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Al analizar la población penitenciaria desde 1995 hasta la fecha, se puede ver cómo hasta antes de la promulgación de la Ley 20.000 en el 2005 –ley chilena contra el tráfico de estupefacientes-, el encarcelamiento de mujeres crecía en un 37% por estos delitos, pero después se generó un aumento desproporcionado, 70%.

En las calles de los barrios pobres de Santiago, la capital de Chile, se repite un patrón en las redadas policiales: quienes se van detenidas generalmente son mujeres de bajo nivel socioeconómico, que se dedican a la venta de pequeñas cantidades de droga. Se trata de mujeres en situación de precariedad.

787 Anónimas es un proyecto que busca visibilizar la realidad de las mujeres que se encuentran detenidas en Chile por delitos asociados al microtráfico de drogas. Analiza los factores que inciden en el aumento desproporcionado de la población carcelaria femenina por esos delitos y cómo el encarcelamiento afecta a la sociedad de una forma intensa e irreparable.

Al analizar la población penitenciaria desde 1995 hasta la fecha, se puede ver cómo hasta antes de la promulgación de la Ley 20.000 en el 2005 –ley chilena contra el tráfico de estupefacientes-, el encarcelamiento de mujeres crecía en un 37% por estos delitos, pero después se generó un aumento desproporcionado, 70%.

En el caso de la población penal masculina aumentó en un 70% hasta el año 2005, pero después la cifra bajó radicalmente para seguir aumentando hasta la fecha en un 30%, situación inversa a la de la población penal femenina.

Pero al analizar a las 787 mujeres chilenas condenadas por delitos de droga se evidencia una situación cada vez más alejada de ser llamada una coincidencia y es que todas ellas se parecen más de lo que creen: microtraficantes, madres, jefas de hogar, baja escolaridad, la mayoría está por delitos no violentos, que se desenvuelven en ambientes adversos.

Según las cifras de Gendarmería de Chile –institución encargada de las cárceles chilenas-, un 96% de las mujeres encarceladas por delitos de droga son madres con un promedio de 3 a 4 hijxs, según estudios de la Corporación Humanas, lo que generaría consecuencias irreparables en el entorno familiar, especialmente con las condenas tan altas que se aplican en este tipo de delito y cuando la gran mayoría son jefas de hogar.

Por otro lado, estas mujeres son generalmente las que se encuentran en el último eslabón de la cadena de narcotráfico. Son las que se dedican a las ventas al menudeo en los barrios y quedan más expuestas a una posible detención. “Difícilmente llegamos a los altos mandos de las organizaciones”, aseguró un funcionario de Policía de Investigaciones (PDI) entrevistado para este proyecto.

Según datos de Fiscalía de Chile, en un 67% de las regiones del país, más de un 50% de las mujeres encarceladas por delitos de droga se encuentra por microtráfico lo que, junto con el aumento desproporcionado de la población penal femenina, evidencia la falta de presencia femenina en los altos mandos de las organizaciones y la capacidad de los líderes de reemplazar a estas mujeres, que para ellos funcionan como carne de cañón.

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