Si una pasa por la Eloy Alfaro y ve los establecimientos como MegaKywi, TVentas, Todo Hogar, no se puede imaginar que en su interior opera un centro que atiende a mujeres que buscan ayuda para interrumpir su embarazo.

En América Latina hay una red de centros conocidos como Centros de Ayuda a la Mujer (CAMs) que son parte de una iniciativa exportada de Estados Unidos. Estos centros, que se muestran como clínicas, consultorios o servicios médicos en donde se asesora sobre “aborto seguro”, tienen la real intención de disuadir, mediante engaños y manipulaciones, a las mujeres que llegan a estos sitios para que ellas no interrumpan su embarazo. En Ecuador funcionan con distintos nombres: Centros de Asistencia a la Mujer (CAM), Profem, Libérate, y otros. Todos presentan una fachada amigable y aparentemente profesional en redes sociales y en sus páginas web.

En estos centros se vulneran los derechos de las mujeres; de acuerdo con la abogada Ana Vera, directora del Centro de Protección y Asesoría en Derechos Humanos Surkuna, “exponen a las mujeres a tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes”. Además, según Vera, “generan graves prácticas de intimidación como llamadas y amenazas constantes a las mujeres que acudieron a la cita”.

No es una pesadilla, es real: publicidad engañosa e información falsa

Cuando Sofía (nombre protegido), con ocho semanas de embarazo, llegó a Profem buscando información para practicarse un aborto se encontró con un supuesto médico que aseguraba ser “especialista”; en la conversación él insistió en los supuestos riesgos del procedimiento: “una muerte casi segura o múltiples tipos de cáncer asociados con la interrupción del embarazo”. Cuenta que le explicó que “hay dos formas de abortar: quirúrgicamente y con pastillas”. “En el estado tan avanzado que estás es imposible por pastillas…, así que tenemos que hacerte succión, raspado y legrado”.

Y prosiguió: “… tu pareja o quien te acompañe tiene que firmar una hoja de autorización de responsabilidad, porque si te mueres o te pasa algo, él se encarga de tu cuerpo y lo más seguro es que entreguen tu cadáver a los estudiantes de medicina de la Universidad Central”. Para Karina (nombre protegido), que también acudió a uno de estos centros, la experiencia no fue diferente. “Un hombre vestido con una bata blanca” le aseguró que un 70% de las mujeres pueden perder la vida en un aborto inducido.

Estos sitios no tienen permisos, no están registrados y presentan un servicio que no brindan. Además, la información que dan es errada y sin criterio científico, significa un riesgo para la salud física y psicológica de las mujeres

La información que se entregó a estas mujeres no coincide con la evidencia científica y los estudios recogidos por la Organizacón Mundial de la Salud (OMS), la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO), entre otras entidades que establecen las normas, prácticas y principios éticos para las políticas internacionales y nacionales de salud pública. El organismo internacional señala al aborto con medicamentos como un procedimiento médico para interrumpir un embarazo de manera segura, pues se puede realizar con el medicamento Misoprostol, comercializado en Ecuador bajo el nombre de Cytotec. Además, apunta que el aborto realizado en condiciones seguras tiene menos riesgos que la atención en un parto u otras posibles emergencias obstétricas y no está asociado al cáncer, a enfermedades crónicas, o infecciones de transmisión sexual (ITS).

Los datos que dan estos centros plantean interrogantes sobre el tipo de información que ofrecen, y si es veraz, verificada, oportuna, y contextualizada, como lo establece el artículo 18 de la Constitución del Ecuador. De igual manera dicha información va contra las recomendaciones de la OMS a los países sobre establecer leyes y políticas referidas al aborto y que protejan la salud y los derechos de las mujeres. Esto también genera dudas sobre qué medidas debería tomar el Estado al tener conciencia de que la información entregada viola el derecho a la información y qué institución pública regula este tipo de lugares.

Camila (nombre protegido) tiene 4 hijxs y 40 años de edad, también se contactó con estos centros; cuenta que la experiencia fue traumática. A ella la atendieron telefónicamente. “Soy una persona adulta, no estoy en la capacidad de tener un hijo en este momento, estaba súper clara de lo que quería hacer, y lograron que bajara los brazos. No consiguió convencerme totalmente, pero si me metió mucho miedo sobre la legalidad, la muerte, y sobre el riesgo que corría por mi edad”.

Para Las Comadres, Red de acompañamiento en Aborto Seguro, la información que proporcionan estos lugares retrasa la decisión de las mujeres, lo que las expone a mayores riesgos. “Cuando las mujeres logran contactarse con la Red de Acompañamiento, llegan asustadas, traumatizadas, y decididas a abortar. Finalmente abortan, llenas de miedo. Las que llegan a nosotras nos cuentan que lo que más les causó angustia es haber ido a esos centros, más que la decisión y el procedimiento en sí mismo”.

La experiencia de las mujeres en estos centros también muestra que su práctica no se reduce a dar información falsa, no verificada y sin evidencia científica. Ellas mencionan que las persuaden para que cambien de decisión, pues se sienten manipuladas por “discursos moralistas” basados en el “miedo” y el “riesgo”. Para Daniela Alvarado, psicóloga clínica y especialista en salud pública, “la utilización de imágenes y falsos diagnósticos relacionadas con enfermedades, que tienen una fuerte asociación con la discapacidad y la muerte, genera secuelas psicológicas a las mujeres. Estas intervenciones son formuladas desde un lugar de poder legitimado por un ‘supuesto saber profesional’ eso hace que su experiencia sea vivida como un hecho traumático y desde la culpa”. Sofía cuenta que todavía escucha la voz del “especialista” repetirle una y otra vez que después de abortar ella tendría cáncer y moriría al poco tiempo.

Para Ana Vera este tipo de intervenciones, además de afectar a las mujeres en el ámbito bio-psicosocial, también viola un derecho fundamental “el derecho a la salud de las personas y su libertad, e impide que las mujeres tomen una decisión libre e informada sobre su vida. Es vulnerar los derechos universales de los pacientes”.

Sofía, Karina, Camila. Todas decidieron abortar, y por eso buscaron un lugar donde poder hacerlo, pero a pesar de que los CAM/Profem promocionan en sus redes Cytotec e información científica sobre aborto, eso no fue lo que recibieron; sino que las llenaron de miedo, culpa e inseguridad. Las tres buscaron un servicio de salud y no esperaban encontrar un lugar en el que a través de engaños les causara daño psicológico e incluso que la información brindada en estos centros pusiera en riesgo su salud y vida.

Los centros, la trampa

En Internet los centros tienen una fachada que atrae a las mujeres que están buscando información y necesitan abortar. Todas las testimoniantes entrevistadas llegaron a uno de estos lugares a través de la página de Facebook o de la página web. Estas páginas, junto a otras que supuestamente comercializan Cytotec, son las primeras opciones en los buscadores al escribir “aborto” y “Ecuador”.

Por su apariencia pueden confundir, ya que tienen una imagen similar a webs de colectivos feministas que informan sobre cómo acceder a un aborto seguro, y usan terminología propia del movimiento feminista (“yo decido” o “respetamos tus decisiones”). Para Verónica Vera, una de las voceras de Las Comadres, “intentan hacerse pasar por organizaciones feministas porque saben que las mujeres confían en nosotras, que no lucramos para engañarlas y torturarlas. No les importa ni la vida, ni la salud de las mujeres.”

A inicios del 2018 en Internet estos centros se presentaban como Centro de Asistencia a la Mujer (CAM), a mediados del mismo año su nombre cambió a Profem pero los números telefónicos coincidían en ambos sitios, mientras que en sus redes sociales continuaban presentándose como CAM.

La página web presenta servicios médicos, lo que hizo pensar a las mujeres que entrevistamos que estos sitios eran centros médicos especializados en salud sexual y salud reproductiva para las mujeres.

En sus sitios web aparecen números celulares y convencionales, únicos medios para acceder a la ubicación exacta del lugar. Una vez acordada la cita por teléfono, confirman la ubicación del lugar a la paciente y la hora a la que debe asistir. En pocos casos, si no está un centro cercano a la paciente se inician conversaciones de consulta por teléfono.

De acuerdo con la información que reporta la actividad de la página del Centro de Asistencia a la Mujer (http://centrodeasistenciaalamujer.com/), esta fue creada en septiembre del 2011 y cerrada en septiembre del 2017. Según el registro de su creación en Internet los centros estarían funcionando por cerca de ocho años en el país.

A través de los números de contacto mapeamos todos los centros activos del país: Ambato, Cuenca, Santo Domingo, Guayaquil, Quito, Latacunga y Tulcán. Ninguno consta como consultorio o clínica en el registro de clínicas privadas y consultorios médicos del Ministerio de Salud, por lo tanto para el Estado no existen ni están bajo su regulación. Por lo que no es posible verificar si quienes atienden en estos centros son profesionales de la salud, si cuentan con capacitación para el servicio que ofertan o si los centros tienen alguna autorización para su funcionamiento.

Un lugar frío, escondido

El lugar al que La Periódica accedió –y al que acudieron la mayoría de testimoniantes– está en el norte de Quito, en el sector del Hospital de Solca, en el parqueadero de Megakywi. En el registro de la Superintendencia de Compañías las instalaciones pertenecen al grupo La Favorita.

“Encontrar el lugar fue súper difícil, porque tienes que entrar por las oficinas de la Corporación La Favorita, ahí se llega por un parqueadero, y después de subir un montón de escaleras. Está bien escondido”, cuenta Génesis (nombre protegido).

“Debía entrar, subir por unas gradas, entrar por un callejón, me abrían una puerta eléctrica, y así pasé tres puertas eléctricas. Llegamos a un edificio, subimos al tercer piso, las gradas eran de metal, y todo se sentía tan frío”, relata Karina.

Las descripciones de Graciela (nombre protegido) coinciden con las de las otras mujeres entrevistadas: “las oficinas están apartadas y atrás de las bodegas de Megakywi, con pasillos amplios y vacíos, nos vimos obligados a pasar por casi tres o cuatro puertas, dos de ellas con cámaras, guiadas por hojas de papel bond impresas con el nombre de Profem. Al pasar la última nos recibió una chica que luego se presentó como psicóloga. No dejaron entrar a mi pareja ni a la sala de espera, lo dejaron en unas sillas de plástico en el pasillo”.

El equipo de La Periódica siguió el procedimiento que hace cualquier paciente: llamamos por teléfono y agendamos una cita. Al llegar, encontramos el lugar descrito por las testimoniantes. Cuando entran a la recepción del consultorio las mujeres tienen que llenar un formulario con datos médicos (fecha de la última menstruación, las semanas de embarazo, embarazos previos) y también personales (el estado civil, número de hijos, si la pareja también quiere tener el hijo, o si fue violación). Además, piden números de contacto personales y de familiares.

Karina describe el cuarto donde las atienden como “una oficina con un escritorio, con cosas básicas, una computadora, una camilla con aparato que tenía una pantalla, que supongo era para hacer cosas como ecografías”. A todas las pacientes les piden que lleven sus ecografías pero hay ocasiones que usan ese “aparato” (ecógrafo) para hacerles escuchar el latido de un corazón.

Las Comadres comentan que Carla (nombre protegido), una mujer que acompañaron, “se contactó con nosotras después de ir a uno de estos centros, nos contó que le hicieron escuchar los latidos del corazón mientras le hacían la ecografía; días más tarde se hizo una nueva ecografía en otro sitio y su sorpresa fue que no había latido del embrión. Tenía un embarazo que no podía continuar porque no había saco gestacional con vida, eso retrasó que se practicara un aborto legal en cualquier servicio de salud pública y puso en riesgo su salud”.

Virginia Gómez de la Torre, directora de la Fundación Desafíoinstitución privada de desarrollo que trabaja por la equidad en el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos–, lo confirma: “les muestran supuestas ecografías de fetos de 6 o 7 meses de gestación a mujeres que apenas tienen 6 semanas de embarazo”.

Estos sitios no tienen permisos, no están registrados y presentan un servicio que no brindan. Además, la información que dan es errada y sin criterio científico, significa un riesgo para la salud física y psicológica de las mujeres.

Si tú llegaste a uno de estos lugares y quieres contarnos tu experiencia escríbenos a periodica@laperiodica.net