María Florencia Alcaraz

Cuando la Ley Identidad de Género en la Argentina todavía no era una legislación nacional, la primera lucha de Lara Molina para que el Estado la reconozca según su identidad autopercibida fue por su documento. Entró al circuito judicial y pasó por psicólogos, psiquiatras y otros especialistas para que una jueza decidiera si podía tener un DNI con su nombre. En el momento que la magistrada tenía que expedirse, a mediados de 2012, el Congreso de la Nación aprobó esta norma inédita en el mundo: junto a Dinamarca, Argentina se convirtió en el único país que sólo exige la expresión de voluntad de la persona para lograr el cambio de nombre según su identidad de género autopercibida. Lara pudo obtener su DNI sin la necesidad de seguir con el trámite judicial. Pero la segunda lucha de esta joven trans de 35 años que vive en Chacabuco, una ciudad en el corazón de la provincia de Buenos Aires, fue el implante de prótesis mamarias para tener las “lolas” que siempre quiso. A pesar de diferentes obstáculos, lo logró: se convirtió en la primera trans en la provincia de Buenos Aires que accedió gratis a un implante mamario.

“Hay gente que piensa que es una cuestión estética. Para mí poder hacer esta operación es algo que tiene que ver con mi identidad, mi salud y mi seguridad”, dice a LatFem. Lara trabaja como peluquera canina en su casa y es referente de la organización Comunidad LGTBI Chacabuco. Sabe que muchas chicas trans se exponen a riesgos mortales cuando someten sus cuerpos a inyecciones de aceites industriales o metacrilato y operaciones caseras inseguras. Hace menos de 15 días ella se operó en un hospital público. Ahora sólo le resta sacarse los puntos para mirarse al espejo y que el reflejo le devuelva el escote que siempre quiso. “Me siento feliz: pude ejercer mi derecho sin correr riesgos”, señala. Ese camino no fue sencillo.

Primero ella fue al Hospital Municipal de Chacabuco para pedir el implante sin costos. Allí, le explicaron que no contaban con un servicio de cirugía estética, y que el médico, al no estar inscripto como cirujano estético, no podía realizar la intervención. Desde ese centro de salud la derivaron al Hospital Eva Perón, en San Martín, donde le informaron que le iban a dar un turno para una cirugía, y que las prótesis mamarías las debía pagar ella. “Se me hacía imposible y no era lo que la ley marcaba. Eran 11.000 pesos para los gastos de hospital y las prótesis valían unos 900 dólares”, cuenta.

Lara no tenía el dinero suficiente para afrontar la operación de manera privada y, al mismo tiempo, sabía que se trataba de su derecho. La ley 26.743 implica un reconocimiento identitario pero también habla del libre desarrollo de la persona conforme a su identidad de género. Y en ese sentido, el artículo 11 de la norma se refiere al goce de la salud integral, acceder a intervenciones quirúrgicas totales y parciales y/o tratamientos integrales hormonales para adecuar su cuerpo, incluida su genitalidad, a su identidad de género autopercibida, sin necesidad de requerir autorización judicial o administrativa.

Frente a las distintas negativas, Lara presentó una queja ante la Defensoría del Pueblo, donde el Observatorio de Violencia de Género (OVG) realizó gestiones ante el Ministerio de Salud de la Provincia para que le cubra la prótesis mamarias y la cirugía correspondiente en forma gratuita. En un primer momento, la cartera sanitaria bonaerense señaló que la ley no hace mención a la obligación del Estado de proveer de prótesis, sino sólo a realizar intervenciones quirúrgicas totales o parciales. Sin embargo, y gracias a la actuación del OVG se definió que, en el caso de Lara, la adquisición de la prótesis mamaria se gestionaría a través de Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Finalmente ella logró acceder en forma gratuita a las prótesis y a la intervención quirúrgica.

“Este caso es emblemático en términos de acceso a la salud de las personas trans. El sistema público de salud garantizó por primera vez en el ámbito de la provincia de Buenos Aires que una mujer trans acceda en forma gratuita y con las intervenciones médicas adecuadas y seguras a las prótesis y cirugía mamarias”, dijo a LatFem Laurana Malacalza, titular del Observatorio. Y agregó: “esperamos que esta no sea una práctica única”.

Lara también desea que su caso siente un precedente y se replique en todo el país. Las operaciones de implantes mamarios cuestan en 30 y 35.000 pesos, sin contar las prótesis por las que se cobran alrededor de 900 dólares. Ella tuvo desde adolescente el apoyo de su familia que la acompañan en todo momento. Ese acompañamiento fue clave para que ella se plantara cuando, por ejemplo, no la dejaban entrar a los boliches de Chacabuco solo por su identidad trans. “Otras chicas lo aceptaban pero yo recurrí a la Justicia y al Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) y esas prohibiciones tuvieron que cambiar”, recuerda. Ahora, su próximo objetivo es poder abrir una Oficina de Diversidad en el Municipio de Chacabuco. Está en tratativas para encarar esta tarea cumpliendo con el cupo laboral trans.