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Cuando la Ley de Identidad de Género en Argentina era tan solo un deseo y no una legislación que amplió derechos para muchas personas, en 1997 Mariela Muñoz logró obtener su DNI con su identidad autopercibida. Lo hizo a través de la vía judicial. “Yo nunca he visto esto. Es revolucionario”, dice la histórica conductora televisiva Mirtha Legrand con el documento de Mariela en la mano en un vídeo que la muestra como invitada del tradicional almuerzo. Ella ya era conocida antes de esa participación mediática. Antes había peleado por la maternidad trans y esa lucha le había costado un año de prisión en suspenso. En diciembre de 1993 el juez de menores de Quilmes Pedro Entío decidió anular las partidas de nacimiento de dos mellizos y una niña que ella criaba desde su nacimiento y que había anotado como propios. Pionera inolvidable de la lucha por la diversidad el viernes a la tarde murió Mariela Muñoz.

 

La expectativa de vida de las personas trans en Argentina es de 35 años. Mariela superó esa barrera que impone la falta de acceso a la salud, la vivienda, la educación, el trabajo, la criminalización y la violencia policial. Falleció a los 73 años, internada en un geriátrico. Llegó a criar una veintena de niños y niñas. Y tuvo más de 30 nietxs y bisnietxs. Fue candidata a diputada provincial por el Partido Justicialista.

En 2013 la jueza María Elena Liberatori había ordenado al gobierno porteño que le otorgue “subsidios extraordinarios y reparatorios” a cinco mujeres trans mayores, por los años de marginación y discriminación que padecieron, una de ellas fue Mariela. La orden judicial tuvo lugar después de las acciones de amparo presentadas por la Mesa Nacional por la Igualdad, la Federación Argentina LGBT y la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgénero (Attta). Se trataba de “reparar los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de la discriminación y violencia institucional generalizada, constante y directa”.

En ese momento Mariela no recibía ni jubilación ni pensión. Pasaba sus días acompañada por una sobrina de Tucumán, su provincia natal, pero necesitaba asistencia integral por problemas graves de salud. No podía cubrir sus necesidades básicas y le costaba ver, oír y caminar, como consecuencia de haber padecido un ACV. Su caso no es aislado: muestra un abandono estatal sistemático.

“Nunca llegó a cobrar esta pensión, según tengo entendido por los familiares”, dijo a LatFem María Belén Correa. Junto con la fotógrafa Cecilia Estalles Alcón fundaron el Archivo de la Memoria Trans. María Belén también fue fundadora de ATTTA (Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de la Argentina). Conoció a Mariela en 1993 durante la marcha del Orgullo. Desde entonces se fueron cruzando en distintos espacios de activismo. “Es un día tristísimo”, dijo.

Una ley para reparar

“Reconocer es reparar” es el nombre de la campaña que pretende convertir en ley el proyecto 8194, que establece una pensión graciable para víctimas de violencia institucional por motivos de identidad de género. Se trata de una propuesta impulsada con fuerza por Marlene Wayar y Lohana Berkins. La iniciativa formal, en la que participan organizaciones como Abosex, Alitt, Futuro Transgenérico y M.A.L, se presentó en el Congreso de la Nación 6 de octubre pasado con la firma de 22 diputados. Alrededor de 300 personas podrían beneficiarse con esta ley.