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Los casos relevados por el Registro Único de Víctimas del Consejo de Reparaciones son más de 5.000: 1445 durante el gobierno de Fernando Belaunde, 2183 en el de Alan García, y 1420 en el de Alberto Fujimori. Hay 1582 víctimas de otras formas de violencia sexual como embarazos, maternidades y abortos forzados, esclavitud sexual, desnudos forzados, tortura en genitales, entre otras. Hasta el momento han fallecido sin justicia 330 víctimas de violación y 143 de otras formas de violencia. Las regiones más afectadas fueron Ayacucho, Huancavelica y Apurímac.

Durante el conflicto armado en Perú se registraron al menos 5048 casos de violencia sexual, 4910 de esas víctimas fueron mujeres. La mayoría campesinas, pobres y quechuahablantes. Solo un caso tuvo sentencia condenatoria por violación sexual como tortura (M.M.M.B) y la inmensa mayoría ha sido archivado. En total cinco casos han llegado a juicio, uno de ellos es conocido como “Manta y Vilca”. Son juzgados 14 integrantes de las fuerzas armadas por el delito de violación sexual como crimen de lesa humanidad.  Nueve víctimas, adolescentes y adultas, violadas por militares en las comunidades de Manta y Vilca, en Huancavelica han brindado sus testimonios ante el Colegiado B de la Sala Penal Nacional.

El debate oral comenzó en julio del año pasado y ya se desarrollaron 50 audiencias pero la justicia todavía no llega para las víctimas. “La lentitud revictimiza porque la sentencia la estaríamos teniendo para el próximo año. En general el sistema de justicia revictimiza, en este caso, la Sala Penal Nacional viola el principio de imparcialidad cuando trata estos delitos como delitos comunes a pesar que son delitos de lesa humanidad. Están cuestionando la verdad de los testimonios de las víctimas”, dijo a LATFEM María Ysabel Cedano, directora de DEMUS – Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer–. Hoy presentarán una recusación al Tribunal de la Sala Penal por violar la imparcialidad, porque limitan la acción probatoria e impiden la evaluación del contexto al tomarlos como delitos comunes. Exigen que sean juzgados como delitos de lesa humanidad.

Entre los años 1984 y 1995 la violencia sexual fue una práctica reiterada y persistente por parte de los integrantes del Ejército contra las mujeres de las comunidades huancavelicanas de Manta y Vilca donde se instalaron bases militares. Se trataba, en ese entonces, de un distrito de 2500 habitantes. En muchas oportunidades, los oficiales a cargo de la dependencia militar cometían los abusos, en otros ordenaban a sus subalternos que los cometieran. Los cuerpos de las mujeres se convirtieron en botín de guerra. El informe de la Comisión de la Verdad (CVR) documentó que los mandos militares toleraron y fomentaron una política sistemática  y generalizada de violaciones sexuales hacia las mujeres para mantener el control de las comunidades.

“Varios de los casos fueron archivados porque prescriben ya que se lo tratan como delitos comunes”, señaló María Ysabel Cedano. Algunas de las víctimas tuvieron hijos e hijas producto de la violación. En todo Perú se calcula que existen al menos 147 hijxs producto de violencia sexual .

Los casos relevados por el Registro Único de Víctimas del Consejo de Reparaciones son más de 5.000: 1445 durante el gobierno de Fernando Belaunde, 2183 en el de Alan García, y 1420 en el de Alberto Fujimori. Hay 1582 víctimas de otras formas de violencia sexual como embarazos, maternidades y abortos forzados, esclavitud sexual, desnudos forzados, tortura en genitales, entre otras. Hasta el momento han fallecido sin justicia 330 víctimas de violación y 143 de otras formas de violencia. Las regiones más afectadas fueron Ayacucho, Huancavelica y Apurímac.

DEMUS y la Campaña Un hombre no viola denunciaron una serie de irregularidades en el desarrollo del juicio de “Manta y Vilca”: se ordenó la reserva de todo el juicio, contrario al pedido de las víctimas de que la reserva sea solo al momento de sus declaraciones; se solicitó acompañamiento de una psicóloga y fue denegado para 6 de las 9 víctimas. Por disposición de la sala en la audiencia de Huancayo, 6 de las 9 víctimas tuvieron que declarar en presencia de los acusados contraviniendo estándares nacionales e internacionales de protección de víctimas.

“Denunciamos que el Ministerio de Defensa, tercero civil responsable en este juicio, no ha proporcionado información relevante para la identificación de los militares (incluidos altos mandos) que se encontraban a cargo de la Base de Manta y Vilca entre los años 1984 y 1991. Los militares procesados en el juicio Manta y Vilca han presentado oficios sobre vínculo labor, fechas, zonas e informes de desempeño en Huancavelica emitidos por el Ejército del Perú, lo que evidencia que el Ministerio de Defensa ha ocultado información obstaculizando el debido proceso, el acceso a justicia y el derecho a la verdad de las mujeres víctimas”, dice el comunicado de DEMUS.

Las mujeres de Manta y Vilca esperaron más de 30 años en búsqueda de justicia. Los organismos exigen un juicio ágil, justo y transparente. Hoy al mediodía habrá manifestaciones frente la Sala Penal Nacional para reclamar ante el peligro de impunidad.