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La primera vez que Díaz le pegó a Sonia tenía 18 años, ella estaba embarazada de cinco meses y estaban por festejar el año nuevo en la casa que compartían en San Juan. Se habían conocido cuando ella estaba en la escuela. Cuando supo que iba a ser madre, Sonia se fue a vivir a la casa de Díaz. Primero comenzó por dejarla encerrada cada vez que salía; siguió con insultos denigrantes y maltratos. Esa noche él había estado tomando y la encontró llorando. Comenzó a pegarle hasta desfigurarle la cara. Ese día Sonia agarró sus cosas y se fue. Nunca más estuvo con él.

–Era chica y medio que en ese tiempo no sé, no fui a denunciar, no quería contar en mi casa porque me daba vergüenza decir que me habían pegado –contó a LatFem–. Entonces, me busqué un alquiler y me fui a vivir sola, porque en ese tiempo yo cursaba el último año de la escuela y trabajaba en una cosmetología repartiendo catálogos por el centro. Me alquilé una casita de adobe que tenía un dormitorio y el baño compartido. Me fui ahí a esperar que mi hija nazca.

Díaz nunca aportó un peso. Sonia nunca le impidió ver a la hija. “Siempre fue violento pero yo no lo pude ver, lo entendí con el tiempo”. Él empezó una carrera delictiva y al mismo tiempo se puso cada vez más violento con ella. Sonia se tuvo que mudar siete veces porque él aparecía a cualquier hora, pateaba las puertas, se llevaba a la niña, intentaba manosear a Sonia, le pegaba y la insultaba.

–La primera denuncia la hice en 2011. Él apareció, me partió la puerta a patadas, entró a la fuerza y me empezó a pegar. Me dejó hematomas en las piernas, en la parte de la cola y la vagina. Esa fue mi primera denuncia por lesiones. El juzgado nunca lo citó siquiera. Hice once denuncias más, pero las veces que me pegó fueron muchas más. 

Cuando su hija tenía 3 años conoció a un muchacho, el padre de su segunda hija. A cada varón que se acercaba a Sonia Díaz le pegó y amenazó. “Encontré a este chico que me defendía, pero hasta el padre de mi segunda hija le terminó teniendo miedo porque él iba armado”.

Todo eso fue denunciado y deja en evidencia la falta de políticas que protejan a las víctimas de violencia machista. En Argentina una mujer es víctima de femicidio cada 18 horas. Miles como Sonia acuden a las comisarías de la mujer y recorren juzgados sin ningún tipo de respuesta. Las instituciones las dejan solas y se multiplican los casos de mujeres muertas con denuncias realizadas. Esa burocracia y puesta en escena del abandono estatal recorre la mayoría de los casos: Corina Fernández hizo 80 denuncias antes de que el padre de sus hijas le disparara tres veces; Karina Flamenco murió junto con su pareja y sus seis hijos luego de que su ex pareja -varias veces denunciado- incendiara por la noche la casilla donde vivían en Merlo; Julia Torres hizo 25 denuncias en la justicia cordobesa antes de ser asesinada. En cada denuncia que Sonia realizó, pidió medidas restrictivas de acercamiento. El Poder Judicial no las otorgó. Nunca llamaron a Díaz a declarar.

Los policías que deben recibir las denuncias, como los funcionarios y el personal del Poder Judicial siguen sin tener de manera obligatoria formación en derechos humanos y perspectiva de género. Reproducen las mismas lógicas machistas que reducen el peligro real de las denunciantes en un problema doméstico y privado. El Estado sanjuanino no tiene y parece no querer encarar políticas que preserven la vida y la salud de las mujeres victimizadas.

–Cuando nació mi segunda hija, le puso un cuchillo en la garganta y me decía “dale, seguí llorando que te mato a la niñita”. Eso fue lo peor que tuve que pasar, ver a mi hija así.

En otra ocasión Díaz entró por una ventana a la casa de Sonia a las 4 de la mañana e intentó asfixiarla con una almohada. “Me he salvado muchísimas veces”, dice Sonia.

Las denuncias quedaron en la nada. Cada denuncia fue a juzgados distintos de San Juan. Cuando empezó a recorrer las oficinas judiciales para ver qué había pasado, le decían que habían quedado archivadas. Eran denuncias por lesiones, amenazas con armas de fuego, daños a la propiedad. La justicia actúa en función de la clase social y la respuesta que da va de mínima a lxs pobres y satisfactoria a los ricos y a la clase media.

La única vez que la policía fue hasta su casa fue porque lo estaban buscando a él por un delito contra la propiedad. Como su hija mayor lleva el apellido de él, esas mentes brillantes allanaron la casa de Sonia y la hicieron tirar al piso junto a las nenas que hoy tienen 6 y 3 años.

Recién en esta ocasión lo detuvieron por coacción, por la intervención del Quinto Juzgado de Instrucción, a cargo del juez Benedicto Correa, y porque Sonia contrató al abogado Leonardo Miranda. La detención duró unos días, hasta el 14 de julio y lo excarcelaron sin oposición del fiscal, aunque con una orden de restricción de acercarse a Sonia de 200 metros.

Hace una semana, allegados a Díaz violentaron la casa de Sonia, cuando todavía estaba detenido. Ella fue a hacer la denuncia a la comisaría de la mujer del barrio Edilco, en Rawson. Es la segunda comisaría de ese tipo creada en San Juan hace menos de un año. Sonia se quedó el jueves, el viernes, el sábado esperando que fueran a hacer las pericias. No fueron. Fue el viernes hasta la comisaría para ver qué pasaba, la hicieron esperar cinco horas hasta que le dijeron que se habían equivocado y remitido la responsabilidad del peritaje a una comisaría de Media Agua, una localidad a 50 kilómetros de San Juan.

Ahora está resguardada con familiares y acompañada por el Colectivo Ni Una Menos de San Juan. Pero tiene miedo, no se siente segura sola con las hijas. San Juan fue una de las primeras provincias que tras la primera movilización bajo la consigna Ni Una Menos, adhirió a la ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres, pero nunca la implementó. Fue un ademán demagógico. Mientras tanto, en estos días, el gobierno sanjuanino y por iniciativa de la titular de la Dirección General de la Mujer, Adriana Ginestar, quieren cambiar el nombre de la repartición. De esta forma, el Estado provincial va a contribuir a la invisibilización de violencias específicas contra las mujeres y las diversas identidades sexuales y borrar las graves irregularidades en los procesos de denuncia y acompañamiento a las víctimas de esas violencias.

Actualización: 18 de julio.