Por: Fotos: Mariano Armagno

Esta historia es la excepción a la regla judicial y patriarcal. En todo América Latina y el Caribe las mujeres están siendo apresadas por delitos relacionados con drogas a un ritmo alarmante y el crecimiento del encierro supera, junto a Asia, al de cualquier otra región del planeta. Si bien es cierto que el número de hombres privados de la libertad es mayor, los niveles de encierro de mujeres están creciendo a una tasa más rápida. En esa vorágine entra el encarcelamiento de travestis y trans.

Un “pasamanos” en la calle de cocaína y dinero captado por las cámaras de seguridad de la Policía de la Ciudad en el barrio porteño de Constitución abrió una causa judicial contra cinco travestis, en su mayoría migrantes de Perú. La investigación comenzó en octubre de 2017 y recién ahora va camino a avanzar sobre la organización criminal detrás del microtráfico. La historia se parece a la mayoría de las causas que tienen a las mujeres trans y travestis privadas de su libertad en el país: ponen el cuerpo para traficar cocaína como una estrategia de supervivencia y terminan encerradas por infracción a la ley 23.737. Si se observa solo la provincia de Buenos Aires, las mujeres trans y travestis están más representadas en las cárceles que fuera de ellas. La exclusión social y la pobreza son las principales causas que las involucran con el micro tráfico y también con el consumo. Las historias evidencian que hay una división sexual de las tareas dentro de las cadenas del narcotráfico: los hombres manejan los hilos invisibles de las grandes redes mientras que las travestis, trans y las mujeres cis ponen el cuerpo y caen presas. Son el último eslabón.

Un dictamen reciente de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°5, a cargo de Franco Picardi, llegó para quebrar el paradigma de perfilamiento, acoso policial, persecución judicial y criminalización contra el colectivo trans y travesti. Picardi, desde la perspectiva de género y poniendo el foco en el contexto y la realidad travesti/trans, planteó que no se las debía culpar, sino profundizar en la organización criminal que funciona detrás de ellas y se aprovecha de su condición vulnerable. Hoy, el juez federal Sebastián Casanello hizo lugar al pedido del fiscal y dictó la absolución de las cinco mujeres trans y ordenó la inmediata libertad de la única de ellas que estaba todavía detenida. Se trata de una resolución histórica que reconoce como sobrevivientes a las travestis y trans.

El fiscal traza un completo panorama del colectivo de mujeres trans en general, que a este caso se le suma la condición de migrantes provenientes de hogares pobres. A las acusadas las considera “sobrevivientes” ya que se ubican en un rango etario superior al de la expectativa de vida de las mujeres trans en la región, que es de 30 a 35 años

Picardi cita a la feminista e investigadora norteamericana Judith Butler para definir el enfoque de género: “Como un fenómeno variable y contextual, el género no designa a un ser sustantivo, sino a un punto de unión relativo entre conjuntos de relaciones culturales e históricas específicas”. También hace mención a los distintos informes producidos por las organizaciones y organismos locales; y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos(CIDH) . Para el funcionario, que tiene tarea impulsar la investigación el contexto y la dimensión construida del género autopercibido incidió en forma directa sobre la imputación, enfoque adoptado desde el comienzo de la investigación.

La causa tuvo su origen en una denuncia presentada en octubre de 2017 por la Dirección Autónoma de Narcocriminalidad de la Policía de la Ciudad, luego de que personal de la Comisaría 16 tomara conocimiento de la venta de estupefacientes a baja escala en el barrio porteño de Constitución. La Fiscalía Federal N°5 impulsó la acción penal haciendo eje en determinar si en las inmediaciones del lugar funcionaba algún tipo de organización criminal que se valiera de mujeres trans en situación de vulnerabilidad, a los fines de vender narcóticos en pequeñas cantidades. Se encontraron con que en el interior del hotel concretaba la comercialización de estupefacientes.

El dictamen de Picardi reclama que se profundice la investigación y que llegue a juicio el hombre que habría facilitado el lugar -el hotel donde oficiaba de encargado- para que se lleven a cabo las operaciones, que en todos los casos representaban cantidades pequeñas de droga, lo que se denomina narcomenudeo.

El representante del Ministerio Público Fiscal concluyó que las cinco mujeres trans imputadas se encontraban en situación de extrema vulnerabilidad, y que tales problemas sistémicos -carencias de posibilidades de inserción en el mercado laboral, de acceso a bienes culturales y económicos, a la salud y a una vivienda digna- implicaron una situación “reductora de la libertad” en un marco donde lo que se encuentra amenazada es la propia subsistencia. “Así, analizando el caso concreto, entiendo que razonablemente no se les podía exigir a las procesadas que padezcan el mal que las amenazaba”, afirmó Picardi al señalar la causal de inculpabilidad.

Esta historia es la excepción a la regla judicial y patriarcal. En todo América Latina y el Caribe las mujeres están siendo apresadas por delitos relacionados con drogas a un ritmo alarmante y el crecimiento del encierro supera, junto a Asia, al de cualquier otra región del planeta. Si bien es cierto que el número de hombres privados de la libertad es mayor, los niveles de encierro de mujeres están creciendo a una tasa más rápida. En esa vorágine entra el encarcelamiento de travestis y trans.

Esta historia es la excepción a la regla judicial y patriarcal. En todo América Latina y el Caribe las mujeres están siendo apresadas por delitos relacionados con drogas a un ritmo alarmante y el crecimiento del encierro supera, junto a Asia, al de cualquier otra región del planeta. Si bien es cierto que el número de hombres privados de la libertad es mayor, los niveles de encierro de mujeres están creciendo a una tasa más rápida. En esa vorágine entra el encarcelamiento de travestis y trans.

Todavía los informes y relevamientos internacionales siguen siendo binarios y no registran la categoría T para contar con estadísticas y conocer la magnitud de la problemática. El año pasado se creó una red a nivel América Latina que trabaja con personas LGBT en cárceles: Red Corpora en libertad.

Los números T

En Argentina, una travesti parada en la calle, subiendo o bajando de un auto, hablando con otras personas en el espacio público, es suficiente para que el denominado “olfato policial” se active y comience la persecución judicial. La presunción de inocencia desaparece cuando se trata de mujeres trans y travestis en la calle.  

Según cifras del Sistema Penitenciario Federal (SPF), hacia fines de diciembre del 2017 había 40 trans y travestis detenidas en el Complejo Penitenciario Federal IV de Ezeiza 5. El 68 por ciento fueron detenidas por delitos vinculados a la infracción a la ley que regula la tenencia y el tráfico de estupefacientes, la 23.737. De estas, el 85 por ciento se encuentra en calidad de procesada. Otro dato: más de la mitad de las  detenidas proviene de países latinoamericanos, la mayoría son peruanas. Una hipótesis: las trans y travestis migrantes muchas veces están condenadas de antemano.

Otra investigación, “Mujeres trans y travestis en conflicto con la ley penal”, realizada por la Dirección General de Políticas de Género del Ministerio Público Fiscal, ratifica que las mujeres trans privadas de la libertad en establecimientos del Servicio Penitenciario Federal están imputadas fundamentalmente por delitos relacionados con la ley de estupefacientes. Del análisis de expedientes judiciales se observa que en la mayor parte de los casos este colectivo constituye el último eslabón en la cadena de organización criminal”. Respecto a la situación procesal de las mujeres trans privadas de la libertad, el referido estudio expone que sólo el 22% cuenta con una condena firme, mientras que el resto se encuentra detenida en forma preventiva.

De esta investigación surge, además, que el 100% de las mujeres trans no posee cobertura de la seguridad social o medicina prepaga, ni posee bienes muebles o inmuebles. A su vez, el 85% ejercieron o ejercen el trabajo sexual. Otro dato relevante que refleja el estudio es que el 60% de las mujeres trans privadas de la libertad son extranjeras, en su mayoría latinoamericanas, con intersección de afrodescendientes y descendientes de indígenas.

La situación se replica en territorio bonaerense. OTRANS es una asociación civil que trabaja por la defensa y promoción de los derechos humanos de la comunidad trans en Argentina. En 2016 presentaron un habeas corpus preventivo, es decir, una acción que busca evitar las detenciones ilegales o cualquier otra modalidad de restricción ilegal. Tras esa acción judicial a Sala IV de la Cámara de Garantías de La Plata informó que el 91 por ciento de las mujeres trans y travestis bajo custodia del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) se encontraban para ese entonces privadas de la libertad por infracción a la ley 23.737. En el caso de las mujeres trans y travestis migrantes en el SPB, el 100 por ciento estaba presa por estupefacientes.

Si se observa solo la provincia de Buenos Aires, las mujeres trans y travestis están más representadas en las cárceles que fuera de ellas. Mientras que la población de mujeres trans y travestis representa el 0,022 por ciento de la población total de la provincia, son el 0,16 por ciento de la población privada de su libertad en el mismo territorio. Es decir, la proporción de mujeres trans y travestis es mayor dentro de la cárcel que fuera de ella. Los datos surgen de un informe de perfilamiento realizado por la organización OTRANS que cruzaron estadísticas del RENAPER, el Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires con las del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). Desde OTRANS apuntan a una doble discriminación: en Buenos Aires, ser mujer trans o travesti incrementa 28 veces más el riesgo de ir presa para una persona extranjera.

Según el Institute for Criminal Policy Research, la población carcelaria femenina total en el territorio latinoamericano ha aumentado en 51,6 por ciento entre el 2000 y el 2015, en comparación con un 20 por ciento para el caso de los varones. En Argentina, Brasil, Costa Rica y Perú, más del 60 por ciento de las presas están por delitos relacionados con drogas. La población de mujeres encarceladas por delitos de drogas aumentó 271 por ciento en Argentina entre 1989 y 2008, y 290 por ciento en Brasil entre 2005 y 2013. Los datos se desprenden del informe “Mujeres, políticas de drogas y encarcelamiento. Una guía para la reforma de políticas en América Latina y el Caribe”, de la organización de derechos humanos WOLA —Washington Office on Latin America—.

“No existe otro grupo poblacional que esté preso en su totalidad bajo la misma calificación. Esto da cuenta del uso excluyente de la ley 23.737 como método de criminalización”, advierte un informe presentado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) junto con un amplio colectivo de organizaciones de derechos humanos ante el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por su sigla en inglés).

En un país como Argentina, en el que la Ley de Identidad de Género fue la primera en no patologizar, el control de las identidades trans sigue vigente en la calle. La ley de drogas cumple la misma función discriminatoria que tenía los edictos policiales derogados. Los códigos contravencionales fueron modificados y ya no pueden penalizar el ser travesti, pero la infracción a la ley de drogas es la técnica que encontraron las fuerzas de seguridad en tándem con el Poder Judicial para disciplinar sus existencias.