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El fiscal resuelve la queja interpuesta ante el archivamiento parcial de estos casos. Asimismo, Landa ordenó denunciar a Fujimori, exministros y exdirectores del programa como co-autores por lesiones graves en contexto de violaciones a los derechos humanos en agravio de Victoria Vigo, Inés Condori y 2164 mujeres más que figuran en la denuncia fiscal.

El fiscal superior Luis Landa ordenó denunciar al dictador peruano Alberto Fujimori, los exministros Marino Costa Bauer, Eduardo Yong Motta y Alejandro Aguinaga, así como al ex director del Programa Nacional de Planificación Familiar, Jorge Parra Vergara; y el ex asesor del sector, Ulises Jorge Aguilar como autores mediatos en los casos de esterilizaciones forzadas de Mamérita Mestanza, Celia Ramos y otras tres víctimas.

El fiscal resuelve la queja interpuesta ante el archivamiento parcial de estos casos. Asimismo, Landa ordenó denunciar a Fujimori, exministros y exdirectores del programa como co-autores por lesiones graves en contexto de violaciones a los derechos humanos en agravio de Victoria Vigo, Inés Condori y 2164 mujeres más que figuran en la denuncia fiscal.

El fiscal resuelve la queja interpuesta ante el archivamiento parcial de estos casos. Asimismo, Landa ordenó denunciar a Fujimori, exministros y exdirectores del programa como co-autores por lesiones graves en contexto de violaciones a los derechos humanos en agravio de Victoria Vigo, Inés Condori y 2164 mujeres más que figuran en la denuncia fiscal.

El fiscal superior Landa también pidió denunciar a Segundo Henry Aliaga Pinedo quien se desempeñó como Director General de la Región Salud IV de Cajamarca y otros coautores mediatos por lesiones graves en contexto de violaciones a los derechos humanos.

Desde la organización Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (DEMUS) hicieron un pronunciamiento ante la noticia: “Con esta resolución, el Fiscal Landa marca un hito en la lucha contra la impunidad al destacar que la política nacional de esterilizaciones forzadas en agravio de miles de mujeres quechuahablantes, campesinas, indígenas y nativas en extrema pobreza, perpetró graves violaciones a los derechos humanos. Sin duda, esta decisión es un primer paso hacia el cumplimiento de la obligación internacional del Estado de individualización y sanción de los responsables de violaciones de derechos humanos bajo el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, en el marco del Acuerdo de Solución Amistosa suscrita por el Estado de Perú y la representación de las víctimas sobrevivientes en el caso de Mamérita Mestanza (2003)”.

Desde 1993 al 2000 hubo 211.000 mujeres esterilizadas en Perú como política de Estado. Las esterilizaciones forzadas fueron parte del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar del gobierno de Alberto Fujimori.  A las mujeres se las acusaba de tener hijxs, se les mentía que podían ir a la cárcel si no accedían a la intervención, amenazaban con quitarles los programas sociales de apoyo o les ofrecían ayuda económica a cambio.

Las mujeres esterelizadas no recibieron información completa y 25 mil no fueron informadas sobre este método irreversible. La mayoría quechuahablante, analfabeta y en situación de pobreza. El número se desprende de un escrito presentado por la organización DEMUS ante el despacho del fiscal Landa en octubre de 2017.

2166 mujeres fueron las que interpusieron denuncia hace 15 años ante el Ministerio Público. El recurso de queja resuelto fue interpuesto por las víctimas en diciembre del 2016 contra la resolución de la fiscal Marcelita Gutiérrez. La funcionaria decidió archivar hace dos años, 77 denuncias de mujeres esterilizadas contra su voluntad al no hallar responsabilidad que involucre a Fujimori y sus exministros de Salud, pese a las evidencias presentadas.