Por: Fotos: Telam

La noche del martes 11 de diciembre de 2012, el tribunal integrado por los jueces Eduardo Romero Lascano, Emilio Herrera Molina y Alberto Piedrabuena, absolvió a los 13 imputados de la causa por el secuestro y el sometimiento a prostitución de María de los Ángeles “Marita” Verón. Un día caluroso que al promediar la tarde daba atisbos de esperanza, terminó por la noche con la lectura de una sentencia que renovó bronca y descrédito en la Justicia tucumana.

Las audiencias, que tardaron diez años en llegar luego de la primera denuncia de Susana Trimarco, la madre, habían durado más de diez meses; es por eso que un leve retraso en la lectura de la sentencia no impacientó a nadie. Para la dimensión de los hechos, eran pocas las personas agolpadas en la Plaza Yrigoyen, frente al Palacio de Tribunales de la Justicia local.

Durante la espera, las periodistas –casi todas eran mujeres- no perdían retratos, y las agrupaciones –también casi todas representadas por mujeres-, colgaban banderas y conformaban con cantos de arenga la banda sonora oficial. La Plaza Yrigoyen estaba rodeada de un vallado que la dividía por sectores y disminuía al mínimo el número que podía acercarse a las puertas del edificio.

A eso de las ocho, a Susana Trimarco todavía no la habían dejado entrar. Las puertas seguían cerradas. La demora que no molestaba hacía unas horas, ahora se hacía sentir.  Del interior del recinto llegaban mensajes de texto: una absolución, otra, otra. La televisión de un bar cercano era entonces el medio más confiable. Una señora en una de las mesas soltó lo suyo. Su hermana había pasado todo lo mismo: la desaparecieron, supieron de La Rioja, fueron a buscarla, el padre se hizo cliente para recuperar a la hija y devolverle la libertad que se le debía. No quiso testificar ni hacer denuncia, tuvo miedo. Quién la culpa, el Estado es responsable.

Al terminar la lectura, la militancia enfiló hacia la Fundación María de los Ángeles. En el camino, a los gritos, entre los autos y los colectivos: pequeñas oleadas de frenesí. Ya en la puerta de la Fundación la furia iracunda rebotaba contra las paredes. Susana Trimarco estaba adentro, de frente a las cámaras que no dejaban de enfocarla. En un momento, apareció por el balcón con un temple inentendible desde el que exhortó la fortaleza que parecía que ya no quedaba.

Al día siguiente, la posibilidad de que, desde el derecho, este hubiera sido un juicio justo parecía la mejor manera que el Estado podía encontrar para revictimizar, una vez más, a todas las víctimas de la trata. El circo mediático mostraba a los referentes políticos desesperados por sumar a su agenda la bandera de una causa por cuyas audiencias nunca pasaron. Por la tarde, llegó por fin la marcha multitudinaria que partió de la misma plaza en la que el día anterior solo había un puñado de militantes.

La ley

En 2008, tras más de cinco años del accionar de Susana Trimarco, el Boletín Oficial de la Nación había publicado la Ley 26.364, que creaba el Programa Nacional para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas. Dos semanas después de la sentencia de 2012, se conocía su modificación a través de la Ley 26.842, que actualiza y profundiza los mecanismos de prevención y sanción a los delitos de trata. A once años del secuestro de Marita en Tucumán, siete del de Florencia Pennacchi en Buenos Aires y tras incontables campañas del movimiento de mujeres, las casi diez mil víctimas de trata que, según el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, fueron rescatadas en el país, comenzaban a tener una normativa adecuada a los estándares internacionales. Sin embargo, el Programa nacional nunca llegó a funcionar en la provincia, donde las víctimas son atendidas desde 2015 por el Programa de Asistencia a la Víctima del Delito, dependiente de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social local.

Los tiempos de la justicia avanzan como tortugas, y las mujeres encontramos más respuestas en las organizaciones, que en los recursos que el Estado nos ofrece. En 2014, la Corte Suprema de Tucumán revocó parcialmente el fallo inicial y condenó a diez de los imputados por la causa: José Fernando “Chenga” Gómez, Gonzalo “Chenguita” Gómez, Daniela Milhein, Andrés Alejandro González, Carlos Alberto Luna, Domingo Pascual Andrada, María Azucena Márquez, Humberto Juan Derobertis, Mariana Natalia Bustos y Cynthia Paola Gaitán; Irma Medina había fallecido meses antes; y, por falta de pruebas, se absolvió a María Jesús Rivero y a su hermano, Víctor Rivero. Recién en noviembre 2016 se dio por terminado el debate de casación y aún hoy, a casi cinco años del fin de las audiencias, continúa sin estar firme la sentencia.