Lxs trabajadorxs de Pepsico realizaron hoy una conferencia de prensa para analizar la represión que distintas fuerzas de seguridad llevaron a cabo en la planta de Vicente López, por orden de la jueza Andrea Rodríguez Mentasty, en la que padecieron un uso de la fuerza por fuera de los protocolos de intervención durante protestas sociales y que no tuvo ninguna condena política, antes bien fue justificada por integrantes del gobierno. También anunciaron una jornada nacional de lucha para el martes 18 de julio.

 

El desalojo fue solicitado por el fiscal Larramendi y autorizado por la jueza Rodríguez Mentasty. Las fuerzas encargadas del operativo fueron combinadas: la Gendarmería, quince unidades móviles de Infantería y la Policía Bonaerense, bajo las órdenes de la ministra Patricia Bullrich, las dos primeras, y del ministro Cristian Ritondo, la bonaerense. En un operativo que recuerda a los peores tiempos de represión en nuestro país, las fuerzas de seguridad arrojaron gases lacrimógenos y balas de goma. Lxs periodistas, diputaxs y militantes de diversas organizaciones que se encontraban acompañando la vigilia también fueron brutalmente reprimidos.

Queda por analizar también, desde ahora, qué nuevo escenario represivo se abre en la Argentina. El encarnizamiento con que ayer se dio el desalojo de Pepsico señala a las claras que el gobierno está decidido a pasar a una nueva fase represiva, aun pasando por encima del respeto a los derechos constitucionales más básicos. Se trata, desde ahora, y teniendo en cuenta la represión de la semana pasada en la Avenida 9 de julio, de escenificar a un nivel superlativo la represión y el despliegue ofensivo de la fuerza pública sobre la protesta social.  

 

Esta tarde finalmente la Sala VI de la justicia laboral dictó un fallo que ordena a la empresa reincorporar de inmediato a un grupo de despedidxs, a quienes el telegrama les llegó recién ayer, luego de casi un mes de vigilia a la vera de la fábrica, sin recibir respuestas por parte de la justicia  ni de la conducción gremial. Si bien el fallo no alcanza a la totalidad de lxs despedidxs, es un punto de partida para avanzar en la recuperación total de los puestos.

 

Catalina Balaguer, una de las trabajadoras damnificadas caracterizó la situación de la empresa a lo largo de estos años: “en la alimentación hace muchos años somos oposición, y sabemos que las empresas no han invertido. Nadie habla de los más de diez años en que juntaron ganancias en camiones y, ahora, en menos de un año tienen una crisis pampa, y recortan sobre los trabajadores”. Balaguer es una de las tantas trabajadoras que vienen encabezando el reclamo desde junio.

 

El abogado Edgardo Moyano advirtió que el accionar de la jueza y del fiscal amerita un pedido de juicio político porque “ellos eran conscientes de todo, también sobre el lock out ilegal de la empresa, pero optaron por reprimir a los trabajadores, que eran los únicos que peleaban contra estas ilegalidades”.

 

Diversas organizaciones sociales y de derechos humanos, el colectivo Ni Una Menos y diputadxs de la oposición estuvieron presentes en la conferencia de prensa. Ni Una Menos publicó “¡No aguantamos más!”, un comunicado en solidaridad con la lucha de Pepsico, cuyas trabajadoras también fueron parte del Paro Nacional de Mujeres del 19 de octubre y del Paro Internacional de Mujeres del 8 de marzo. “El cierre ilegal de la fábrica y su traslado a Mar del Plata se hace con el objetivo de flexibilizar las condiciones laborales que las y los trabajadores venían defendiendo a fuerza de organización sindical y busca producir una nueva imagen de disciplinamiento social que propague el miedo y escenifique la represión. Las trabajadoras no quieren indemnización, quieren trabajo. Llamamos a las fuerzas sociales y sindicales a repudiar masivamente esta ofensiva contra la dignidad de las que defienden sus fuentes de trabajo”, dice el comunicado, que también responsabiliza por la represión a María Eugenia Vidal y a Jorge Macri, intendente de Vicente López.

 

La madrugada del 20 de junio la empresa había anunciado el cierre de la planta de Vicente López. El accionar avestruz dejó en la calle a 600 familias, luego de adherir un cartel al portón durante la madrugada, sorpresivamente. Desde entonces la comisión interna de Pepsico resiste, a pesar de  la complicidad con que la conducción del gremio de la Alimentación, encabezado por Rodolfo Daer, se comporta, negociando a espaldas de lxs trabajadorxs, pero sin su legitimidad.

 

Luego del cierre, la empresa ofreció indemnizaciones del 200% que algunxs aceptaron y que otrxs decidieron declinar, porque consideran que la preservación de las fuentes de trabajo es estratégica en un contexto de despidos masivos y caída del consumo, con una crisis económica y social en ciernes.