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Desde el Area Mujer y Diversidad Sexual, en el año 2017 se acompañó a 2130 mujeres en situación de violencia, y en lo que va de este año ya suman más de 1500

Romina Dusso había denunciado a su expareja el día anterior a que él matara a su padre, a su madre y su pareja, y a su hermana.  El 24 de diciembre de 2016 Santa Fe despertó con la noticia de este cuádruple femicidio vinculado. Marco Feruglio apretó el gatillo contra los cuatro. Canales de televisión, portales web y diarios de todo el país cubrieron esta historia que sorprendió por la crueldad, por la proximidad a una fecha festiva y el lugar donde fueron cometidos los crímenes. Fue en un edificio del centro, la zona con menor cantidad de homicidios de la ciudad. La presión del movimiento feminista también obligó a los medios de comunicación a llamar a los femicidios vinculados como tales.

La ley provincial nº 13.348, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, establece que las fuerzas policial y de seguridad que intervengan en la atención de la violencia contra las mujeres, deben articular con las instituciones gubernamentales y las organizaciones de la sociedad civil. Nada de eso sucedió cuando Romina fue a pedir ayuda a una comisaría el día anterior. Feruglio hoy se encuentra cumpliendo una condena a perpetua. Ella sobrevivió. Él eligió lastimarla matando a sus afectos.

Al menos 51 mujeres murieron en manos de un femicida, desde el 2001 hasta abril de 2018 en la capital provincial, según un informe del diputado provincial Leandro Busatto. Las cifras reflejan que el 78% de las mujeres asesinadas tenía entre 15 y 39 años. También señalan que 30 femicidios se cometieron en el lugar de mayor peligro para las mujeres: la casa propia, del femicida o donde la pareja convivía. Y agrega que 81 hijos e hijas quedaron sin madre, 43 de ellos/as menores. La mayoría de las mujeres, 23, fueron asesinadas con arma de fuego, 9 con arma blanca, 6 prendidas fuego, 5 asfixiadas, 4 por golpes. O que en sólo 3 de los 8 distritos en los que se divide la ciudad, se acumula la mitad de los femicidios cometidos: 11 en el suroeste, 8 en el noroeste, 7 en la costa.

Pero si a esas cifras les ponemos nombres, les dibujamos las caras y rastreamos sus historias, podemos concluir que todos los femicidios, en realidad, son –hubieran sido- evitables.

Facundo Solís asesinó a su expareja, Mariela Noguera, a la madre, la hermana, la sobrina y al novio de esta última en diciembre de 2017. Tenía una orden de restricción. Griselda Correa quería denunciar a su expareja, Cristian “Gusano” Vera. Un día se decidió: fue a dos comisarías distintas, la ignoraron. Volvió a su casa y él la asesinó. A María del Carmen García la atendieron en el Hospital Cullen por los golpes que había recibido por orden de su pareja. La curaron y volvió a la casa. Esa misma noche él la prendió fuego. Agonizó ocho días y falleció.

“El cuádruple femicidio vinculado fue un antes y un después –reconoce Paula Spina, Coordinadora del Área Mujer y Diversidad Sexual de la Municipalidad de Santa Fe- la ley es bastante clara sobre la responsabilidad de la policía de informar a las mujeres sobre los recursos de asistencia, pero la verdad que hasta ahí no era una práctica habitual”, explica a LATFEM. “Hoy por hoy, en la mayoría de las situaciones que llegan a la comisaría, se le da intervención al Área”, dice.

Desde el Area Mujer y Diversidad Sexual, en el año 2017 se acompañó a 2130 mujeres en situación de violencia, y en lo que va de este año ya suman más de 1500

Desde el Área Mujer y Diversidad Sexual, en el año 2017 se acompañó a 2130 mujeres en situación de violencia, y en lo que va de este año ya suman más de 1500. “La oficina del Área está abierta desde las 7 de la mañana hasta las 20 hs. A partir de ahí, hasta las 7 del otro día, los fines de semana y feriados contamos con un equipo de guardia. También si una mujer concurre a una comisaría o un hospital, nos dan intervención y ese equipo –conformado por abogadas, psicólogas y trabajadoras sociales- se traslada adonde la mujer se encuentre”, relata Spina.

Una vez realizada la denuncia o cuando se toma conocimiento sobre una situación de violencia machista, se realiza un abordaje de acuerdo a cada caso. “Se trata de apoyar y acompañar desde lo jurídico, lo psicológico, la idea es siempre trabajar a partir de la historia y de las características de cada persona. Construir la estrategia con la persona que llega, tener una escucha activa y a partir de las potencialidades, los intereses, los problemas, los recursos simbólicos y materiales de cada una ver cómo se va trabajando”, explica la coordinadora.

Reconocer la violencia

“Nuestra casa” es el único centro de día de la ciudad de Santa Fe destinado específicamente a mujeres y, en palabras de una de sus referentes, Liliana Loyola “demostrar que es un espacio posible de encarar como política pública”. Desde el 2016, entre 150 y 180 mujeres concurrieron a Nuestra Casa. “La idea es esa: acompañar a las mujeres en ese proceso de visibilizar que son víctimas de violencia, que están atravesadas por esa situación, porque muchas veces toman decisiones por el malestar que sienten, pero no por haber tenido claramente visibilizado que padecían violencia de género. Empiezan a descubrirlo en el trabajo de los talleres, cuando se dice qué es violencia y cuáles son las formas en que se manifiesta”, explica Loyola, junto a su compañera María del Carmen Carranza.

Desde el año 2008 vienen trabajando en la sensibilización y prevención de la violencia de género, a través de jornadas públicas y capacitaciones en las escuelas; además de brindar acompañamiento y asesoramiento a las mujeres. “En esa etapa, descubrimos que una vez que las mujeres tomaban la decisión de cortar su relación violenta, no tenían ningún acompañamiento”, narra Loyola. “Ahí entendimos que había que brindar una herramienta para poder acompañar ese proceso, cada mujer tiene un tiempo determinado, cada circunstancia es diferente. Justo se nos había terminado el alquiler en donde estábamos y decidimos, medio de corajudas no más, encarar el centro de día”.

En este lugar también se dictan talleres de formación laboral. Al respecto, Carranza agrega: “este es un espacio abierto a cualquier mujer. Muchas vienen y una vez que están acá descubren que son víctimas de violencia, gracias a los talleres, al trabajo comunitario, de empoderamiento. Todo lo que se hace es como un trabajo preventivo de la cuestión más terrible, que es la muerte de la mujer. Pero aparte de eso, cuando se tiene el caso concreto de violencia, se actúa con el equipo interdisciplinario del que disponemos y se hace conexiones con organismos gubernamentales. Pero como siempre dice Liliana, no somos el Estado, hay cosas que no podemos hacer”.

El primer paso

“Creo que el femicidio es evitable. Todos los agentes del Estado tienen la obligación de denunciar cuando son testigos de una situación de violencia, está en la ley de protección integral hacia las mujeres, pero ¿hay capacitación de los agentes del Estado?” se pregunta Loyola. Y agrega: “No hay cercanía, no hay lugares en los barrios donde poder acudir. Una mujer que tiene que tomar la decisión, a veces con urgencia, no sabe qué hacer”. “¿Cómo no utilizan la estructura de los Centros de Salud y de los Centros de Acción Familiar para servicio de las mujeres?” reflexiona. Si bien todas las comisarías deben tomar denuncias por violencia de género, se recomienda a las mujeres acudir a la oficina del Área Mujer y Diversidad Sexual, ubicada en la zona céntrica de la ciudad.

Los Centros Territoriales de Denuncias (CTD), organismos dependientes de la provincia, también son una alternativa, ya que son espacios de atención de denuncias y orientación a víctimas de distintos hechos delictivos. “La diferencia con la policía es abismal -reconoce Spina- en los CTD, la denuncia te la toma un/a abogado/a, y el trato, la forma y el acompañamiento es muy distinto a lo que pasa en la policía. Tienen como límite los horarios: están abiertos de lunes a viernes de 8 a 20 hs, pero la mayoría de las situaciones de violencia suceden a la noche y los fines de semana. Creo que esa es una experiencia a replicar, que debería haber más cobertura”. Actualmente, hay sólo dos: uno en el norte y otro prácticamente en el centro de la ciudad.

En definitiva, las comisarías, si bien son el lugar menos recomendado, siguen siendo en muchas ocasiones la única opción para las mujeres que deciden denunciar a su agresor. Entonces, ¿está capacitado el personal policial para recibir a esas mujeres que acuden en busca de ayuda? ¿Es la solución capacitar a la fuerza de seguridad? “Hay una cuestión de la comisaría como una institución cercana al barrio, pero creo que tienen que ser otros tipos de profesionales, no los de las fuerzas de seguridad quienes estén recibiendo las denuncias –dice Spina- Me parece importante la capacitación a los agentes, pero soy muy crítica de las posibilidades reales de cambio de la institución policial. Queremos pensar los nuevos problemas con las mismas viejas instituciones. ¿Hasta dónde podemos pensar prácticas transformadoras o que rompen con los paradigmas asentándonos en instituciones clásicamente violentas y represoras?”,  reflexiona.

La denuncia y después

A mediados de agosto la Secretaría de Gobierno contaba con 1041 botones de pánico activos. “Creo que es un buen sistema, ha sido una herramienta para muchas mujeres. Te encontrás siempre con una mujer que alcanzó a apretar el botón porque el tipo estaba en la puerta y llegó la policía”, cuenta la funcionaria. “Es una herramienta, pero no sirve sólo dar el botón, tratamos de garantizar siempre que también tenga el acompañamiento del Área, el asesoramiento de la abogada, la psicóloga”.

“En general no hay problema con el funcionamiento del botón, sí muchas veces problemas con el 911, con la actuación policial”. En el software de los botones quedan registradas las activaciones que hubo y cuáles fueron los resultados o si hubo incumplimientos, todo eso se informa al Ministerio Público de la Acusación.

“Sí creo que es mucho más superador el dispositivo de las tobilleras, porque quitan a la mujer la responsabilidad de tener que estar apretando el botón. Además, le impone al Estado monitorear y detectar si algo está por suceder. Hay que avanzar en esto, se lo hemos planteado al Ministerio de Justicia de la Nación y de la provincia porque nos interesa poder llegar a tener ese sistema acá en la ciudad” cuenta Spina.

El 18 de abril de este año fue inaugurada la primera Casa de Amparo que depende de la Municipalidad. La ciudad contaba desde 2015, además, con otro refugio dependiente de la provincia. “Una persona que requiere una casa de protección, tiene lugar -asegura Spina- Entre la casa de la provincia, que tiene 24 plazas y la nuestra que tiene 22, son 46 y aparte está toda la red de la provincia en otras localidades que eventualmente se pueden utilizar, lo cual no es lo mejor porque implica un desarraigo. Son importantes porque hay situaciones que son muy graves y de mucho riesgo y por un tiempo están bien, pero no es lo ideal”, admite.

¿Qué  hace una mujer que depende económicamente de su pareja, que tiene hijos y no puede dejarlos en su casa? Refugiarse, ¿y después? “Muchas de las mujeres que han venido acá, para poder irse de la casa tienen que tener un lugar. A veces consiguen un terrenito en la casa de la madre, pero necesitan apoyo por parte del Estado” cuenta Loyola. “No hay una política de incorporar a las mujeres que ya han padecido violencia ni en lo laboral, ni en la vivienda”.

Políticas a fortalecer

“En la ley está escrito el ABC de lo que hay que hacer, si se cumpliera y se pusiera la plata, sería excelente, pero ni la miran”, asegura Loyola. En este sentido, si se busca la palabra “género” en el presupuesto provincial para el año 2018, sólo figura una vez: para indicar que se destinan $7 millones para programas implementados por la Subsecretaría de Políticas de Género. Afirma Loyola: “Es decisión política decir en qué lugar pongo a la Subsecretaría de Género y cuánta plata le doy. No tiene presupuesto propio, es una parte del de Ministerio de Desarrollo Social”. “Casi considerándola una figura a la que hay que asistir –agrega su compañera- No que tiene una autonomía, una partecita va para las mujeres. La que tienen es una mirada de asistencia. No nos están considerando iguales, seguimos siendo de segunda”.

Según consta en el presupuesto municipal para el año 2018, al programa “Igualdad en la Diversidad – Género”, están destinados $5.749.333. Un 0,12% del presupuesto total que, según detalla la ordenanza nº 12456, serán destinados a “fortalecer la Asistencia integral a personas en situación de discriminación o violencias de género desde la Casa del Área y desde el territorio en los Solares, promover la puesta en funcionamiento de un hogar de protección integral para mujeres y personas LGBTIQ víctimas de violencias de género; desarrollar instancias externas de supervisión y capacitación de los equipos”, entre otras actividades.

En definitiva, el gobierno provincial destina, para sus 363 municipios y comunas, aproximadamente sólo $1.200.000 más que lo que se invierte solo en la ciudad de Santa Fe. “El planteo que le hacemos a la Subsecretaría de Políticas de Género es que, si bien los municipios tienen mucha potencialidad para intervenir por la inmediatez, porque están cerca, tendría que haber un organismo provincial, ya que cuentan con los Ministerios de Salud, Seguridad y Justicia para los casos más complejos, más graves como femicidios, tentativas o cuando esté involucrado un agente de seguridad -observa Spina- O por lo menos generar los acuerdos institucionales y las políticas necesarias”.

“Nosotros adherimos a la ley, hicimos una provincial adhiriendo a la otra. Pero ni la miramos, yo estaría todos los días leyéndola, a ver qué me falta”, se enoja Liliana Loyola. En este sentido, Spina coincide: “la ley dice que los hospitales tienen que tener servicios especializados en violencia, hoy por hoy ninguno lo tiene. Esas cosas se tendrían que bajar desde la provincia y con inversión. El Ministerio de Justicia tiene buenos equipos e intervienen bien, pero están de lunes a viernes de 8 a 14. Ese también es el gran problema, superar las barreras burocráticas, si no el Estado no va a poder dar respuestas. Aparte de la formación tiene que haber una inversión mayor”. El problema está cartografiado, todo lo que falta también se conoce y reclama. Por ahora Ni Una Menos sigue siendo un deseo y el Estado es responsable porque los femicidios son muertes evitables.