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El trabajo sexual en Argentina no es delito. Pero la falta de un marco legal genera un vacío normativo que permite la vulneración de derechos: el 90 por ciento de las trabajadoras sexuales en la calle sufrieron violencia policial durante 2016 y un 80 por ciento fueron detenidas o demoradas arbitrariamente, maltratadas y hostigadas.

Cada quince días Georgina Orellano, secretaria general de AMMAR, junto con otras compañeras recorre los bordes del Camino de Cintura, al sur del conurbano bonaerense, para hablar con compañeras trabajadoras sexuales de la zona, compartir información, conocer sus demandas y repartir preservativos. Es parte de la rutina de activismo sindical y feminista como la que realiza una responsable gremial en una fábrica o en otro luga laboral. Solo que en este caso el espacio de trabajo es la calle. Es, también, una forma de cuidado y prevención de sus propias compañeras. La noche del sábado 1 de septiembre se encendió el alerta feminista entre los grupos de WhatsApp y las redes sociales: habían detenido a Orellano junto a otras cuatro trabajadoras sexuales en la Comisaría 2da de Almirante Brown. Fue después de haber recorrido Lomas de Zamora y Esteban Echeverría. A una de las detenidas, trabajadora sexual trans, por no tener aún el cambio registral de nombre y género de su DNI la Policía Bonaerense la mantuvo detenida en el pabellón masculino. Las liberaron a todas cuando ya era la madrugada del domingo.

“Se acercó un patrullero sin luces al lado del auto de un cliente que se encontraba adentro con una trabajadora sexual, a quien le obligaron a bajarse y ubicarse con las manos arriba y las piernas abiertas sobre el capot del auto para ser requisada. Preguntamos si se podían presentar ya que no tenían visible su identificación y su respuesta fue que eso teníamos que pedirlo en la Comisaría y no interrumpir el procedimiento de rutina que estaban haciendo. Ante la insistencia y la pregunta sobre porqué los patrulleros no tenían patente su respuesta fue que le escribiéramos una carta a la gobernadora María Eugenia Vidal”, relataron en un comunicado desde AMMAR.

Las detenciones se hicieron por fuera de todo marco de legalidad y constituyeron un acto de violencia institucional. Los policías argumentaron que era un procedimiento que hacían bajo una supuesta normativa que prohíbe la prostitución callejera y que “ejercer era un delito”. Para ellos, la trabajadora sexual que se querían llevar detenida se encontraba cometiendo una contravención y les dijeron a sus compañeras que se llevarían detenidos a ella y a su cliente a la Comisaría 2da de Burzaco. Las trabajadoras sexuales le explicaron aquello que ellos mismos deberían conocer: en territorio bonaerense el artículo 68 del Código de Faltas que castigaba con arresto y multas el ejercicio del trabajo sexual fue derogado en julio de este año por el Senado de la provincia de Buenos Aires. 

Cuando las trabajadoras sexuales les explicaron que había sido derogado el artículo por el que pretendían llevarlas a la sede policial, los agentes pidieron “apoyo” y llegaron otros funcionarios que se presentaron como sus “superiores”. En ese momento fue cuando, según relataron desde AMMAR, apuntaron con itacas en la cabeza a las trabajadoras sexuales que estaban intentando filmar con el celular el procedimiento como método de protección. “Nos tiraron los preservativos diciéndonos que repartirlos era alentar la prostitución y que tener más de tres era un delito a pesar de nuestra explicación del convenio que tiene AMMAR con el Ministerio de Salud como lo tienen otras organizaciones sobre el trabajo de prevención entre pares”, contaron.

Los policias insistieron con llevarse a la trabajadora sexual. “Si se la llevan, nos tienen que llevar a todas”, contestaron sus compañeras. En ese momento las amenazaron con iniciarles una causa penal por resistencia a la autoridad, les sacaron sus pertenencias y quedaron incomunicadas. Las llevaron a la Comisaría 2da, en Espora y 9.

El diputado Miguel Funes, concejalas del Municipio, la Secretaría de Almirante Brown, distintas personas de diversos colectivos y organizaciones y el abogado de AMMAR, Alejandro Mamani fueron hasta el lugar a exigir la liberación de las detenidas. “El Comisario se reunió con Funes, la Secretaria de DDHH del Municipio y la representante del Consejo Nacional de las Mujeres y dijo no estar informado de la derogación del artículo 68 ya que el Ministerio de Seguridad nunca dio aviso a las dependencias ni a las alcaldías”, contaron desde AMMAR en un comunicado. Las representantes de AMMAR les mostraron a los funcionarios las noticias en los medios sobre la derogación. “Observaron que en ellas dictaminaban que la prostitución no es un trabajo por lo cual les daba a entender que es un delito y que así no cumplíamos con las normas establecidas dentro de los Códigos Contravencionales de la Provincia”, explicaron desde el sindicato que pertenece a la CTA de lxs trabajadores.

El trabajo sexual en Argentina no es delito. Pero la falta de un marco legal genera un vacío normativo que permite la vulneración de derechos: el 90 por ciento de las trabajadoras sexuales en la calle sufrieron violencia policial durante 2016 y un 80 por ciento fueron detenidas o demoradas arbitrariamente, maltratadas y hostigadas.

El trabajo sexual en Argentina no es delito. Pero la falta de un marco legal genera un vacío normativo que permite la vulneración de derechos: el 90 por ciento de las trabajadoras sexuales en la calle sufrieron violencia policial durante 2016 y un 80 por ciento fueron detenidas o demoradas arbitrariamente, maltratadas y hostigadas.  Es decir: no son los clientes quienes violentas a las trabajadoras sexuales. La policía es la institución que más las violenta y hostiga. Los datos pertenecen al Informe Nacional de la situación de Derechos Humanos de las mujeres trabajadoras sexuales en Argentina, realizado por la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (AMMAR) en el marco de un estudio de la Red de Trabajadoras Sexuales de América Latina y el Caribe en 13 países de América Latina y el Caribe.

“La prostitución no es un delito pero está criminalizada y estigmatizada por lo que la persecución policial seguirá sucediendo hasta que no estemos reconocidas y contemos con los mismos derechos que cualquier otro trabajador”, dijeron desde la organización en un comunicado tras el violento episodio.

La persecusión al trabajo sexual es diferente según el lugar de Argentina del que se se trate. Hay normativas vigentes en distintas provincias que, en muchos casos, datan de la última dictadura militar. En 17 provincias del país (Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Tucumán y Ciudad Autónoma de Buenos Aires) todavía persisten artículos que persiguen y criminalizan el trabajo sexual. 

La necesidad de difundir la derogación del artículo 68

En la provincia de Buenos Aires, en particular, el ejercicio de la prostitución era una contravención hasta que el artículo que así la calificaba se derogó hace casi un mes. El 11 de julio el Senado bonaerense aprobó su derogación por iniciativa de la diputada del Frente para la Victoria Karina Nazabal. El 2 de agosto se promulgó la ley y el 8 del mismo mes salió publicado en el Boletín Oficial. 

“Será penado con una multa de entre el quince (15) y el cuarenta (40) por ciento del haber mensual del Agente de Seguridad (Agrupamiento Comando) de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y arresto de cinco (5) a treinta (30) días, la persona que ejerciere la prostitución, dando ocasión de escándalo o molestando o produjere escándalo en la casa que habitare”, decía el viejo artículo que ya no existe más.

Los policías que detuvieron a Georgina Orellano y otras cuatro trabajadoras sexuales dijeron no conocer la derogación de este artículo. “Hay una regla jurídica que es que el derecho se presume conocido por todxs. Esta cuestión falta cuando el violador o infractor de esta ley es la policía o la fuerza de seguridad estatal. No se puede alegar desconocimiento para no cumplirla”, explicó a LATFEM el abogado de AMMAR, Alejandro Mamani.

“Después de haber sido derogado en julio de 2018 el artículo 68 que castigaba el ofrecimiento de sexo en la vía pública, no se hizo un trabajo de comunicación con las fuerzas policiales. Con total ignorancia y escudándose en ello aplicaron un artículo totalmente derogado, aplicaron contravenciones que no existían, las detenciones fueron en base a una costumbre bastante violenta con sujetos como son las trabajadoras ssexuales y en particular la población travesti trans. La derogación de una ley no modifica la conducta social sino también el trabajo en territorio. Tiene que haber distintos ministerios para poder comunicar a las fuerzas policiales que ha sido derogado”, sintetizó.

La apuesta es abordar “un trabajo conjunto para informar a las distintas fuerzas de seguridad que trabajan en los distintos municipios que este artículo se derogó”, según el abogado de AMMAR. También apuntó a la responsabilidad de Santiago Cantón, secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires.

“El desconocimiento orilla a las trabajadoras sexuales a situaciones de hiper vulnerabilidad o de violencia institucional. Como la actividad está en un limbo: es una actividad comercial legal pero no tiene una estructura que la respalde, entonces las sombras de la ignorancia de la ley terminan afectando los derechos básicos de las personas”, dijo el abogado que estuvo en el lugar de los hechos la noche del sábado.

Después de este episodio de violencia institucional, desde AMMAR anunciaron que presentarán un informe a través de la comisión de Derechos Humanos de la Legislatura Provincial donde expondrán la situación, las detenciones arbitrarias, amedrentamiento, las coimas, abuso de poder y situaciones de violencia, todas apoyadas por este artículo que ya está en desuso y exigirán un informe al Ministerio de Seguridad Provincial para que de a conocer a los efectivos que el art. 68 está derogado.

Desde hace tres décadas que AMMAR pelea por la derogación de estos artículos. En ese sentido, en 2003 lograron la derogación del Artículo 45 del Código Contravencional de Entre Ríos que facultaba a la policía para detenerlas y juzgarlas. La normativa databa de 1952. En 2008 lograron la derogación del Artículo 83 del Código Contravencional de Santiago del Estero que también habilitaba detenciones y en 2010 consiguieron la derogación del Artículo 81 del Código Contravencional de la provincia de Santa Fe. En estos momentos también trabajan en una ley que reconozca al trabajo sexual como tal.