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Muchxs de los gobernantes hoy en el mundo tienen políticas que van en contra de las vidas y de los derechos de las mujeres. Algunas son más explícitas, podemos poner el caso de Donald Trump, y otras son más implícitas. Hay una tendencia a políticas contrarias a la igualdad de género.

Yamini Mishra se crió en una familia y una atmósfera que describe como “progresista”, por fuera del patrón de Munger, una ciudad en el centro-norte de India. En su infancia, las desigualdades de género muchas veces no estaban en la superficie. Ella y su hermana fueron criadas sin mandatos patriarcales. Su madre y su padre, ambxs trabajaban fuera de casa. Pero cuando la mujer volvía, seguía trabajando con las tareas domésticas y de cuidado del hogar; en cambio su padre se sentaba en el sillón, abría el diario y leía. Esa fue una de las primeras desigualdades que Yamini Mishra vio en su infancia. “También cuando venían de visita mis primos varones me daba cuenta que ellos podían salir a pasear, a recorrer la ciudad. Ellos no tenían la prohibición de estar en el espacio público. A nosotras nos decían que el lugar no era muy seguro, que había muchos crímenes”, contó a LATFEM en las oficinas de Amnistía Argentina. Es la primera vez que viene al país y la segunda que pisa suelo latinoamericano. Es la directora del Programa de Género, Sexualidad e Identidad de Amnistía Internacional y viajó como coordinadora internacional del Grupo de Trabajo de Género del Civil-20. A nivel local, comparte la tarea de coordinación con Mabel Bianco, titular de FEIM y el Observatorio de Defensoras de los Derechos Humanos de las Mujeres.

“Es muy importante hacernos presentes en el G-20 porque tiene que haber una perspectiva de género en todas las declaraciones, pronunciamientos y decisiones. Hace poco los ministros de finanzas dieron a conocer un comunicado donde no se mencionaba nada de género. Se habla de infraestructura y presupuesto pero no se habla de género ni del rol de las mujeres como cuidadoras”, explicó Yamini Mishra.

El Civil-20 es un ámbito específico para que la sociedad civil de distintas partes del mundo pueda contribuir al G20. Estos grupos se dieron cita la primera semana de abril en Argentina y para ello viajó la representante de Amnistía Internacional desde el Reino Unido, donde reside actualmente. Como economista, fue especialista en Igualdad de Género de ONU Mujeres para la Región Asia Pacífico y actualmente es responsable de capacitar a los oficiales de programa de las Naciones Unidas para que realicen un análisis de impacto de género en leyes, políticas, programas y cumplimiento de tratados. LATFEM dialogó con ella antes de las reuniones formales con el grupo de trabajo que coordina a comienzos de abril.

¿Se considera feminista?

Sin ninguna duda. Antes, cuando trabajaba en género en el área de la región de Región Asia Pacífico, me cuestionaban mucho por el uso de la palabra feminista. “No digan que son feministas porque está mal visto”, sugerían. La palabra feminista tiene connotación negativa en muchos países pero hay que reapropiarse y resignificar la palabra. Por eso: sin ninguna duda soy feminista.

Estamos en un momento donde las movilizaciones encabezadas por mujeres, lesbianas, travestis y trans están teniendo cada vez más protagonismo y fuerza, ¿cómo observa este momento particular a nivel global?

Tiene que ver con que está habiendo un giro en todo el mundo hacia partidos y gobiernos de derecha. Y el espacio de la sociedad civil se ve muy restringido, generalmente, en estos casos: en Estados Unidos, Filipinas, Turquía, India. No solo los derechos en general se ven afectados sino que particularmente se ven afectados los derechos de las mujeres.

Muchxs de los gobernantes hoy en el mundo tienen políticas que van en contra de las vidas y de los derechos de las mujeres. Algunas son más explícitas, podemos poner el caso de Donald Trump, y otras son más implícitas. Hay una tendencia a políticas contrarias a la igualdad de género.

Muchxs de los gobernantes hoy en el mundo tienen políticas que van en contra de las vidas y de los derechos de las mujeres. Algunas son más explícitas, podemos poner el caso de Donald Trump, y otras son más implícitas. Hay una tendencia a políticas contrarias a la igualdad de género.

Al menos en la región de América Latina y el Caribe, en los últimos años se avanzó en legislaciones y normas específicas pero los femicidios no descienden, y las violencias machistas, tampoco. ¿Qué relación tiene este diagnóstico con la falta de presupuestos acordes a la problemática?

Hay una tendencia política y otra económica. Los gobiernos tienden cada vez más a la austeridad económica. Y si recortan gastos recortan los servicios públicos y garantías de derechos sociales como salud, educación, etcétera. Las primeras que se ven afectadas cuando se hacen estos recortes son las mujeres.

Hay estudios que muestran que aún en los países de la región de Asia Pacífico donde hay Ministerios de género o Ministerios de la mujeres reciben menos del 0,1 por ciento del presupuesto nacional. Y esos presupuestos aún están decreciendo. Es necesario pensar el presupuesto con perspectiva de género.

Por otra parte, hay un estudio de ONU Mujeres que demuestra que los estándares están creciendo en términos de legislaciones: hay cada vez más leyes de antidiscriminación, anti violencia… pero el problema es que estas legislaciones son muy mal implementadas.

En India hay muchísimas leyes para combatir la violencia y por la igualdad de género. Por ejemplo, hay una ley que es por la herencia. Hasta hace muy poco las mujeres no heredaban las propiedades de sus familiares que fallecían pero esa legislación no se implementa: ya sea porque muchas veces las mujeres no conocen que existen estas leyes o muchas veces sucede que lo saben pero pueden llegar a tener tantos problemas en sus familias si buscan que se implemente que ni lo hacen. No pelean por que se implemente.

Además del cambio cultural, la mentalidad patriarcal que impiden que las leyes sean implementadas como la que mencionamos recién, hay también un problema de infraestructura. En India en 2005 se creó una ley para combatir la violencia doméstica pero el gobierno no desarrolló la infraestructura, no invirtió en que se posibilite la designación de oficiales de protección ni en las capacitaciones ni en los recursos para garantizar que la ley se garantice.

¿Cómo pueden aportar los gobiernos a esa transformación cultural?

La CEDAW, que es la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, pone la responsabilidad en los Estados de garantizar que haya un cambio cultural: para que haya campañas de concientización, que se difunda información. Entonces no solo hay que tener los recursos necesarios para implementar políticas y leyes pero también promover desde los Estados los cambios de conciencia. No solo desde la sociedad civil.

¿Cuál es su trabajo dentro del Programa de Género, Sexualidad e Identidad de Amnistía Internacional?

El Programa tiene como base tres pilares. En primer lugar, la perspectiva de género en general. En segundo lugar, la Sexualidad, donde se está trabajando con las comunidades transgénero e intersex. Uno de los temas que más nos preocupa son las cirugías irreversibles en niños y niñas intersex muy chiquitxs que se hacen en muchos Estados y son muy perjudiciales. Entonces se trabaja para eliminar este tipo de prácticas. También trabajamos para que se eliminen las categorías binarias de los formularios estatales donde se pide que se exige identificar mujer o varón. En el tercer pilar, Identidad, se trabaja con comunidades indígenas. En Kenia había un proyecto de la Unión Europea, que en nombre de la conservación forestal se estaba desalojando a comunidades que vivían allí. Con un trabajo de Amnistía Internacional se hizo una campaña de cartas muy masiva y se logró frenar el desalojo.