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La Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR) presentó ante una mesa de trabajo integrada por organizaciones sociales, sindicatos y periodistas su proyecto de Ley de Trabajo Sexual. La iniciativa será enviada como anteproyecto a la Cámara de Diputados el 3 de julio de 2018, para su discusión y votación, y ya cuenta con el apoyo de varios bloques. La redacción estuvo a cargo de AMMAR y FUERTSA, Y contó también con la colaboración de la Federación Argentina LGBT.

Se trata de un nuevo intento por conseguir una legislación que, de una vez, otorgue derechos laborales para las personas que llevan a cabo de manera autónoma el trabajo sexual. La iniciativa reformula varios de los puntos del proyecto que AMMAR ya había presentado en  2013 a través de la Cámara de Senadores y que no logró ser votado.

Cuatro años más tarde, y a la luz de un intenso proceso de debate en las bases de la organización y en los activismos de la diversidad, en el feminismo y en el sindicalismo, las trabajadoras sexuales lograron insertarse definitivamente como uno de los sectores claves del feminismo. En el último Encuentro Nacional de Mujeres en Chaco la apuesta política de las trabajadoras sexuales se vio refrendada por muchísimas militantes que asistieron a los talleres de trabajo sexual, que se vieron desbordados en número en uno de los hechos políticos más significativos del Encuentro.

Del 2013 al 2018

Entre las novedades del proyecto se destaca la eliminación de la propuesta de inscripción y credencial personal para que cada trabajadora demuestre no ser víctima de la trata de personas. Este punto refleja uno de los núcleos fuertes del balance de 2013 a la fecha, y que analiza el derrotero de la Ley 26.842 de prevención y erradicación de la trata de personas y asistencia a sus víctimas.

La Ley de Trata había establecido una serie de mecanismos de rescate y de disposiciones penales destinadas a identificar a quienes ejercen y son víctimas de la trata, pero a la vez terminó por equiparar trata con todas las formas del trabajo sexual. En este sentido, la quita del proyecto actual de la acreditación de las trabajadoras sexuales en tanto condición de trabajadoras libres y no tratadas ni esclavizadas, refuerza el aspecto de la autonomía en la decisión del ejercicio del trabajo sexual, por sobre la necesidad de una aceptación política por parte del Estado y de la sociedad civil.

Otra de las novedades del proyecto será el reemplazo de la propuesta de creación de una Oficina Nacional de Protección al Trabajo Sexual en el marco del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social por la propuesta de reconocimiento del derecho a trabajar, a asociarse con fines útiles y el derecho a organizarse. A contratar, promocionar servicios, elegir el espacio de trabajo, la jornada laboral y el establecimiento de las condiciones de trabajo. También se propone reconocer el derecho a la vivienda, a la seguridad social, a la judicialización y la sindicalización.

Con este proyecto AMMAR recoge las discusiones construidas en los últimos años en las bases de su movimiento, y a la vez abandona la idea de regulacionismo.

Argentina es un país que “está más cerca del prohibicionismo que del abolicionismo”, dijo Georgina Orellano en la mesa de trabajo convocada ayer en la sede nacional de la CTA. Si rigen los códigos contravencionales que sancionan el trabajo sexual en 18 provincias y otros mecanismos de punición y prohibicionismo encubierto, “Argentina ya es de hecho un país con modelo regulacionista, de un prohibicionismo encubierto”.

Países donde se lleva adelante el modelo regulacionista como Uruguay y Holanda se acercan más al espíritu del proyecto presentado por AMMAR en 2013. El desplazamiento con el proyecto que será presentado oficialmente en 2018 es hacia un modelo de reconocimiento de derechos laborales, de espíritu antidiscriminatorio y de progresión en materia de derechos humanos. Sin encasillarse en ninguno de los modelos conocidos, es el proyecto que a la fecha fue concebido por y para las trabajadoras sexuales en Argentina, según los que aquellas nucleadas en AMMAR conciben que son los derechos que les faltan.

Nadie puede sólx

Las consecuencias de la política anti-trata en Argentina, a partir de la modificación de la Ley de Trata de 2008 llevada a cabo en el 2012, terminó por equiparar el trabajo sexual con la trata de personas. Su artículo 125bis dice que “el que promoviere o facilitare la prostitución de una persona será penado con prisión de cuatro (4) a seis (6) años, aunque mediare el consentimiento de la víctima”. De esta forma la punición penal sobre toda persona trabajadora sexual llevó la designación social de todo un arco de sujetos sociales a la categoría de víctimas, sin mediar las diferencias que existen entre quien decide ejercer el trabajo sexual y quien se ve obligado o coaccionado a hacerlo.

“Ningún trabajador puede sólo. Necesita de terceras partes. No los proxenetas. Hablamos de volanteros, páginas web, la persona encargada de la limpieza del lugar de trabajo, la posibilidad de firmar un contrato de alquiler. Estos son medios que necesitamos para llevar a cabo nuestro trabajo”, definió también Orellano. La Ley de Trata criminalizó todo y las redes de trata de personas no se desmantelaron. ¿Hay otro rubro laboral en Argentina tan castigado por el punitivismo? Quizás la persecución y la violencia hacia las trabajadoras sexuales sólo se equipare con la que padecen los y las trabajadoras de la economía popular, quienes muchas veces hacen uso del espacio público como parte de la escena existencial de las decisiones, el trabajo, la subsistencia. No es casual, tampoco, que entre las nuevas agendas políticas de la época tanto las trabajadoras de la economía popular como las trabajadoras sexuales lograron ser reconocidas como trabajadoras por el feminismo también en las asambleas de organización del Paro Nacional de Mujeres del 19 de octubre de 2016 y del Paro Internacional de Mujeres del 8 de marzo de 2017.

Este nuevo intento de reconocimiento de derechos busca construir una respuesta a esta agenda desde el derecho laboral por sobre el derecho penal. El plan de incidencia de AMMAR para el 2018 prevé, además de la presentación de este proyecto, una serie de mesas de trabajo como la que se llevó a cabo en la sede porteña de la CTA en otras provincias.