación de la ESI, la precariedad de las condiciones del trabajo docente y no docente, y la inacción de las autoridades escolares.

Como afirma Tamara Goldzamd, hoy ingresante a la Universidad de Buenos Aires, “el rol de la juventud es tratar de luchar contra el discurso del miedo y contra el discurso de criminalización a la juventud. A pesar de todo, creo que las comunidades educativas van a seguir de pie y esto va a ser otra bandera por la que luchemos”. La judicialización aparece como una acción represiva y lleva al extremo la postura de cierre del diálogo durante las discusiones educativas. Ante esta situación, el movimiento secundario plantea la consigna #PorLaEducaciónContraLaPersecución, defendiendo la posición juvenil en busca de una construcción interactiva y participativa de la educación y visibilizando la actitud obstaculizante de una adultez que se escucha solo a sí misma.