Por: Fotos: Rin

Según explicaron Bonomi y Bregman, la conducta patronal de la Sociedad Rural es ilícita. En primer lugar está dada por la ley 26.485 de Protección Integral a las mujeres.

En dos Juzgados Nacionales del Trabajo tramitan dos juicios en contra de los directivos de la Sociedad Rural Argentina (SRA). Ambos son por despidos injustificados contra mujeres. En las dos situaciones se repite una misma conducta: mujeres mayores de 50 años que sufrieron maltratos que incluyeron presión psicológica, aislamiento y quite de tareas, tratos humillantes y discriminación salarial. Mientras los directivos de la SRA piden a gritos en comunicados que la Justicia “actúe contra los Mapuches” en medio de la desaparición de Santiago Maldonado y al mismo tiempo se regodean con el presidente Mauricio Macri en su palco inaugurando la 131 exposición de Ganadería y Agricultura, deben responder en la Justicia del Trabajo por qué despidieron a dos empleadas.

Sara Alejandra Solla y Mirta Alejandra Maldonado son las dos despedidas arbitrariamente de la SRA. Sus abogados querellantes, Myriam Bregman y Luis Bonomi, explicaron a LATFEM que no sólo existe una situación de violencia laboral institucionalizada desde las más altas esferas de la entidad, sino que particularmente esta violencia empresarial implica también una “preocupante violencia de género ya que estas prácticas se ejercieron principalmente contra mujeres”.

Sara Alejandra Solla entró a trabajar en la SRA en 1994 para realizar tareas como empleada administrativa en la oficina de Prensa y Relaciones Públicas de la entidad, cuyo Director de área en ese momento era Hugo Luis Biolcati. Su desempeño laboral evolucionó de manera satisfactoria. En el 2000 le solicitaron que pasara a ser Secretaria de Presidencia de la entidad, durante el periodo en que se desempeñaron Enrique Crotto como presidente y Luciano Miguens como vice. Sara se convirtió en una suerte de mano derecha, de filtro para llegar a los directivos.

Pero en 2009 comenzó la debacle con la llegada de un nuevo “CEO”, Marcelo Fielder, quien pasó a ser su jefe directo. Fielder comenzó a ejercer distintas prácticas de violencia laboral, psicológica o “moobing”-acoso laboral-.

“Más allá de lo que pareciera ser el natural despotismo propio de patrones de estancia hacia sus empleados, se comenzó a ejercer distintos tipo de presión y actos discriminatorios y humillantes a la dignidad de aquellos trabajadores que ya no se quería que continúen en la institución”, dice la causa.

“Por lo general estos empleados a los que se presionaba para buscar su renuncia o colocarlos en situación de despido eran o personas que habían realizado algún reclamo laboral o que tenían bastante antigüedad en la institución y una edad superior a los 45 años, siendo en su mayoría mujeres”, explica Bonomi.

Ante la necesidad de mantener su trabajo y fundamentalmente su salario, sabiendo que por su edad era muy difícil reintegrarse al mercado laboral, Sara debió aceptar el nuevo puesto que implicaba menos responsabilidades, llegando al punto de quedar aislada del resto de sus compañeros con la única tarea de hacer “bolsas de envío de obsequio para el día del periodista y fin de año”. Tenía una pequeña oficina, sola, al final del pasillo.

Por ese entonces también comenzó la práctica de discriminación salarial en la que le otorgaron aumentos en una proporción mucho menor que a sus compañeros de trabajo, en su mayoría, varones.

Entre vaivenes, destratos, gritos que la llevaron a requerir de atención psicológica y psiquiátrica, en diciembre de 2014 a Sara le llegó el telegrama de despido sin causa alguna.

El testimonio de Mirta Alejandra Maldonado es similar a la historia de Sara. Ella ingresó a la SRA en 1992, en el sector denominado “Staff de secretarias”. Al igual que Sara, su desempeño fue tal que comenzaron a darle nuevas tareas aunque sin la remuneración correspondiente. Mirta hizo cursos y capacitaciones con el fin de mejorar sus tareas. Con veinte años en la Institución, en septiembre de 2012, y cuando faltaban dos semanas para la asunción de las nuevas Autoridades de SRA, el entrante Vicepresidente Daniel Guillermo Pelegrina, en nombre del entrante presidente Luis Miguel Etchevehere, le propuso a Mirta ser la Jefa de Presidencia. Ella aceptó la propuesta. Los primeros tres meses en Presidencia estuvo sola, cumpliendo las funciones de dos secretarias. Mirta trabajaba de 9 a 21 sola.

En 2013, Mirta le dio entrenamiento a una joven cercana al presidente Luis Miguel Etchevarne, quien poco tiempo después sería su jefa. Con el tiempo,  el ya CEO de la institución, Marcelo Fielder, el mismo que maltrató a Sara, la trasladó a un área de menor jerarquía lo que implicaba, entre otras cosas, una baja de categoría. Mirta también pasó por tratamientos psicológicos y psiquiátricos producto del maltrato, el aislamiento y la discriminación. En noviembre de 2014 también le llegó el telegrama de despido sin motivo alguno.

Según explicaron Bonomi y Bregman, la conducta patronal de la Sociedad Rural es ilícita. En primer lugar está dada por la ley 26.485 de Protección Integral a las mujeres.

 Según explicaron Bonomi y Bregman, la conducta patronal de la Sociedad Rural es ilícita. En primer lugar está dada por la ley 26.485 de Protección Integral a las mujeres. En su artículo 4 señala:

Se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal”.

Por su parte, el artículo 5 establece respecto a la violencia psicológica: “La que causa daño emocional y disminución de la autoestima o perjudica y perturba el pleno desarrollo personal o que busca degradar o controlar sus acciones, comportamientos, creencias y decisiones, mediante amenaza, acoso, hostigamiento, restricción, humillación, deshonra, descrédito, manipulación, aislamiento”.

“Esto demuestra que la Sociedad Rural no solo es representativa de los grandes terratenientes que han amasado fortunas a lo largo de toda la historia nacional a costa de la explotación de los trabajadores rurales y el despojo de los campesinos, sino que sus directivos en plena city porteña también emplean el mayor de los despotismos con sus empleados y aplicando violencia de género contra sus empleadas mujeres”, concluyó el abogado.

Las causas tramitan en el Juzgado Nacional del Trabajo N° 54 y N° 61. Pero en tiempos de Cambiemos, y en medio de una desenfrenada campaña para quitar derechos a los trabajadores, la Justicia laboral parece más aletargada que nunca. Y si se trata de recompensar a trabajadoras mujeres, parece que lo es aún más.