Por: Fotos: Facebook Ni Una Menos Perú:T ocan a una, tocan a todas
Hace un año las mujeres en nuestra más amplia diversidad nos organizamos contra la violencia machista expresada en todas sus formas: física, sexual, psicológica, económica y simbólica. Como resultado, el Perú fue testigo de una de las marchas más multitudinarias que se hayan dado a nivel nacional bajo la consigna Ni Una Menos. Sin embargo, a pesar del compromiso del Estado y de la sociedad en asumir una lucha frontal ante la violencia que nos agrede, nos viola y nos mata todos los días, las demandas por las cuales tomamos las calles no han sido cumplidas. Ante este silencio e inoperancia, las mujeres nos autoconvocamos nuevamente para manifestar la indignación colectiva por el incremento de feminicidios, violaciones sexuales, de casos judicializados sin condena, de desapariciones de mujeres que no se investigan o no se consideran como potenciales casos de trata de personas. Estos son solo algunos ejemplos de la vulneración de derechos, perpetrados hacia nosotras por el hecho de ser mujeres.
El Perú sigue ocupando el tercer lugar entre los países con mayor índice de casos de violación sexual a nivel mundial, y es a su vez el Estado sudamericano con más deserción escolar por embarazo adolescente y, peor aún, con el registro de un feminicidio o intento de feminicidio por día. De enero de 2009 a junio de 2017 se han registrado 941 feminicidios (nueve de cada 10 mujeres tienen como victimarios a su pareja, ex pareja o un familiar), ocho de cada 10 víctimas de esclavitud laboral o sexual son mujeres, siete de cada 10 mujeres 7 son víctimas de acoso callejero.
Otras situaciones de desigualdad de género se manifiestan de la siguiente manera: Los varones ganan un 30% más que las mujeres por desarrollar las mismas labores; las labores de cuidado y trabajo doméstico, realizado en su mayoría por mujeres, es invisibilizado y no remunerado, a pesar de aportar el 20% del PBI nacional; por cada hombre analfabeto existen tres mujeres que lo son. Las mujeres aún no alcanzamos la paridad, pues solo uno de cuatro puestos directivos son ocupados por mujeres, únicamente siete mujeres son ministras de las 19 carteras de gobierno que existen y solo 36 mujeres son congresistas de los 130 escaños.
Durante el último año, la violencia también ha surgido desde de la sociedad, a través de iniciativas públicas manipuladas por instituciones religiosas y políticas, como el colectivo “Con mis hijos no te metas” que fomenta la discriminación a la mujer y a la comunidad LGTBIQ+, oponiéndose y obstaculizando iniciativas legislativas en favor de estos grupos vulnerables, por lo que exigimos el respeto irrestricto al Estado Laico. Durante las últimas semanas hemos sido testigos de las movilizaciones y exposición de demandas de las mujeres mineras, maestras, médicas y obstetras, por lo que exhortamos a que el Estado facilite espacios de diálogo con ellas y deje de vulnerar sus derechos. Ellas merecen ser escuchadas.
Frente a este contexto, percibimos que el Estado peruano aún no ha asumido esta lucha como prioridad y resulta urgente su participación pues tiene el deber de garantizar el ejercicio de nuestros derechos constitucionalmente reconocidos de manera plena, y de erradicar todo tipo de violencia y discriminación que afecte a las mujeres.
Por ello, es lamentable que en el último mensaje a la nación, el Presidente de la República dedicara solo un minuto a hablar de nosotras, quienes conformamos la mitad de la población peruana, el cual incluso no planteó soluciones a la violencia estructural que sufrimos, sino únicamente paliativos, como el fortalecimiento de la línea 100 y la implementación de 25 Centros de Emergencias Mujer en las comisarías. Ante estas insuficientes medidas para la reivindicación de nuestros derechos, aunadas a las recientes declaraciones de la actual Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables -que considera la lucha feminista innecesaria y la equipara al machismo-, las mujeres peruanas exigimos poner fin a la violencia machista y la implementación de las siguientes demandas:

Políticas jurídico-legales

  1. Incremento del presupuesto nacional para la prevención y atención de la violencia de género, en todas las instancias del Poder Ejecutivo. La atención debe ser oportuna y efectiva a las mujeres que denuncian violencia de género (verbal, emocional física, etc.), sin revictimización, con apoyo psicológico continuo y medidas de protección inmediatas.
  2. Aprobación del Plan Operativo Bianual del Plan Nacional contra la Violencia de Género 2016-2021 a la brevedad posible, el mismo que será transparente y de acceso de toda la ciudadanía respecto al conocimiento de las funciones institucionales contenidas en el mismo.
  3. Garantías para el acceso de las sobrevivientes a todas las instancias de los actores estatales que integran el Sistema de Administración de Justicia en el Perú para asegurar la integridad de las denunciantes, la no vulneración del debido proceso y el tratamiento ex post de las víctimas.
  4. Facultar a las Fiscalías Provinciales de Familia de competencias necesarias para la investigación penal de casos de violencia hacia la mujer y los miembros del grupo familiar, en el marco de la Ley 30364.
  5. Promover de oficio la investigación y sanción drástica de parte de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) a jueces y fiscales que hayan actuado contrarios a Ley en los procesos seguidos de actos de violencia contra la mujer.
  6. Modificar la legislación penal que incrementen las penas en el delito de feminicidio.
  7. Financiar los protocolos de atención y protección a víctimas de trata de personas. Respeto irrestricto de sus derechos humanos en todas las fases de asistencia y recuperación de las víctimas, así como un programa estatal de erradicación de la explotación sexual y sus articulaciones empresariales-político-policiales que sancione a tratantes, compradores y proxenetas. La esclavitud para la explotación del cuerpo de las mujeres y niñas es una de las peores formas de violencia machista
  8. Implementar políticas y acciones de reparación a las víctimas de esterilizaciones forzadas.
  9. Sancionar a las personas responsables de la violencia de género cometida durante el conflicto armado interno, incluyendo el caso de Manta y Vilca en Huancavelica.
  10. Rechazar de manera absoluta de la fusión del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), por la naturaleza jurídica de creación de ambas carteras ministeriales.
  11. Instar al Congreso de la República la promulgación de la Ley de Identidad de Género e Igualdad de derechos para las mujeres transexuales, así como exigir que todas las instancias del Estado garanticen el respeto pleno de los derechos de mujeres lesbianas y bisexuales.
  12. Despenalizar el aborto. Demandamos que nunca más una mujer muera por abortos clandestinos.
  13. Garantizar una Educación pública de calidad, gratuita, pluricultural y con enfoque de género a favor de estudiantes, así como docentes con salarios justos y respeto a sus derechos. Exhortamos al Ministerio de Educación y las Direcciones Regionales de Educación a plantear los canales necesarios para el diálogo y pronta solución a las plataformas de lucha de maestras y maestros.
  14. Garantizar la protección y el cumplimiento de los derechos laborales, sexuales, reproductivos y humanos de las trabajadoras del hogar, así como promover campañas de sensibilización respecto de la violencia sexual contra trabajadoras del hogar, y crear un sistema de registro y empadronamiento de las mismas.
  15. Implementar políticas de protección de los derechos de las trabajadoras sexuales, así como de las condiciones necesarias para el cuidado de su salud.
  16. Incorporar de un enfoque de género en la evaluación llevaba a cabo por el Consejo Nacional de la Magistratura.
  17. Implementar políticas para la igualdad de salarios y de oportunidades laborales para hombres y mujeres.
  18. Sancionar y tipificar los crímenes cibernéticos que vulneran y agreden a las mujeres a través del Internet. Solicitamos que se apliquen penas a quien divulgue contenido íntimo, a quien haga apología a la violencia de género, y a quien cometa acecho u hostigamiento cibernético mediante insultos, agresiones y amenazas machistas.
  19. Garantizar que los medios de comunicación sean aliados en la lucha contra la violencia de género, evitando la revictimización de las sobrevivientes a la misma, la deshumanización por medio de la cosificación y la difusión de contenidos misóginos que fomentan la violencia, la discriminación y los estereotipos de género. Demandamos que se sancione a medios de comunicación que incumplan con esta medida, así como la intervención vigilante y fiscalizadora desde el Consejo Consultivo de Radio y Televisión (CONCORTV) y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Exigimos un periodismo con perspectiva de género que tome postura coherente que no refuerce la violencia de género.
  20. Sancionar a las empresas que hagan publicidad machista reproducen, legitiman y naturalizan la violencia contra las mujeres, y perpetúan una imagen estereotipada, cosificada y subordinada de la mujer.
  21. Implementar medidas preventivas y de sanción ante casos de acoso laboral. Exigimos se erradique la discriminación, chantaje, hostigamiento y violencia sexual dentro del ámbito laboral.
  22. Aplicar el enfoque de género en los procesos de inspección y fiscalización de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL).
  23. Implementar medidas de prevención y sanción frente al acoso político. La violencia política es una barrera fundamental para la participación de las mujeres en la toma de decisiones.
  24. Reforzar la prevención del acoso callejero y la aplicación de las normas que regulan este aspecto. Tenemos derecho de caminar y hacer uso del espacio público sin temor a que nos violenten.

Políticas sociales y educativas

  1. Incorporar en la currícula escolar el enfoque de género, la igualdad y la educación sexual integral, así como la creación de una instancia de denuncias dentro de cada centro educativo ante actos que configuren violencia física, psicológica y sexual contra las estudiantes.
  2. Visibilizar la problemática de las mujeres que viven con VIH y proteger de manera integral sus derechos, así como la implementación de campañas de sensibilización para evitar su estigma.
  3. Implementar políticas y acciones de reparación para las mujeres afroperuanas, andinas y amazónicas, por la violencia e invisibilidad histórica que operan sobre ellas. Ninguna mujer debe ser discriminada social ni estructuralmente por su identidad étnica.
  4. Proteger de manera integral a las mujeres con discapacidad. Ninguna mujer verá sus capacidades subestimadas ni atravesará obstáculos para tener calidad de vida.
  5. Proteger de manera integral a las mujeres migrantes a través de políticas públicas que garanticen sus derechos.
  6. Exigir paridad y alternancia en todos los puestos políticos. Nunca más una política hecha solo por hombres.
  7. Implementar políticas económicas y redistributivas cuya prioridad sea que las mujeres abandonen condiciones de pobreza y pobreza extrema, considerando que estamos expuestas a la violencia económica, la cual únicamente se define en la Ley 30364 y en su reglamento. Por ello, exigimos que se establezcan mecanismos para combatirla.
  8. Instar al Instituto Nacional de Estadística e Informática y a otras instituciones públicas pertinentes a la recolección y difusión de datos oficiales sobre violencia de género en todas sus expresiones, este tipo de información es elaborada y proporcionada actualmente por organizaciones de la sociedad civil. Es imprescindible disponer de cifras oficiales a nivel nacional para poder aplicar políticas públicas de manera eficiente.
  9. Demandar la tipificación de la sustracción de menores por parte de alguno de los padres y/o parientes, quienes aprovechándose del vínculo familiar y/o de confianzas, son separados de sus madres.

Políticas de salud

  1. Implementar políticas en salud sexual y reproductiva en beneficio de las mujeres, con enfoque de interculturalidad; sin prejuicio ni discriminación por parte de los servidores de salud.
  2. Garantizar la distribución de la Anticoncepción Oral de Emergencia en los establecimientos públicos de salud.
  3. Implementar un programa de planificación familiar garantizando la atención de calidad durante la consejería, seguimiento y culminación con la adecuada administración del tratamiento seguro y que responda a las necesidades de la pareja.
  4. Fortalecer las políticas orientadas a la prevención y tratamiento de las enfermedades de trasmisión sexual que respeten la integridad física y psicológica de la mujer; así como también el respeto a su vulnerabilidad, como es el caso de las pacientes con VIH.
  5. Garantizar la incorporación del enfoque de interculturalidad y respeto de los derechos de todas las mujeres durante la atención de salud materna y neonatal, que permita erradicar la violencia obstétrica.
  6. Garantizar el acceso a procedimientos seguros para el aborto con una legislación que proteja a la mujer en el ejercicio pleno de sus derechos.
  7. Implementar un programa de salud específico para el cuidado de la salud de las mujeres de la comunidad LGTBIQ+.
  8. Implementar un programa de salud mental específico para mujeres, el mismo que deberá tener especial atención de aquellas víctimas de violencia de género.
  9. Implementar un sistema de reconocimiento de buenas prácticas en el ejercicio de la medicina legal, especialmente para el abordaje de casos de violencia sexual.
Para que la lucha de las mujeres sea también la lucha del Estado, es urgente que los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial atiendan nuestras demandas para erradicar todas las formas de violencias que nos vulneran. En caso contrario, el Estado seguirá siendo responsable de la violencia machista, volviéndose cómplice y legitimador de las prácticas más cruentas y feminicidas. Las mujeres del Perú nos seguiremos organizando y exigiendo que nuestras demandas no sigan siendo postergadas.
Ni Una Menos Somos Todas ¡Vivas y libres nos queremos!