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Ammar también se presentó como “amiga del tribunal” en la causa. Según datos de esta organización, de las denuncias recibidas a través de la Línea Roja por violencia institucional hacia trabajadoras sexuales durante 2015 y 2016 el 20% fue por casos de discriminación o por batallas legales por la tenencia de los hijos.

Hace un año y medio que B.S. está separada injustamente de su hijo de tres años. La Justicia de Familia le quitó la tenencia por la actividad laboral que ella realiza: trabajadora sexual. Su hijo se encuentra en lista de adoptabilidad y fue entregado a una familia solidaria. Desde el Servicio de Protección y el Juzgado de Familia de Comodoro Rivadavia, Chubut, donde ella vive, no le dan ninguna información y nunca le asignaron un régimen de visitas. El caso está manos de la jueza Marta Nieto.

B., que prefiere resguardar su identidad, y el padre del niño no estaban más juntos. Tenían un régimen de visitas que él no cumplía por lo que B. pidió en la Justicia que revocaran la guardia y tenencia para el padre. Pero su iniciativa se le volvió en contra como un boomerang. “Me dijeron que no me lo devolvían porque era prostituta”, contó ella.

Hizo todo para poder recuperarlo: dejó el trabajo sexual, se hizo monotributista, empezó a trabajar en una pesquera en Comodoro Rivadavia y se cambió de casa para adecuarse a los requisitos que le exigían. Ninguna de estas acciones tuvo efecto. En el tiempo que lleva el proceso legal nunca le mostraron evidencias de las condiciones en que se encuentra su hijo, las dos veces que lo vió ella lo buscó personalmente.

La primera vez lo encontró en un mercado de verduras, un hombre lo cargaba en sus brazos y ella le dijo: “Ese bebé que cargás es mío”. En otrq oportunidad, para poder verlo hizo una búsqueda en Facebook y encontró fotos.

B. es espectadora de cómo crece su propio hijo, mientras empuja la causa judicial para revertir la injusta situación. Su abogada es de la Defensoría General de la provincia de Chubut y también está acompañada por una organización local de derechos de los niños.

“Me trataron de sucia, de drogadicta. Me exigían ir cada semana a controles: toxicológicos, de HIV, entre otros y tenía que llevar los resultados al Servicio de Protección. Ellos tenían de 30 a 90 días para resolver la situación de mi hijo y mirá la fecha que estamos. Amo a mi hijo y no estoy dispuesta a darlo ni a regalarlo”, dice B.S.

“Si ella fuera abogada no le cuestionarían la maternidad. Acá se cuestiona la maternidad y el rol de madre porque ella ejerce la prostitución”, dijo a LATFEM Georgina Orellano, Secretaria General Nacional de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (Ammar). El año pasado B. se contactó con Ammar y la organización se puso a disposición. Viajaron hasta Chubut a escucharla y conocer los detalles del caso.

Ammar también se presentó como “amiga del tribunal” en la causa. Según datos de esta organización, de las denuncias recibidas a través de la Línea Roja por violencia institucional hacia trabajadoras sexuales durante 2015 y 2016 el 20% fue por casos de discriminación o por batallas legales por la tenencia de los hijos.

“Estamos defendiendo el derecho de las trabajadoras sexuales a ser madres. La Justicia nos tilda de malas madres porque hay una mirada sesgada respecto al trabajo sexual, una mirada machista y patriarcal. La justicia es clasista, es machista, es patriarcal y es selectiva”, describió Orellano.

La historia de B. fue uno de los casos de los que se habló en el primer Congreso Nacional de Trabajadoras Sexuales organizado en junio de este año en el Hotel Bauen. “No hay ningún artículo que diga “usted por ser puta no tiene derecho a nada”. Voy a seguir luchando para que sepan que una prostituta tiene vida, puede ser madre, puede capacitarse. Que tienen que cortar con los prejuicios y todos los tabúes”, dijo, segura de sí misma, B.